Rogelio Gómez Hermosillo
La respuesta tajante es: no sabemos, pues no hay nuevos datos para 2024, mientras no se publique la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), ni el Banco Mundial ni el gobierno tienen nuevos datos.
La presidenta Sheinbaum dijo el viernes pasado (6/6/2025) que hay 11 millones de personas menos en pobreza en 2024 respecto a 2018, citando al Banco Mundial. Sin embargo, ni esa cifra ni la cifra mencionada en semanas previas de 9.5 millones provienen de nuevos datos, son a lo más un pronóstico con poco sustento.
La fuente citada es muy endeble y cuestionable: es una estimación dentro de un gráfico, incluido en un “brief” que en una página presenta el panorama macroeconómico de cada país (“overview”).
Además de este “gato por liebre”, hay varios “focos rojos” respecto a la medición de la pobreza y mucho más sobre las evaluaciones de programas y políticas sociales a raíz de la eliminación del Coneval. Las evaluaciones podrían quedar reducidas a su mínima expresión y ser sustituidas por “autoevaluaciones” a modo.
En este momento estamos en un “limbo legislativo”, pues hasta ahora el Congreso de la Unión no cumplió el plazo, que se venció el 20 de marzo, para aprobar la “legislación secundaria”. El periodo legislativo cerró el 30 de abril, pero fue hasta el 26 de mayo que el Ejecutivo envío un proyecto de reforma a la Cámara de Diputados.
El tiempo importa. La presidenta del Inegi ha alertado públicamente que sin legislación secundaria carece de marco normativo para realizar la medición. Lo que abre un escenario inédito: el 30 de julio se podría contar con los datos que son la fuente para procesar la medición, pero se podría carecer de marco jurídico para hacerlo.
Esperamos que este problema se resuelva convocando de imediato a un periodo extraordinario, que no puede demorar más si se quiere dotar al Inegi de condiciones mínimas para cumplir con la nueva encomienda.
El proyecto enviado por el Ejecutivo no modifica las normas y parámetros previos sobre la medición de la pobreza, pero abre esa posibilidad hacia el futuro, otorgando esa facultad al Inegi de manera unilateral.
El proyecto legislativo mantiene sin cambio por ahora la medición multidimensional considerando la dimensión de ingreso y las seis carencias sociales, la periodicidad bianual para contar con datos nacionales y estatales, la periodicidad cada cinco años para datos municipales. También ordena mantener la comparabilidad de los datos, en caso de hacer cambios. Esto es esencial porque si se cambia la “vara para medir”, aunque la realidad no cambie, se puede modificar la percepción.
De cara a todo lo que implica la desaparición del Coneval y pensando no solo en lo inmediato sino en la importancia de la evaluación de las políticas y programas sociales, que usan una parte importante de los recursos de todos, desde la sociedad civil, diversas organizaciones especializadas y entidades académicas hemos acordado actuar de manera coordinada.
En particular, vemos necesario: a) dialogar con el Inegi para apoyarle a cumplir con su nueva función; b) exigir que la medición de la pobreza mantenga los estándares técnicos que le han dado credibilidad, en especial vigilar que los datos sean comparables; y c) en caso necesario, cubrir las insuficiencias de información o alertar a la sociedad en caso de encontrar inconsistencias o cifras que carezcan de sustento suficiente.
Concretamente, para la medición de la pobreza 2024, el acuerdo es procesar los datos, aplicando rigurosamente la metodología usada por Coneval en mediciones previas, para validad o contrastar lo que informe el Inegi, o incluso para difundirlos en caso de que no lo haga a tiempo, por ejemplo por carecer de marco normativo.
La reforma constitucional eliminó un importante factor de credibilidad y transparencia sobre los datos de pobreza: el consejo académico del Coneval que le daba autonomía técnica y avalaba la medición. Costó mucho lograr una métrica común, aceptada por todos los actores, no podemos permitir que se pierda ese avance.
Por ahora, insisto en que no hay que dejar pasar como algo trivial que se usen pronósticos estimados sin sustento en lugar de datos duros y oficiales sobre pobreza. Tampoco es aceptable permitir que instancias gubernamentales ejerzan atribuciones que no tienen, como lo hizo Conasami al difundir la “pobreza laboral”, actuando como juez, parte y “porra”, ante la ausencia de Coneval.
Expansión Política