Julio Pilotzi
La reforma laboral que se discute en México representa un paso importante y necesario para modernizar el marco legal en el que operan las plataformas digitales y sus repartidores. Esta iniciativa busca integrar a los trabajadores de aplicaciones como Rappi, Uber Eats y otras en esquemas de protección social que les garanticen seguridad social, acceso a prestaciones y derechos laborales, todo ello sin perder la flexibilidad que caracteriza a este tipo de empleo. El objetivo es claro: construir un modelo más justo, inclusivo y sostenible, que respete la naturaleza del trabajo en plataformas y mejore las condiciones de quienes todos los días salen a las calles a generar ingresos. Sin embargo, resulta inaceptable que algunos repartidores hayan recurrido hoy, 18 de junio, a bloqueos y manifestaciones desmedidas que generaron caos y afectaron gravemente la movilidad en la Ciudad de México.
Estas acciones irresponsables no solo perjudicaron a miles de ciudadanos que quedaron atrapados en el tráfico, sino que también minaron el espíritu de diálogo y construcción que debe guiar un tema tan relevante como este. En lugar de sumar a la conversación y buscar soluciones a través de los canales institucionales, optaron por la confrontación y el desorden, lo que lejos de fortalecer su causa, debilita la legitimidad de sus reclamos ante la sociedad. Ya hemos hablado de esto, pero vale la pena insistir en los señalamientos hacia estos representantes de repartidores, porque mientras algunos valoran el esfuerzo del grupo por preservar su autonomía y proteger sus ingresos, otros apuntan a la necesidad de avanzar hacia un marco regulatorio más robusto que ofrezca mayor seguridad social. En este contexto, el equilibrio entre libertad económica y derechos laborales será clave para definir el futuro de los repartidores en México.
Los Repartidores Unidos de México (RUM) no hablan sobre los señalamientos por su postura y acciones en torno a la regulación laboral de los trabajadores de plataformas digitales. Aunque su esfuerzo por defender los derechos de los repartidores es legítimo, se cuestionan ciertos aspectos de su posición y representación. El RUM no representa a la totalidad de los trabajadores de reparto, ya que muchas voces dentro del sector no comparten sus posturas o se sienten excluidas del diálogo. Esto ha llevado a dudas sobre la legitimidad de sus acuerdos con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y otras autoridades.
Absolutamente todos los que trabajen para una plataforma deben estar regulados, supervisados y cumplir con sus obligaciones fiscales. Evitar nuevos esquemas fiscales no necesariamente es equivocado, siempre y cuando eso se refleje en las prestaciones que por derecho tendrían que tener. Argumentar que la autonomía económica justifica la ausencia de contribuciones al IMSS o al sistema fiscal puede interpretarse como una forma de perpetuar la precarización del trabajo en plataformas. De hecho, hay sospechas de que algunos de sus voceros parecen más preocupados por defender los intereses de las empresas tecnológicas que por los derechos básicos de los repartidores, priorizando la flexibilidad laboral sin exigir firmemente beneficios como cobertura médica, vacaciones pagadas o seguro por riesgos de trabajo. Esto ha generado la percepción de que el RUM podría estar más alineado con los intereses empresariales que con los de los propios repartidores.
Pero el problema va mucho más allá. Estos grupos tampoco hablan de profesionalizarse, de comprometerse a capacitar a sus miembros o de fomentar la responsabilidad en su actividad. Cada día los repartidores son noticia por verse involucrados en accidentes de tránsito, donde en un alto porcentaje resultan ser los responsables y en muchos casos huyen del lugar del incidente, movidos por la irresponsabilidad y la falta de un seguro para sus vehículos. Además, se han convertido en un problema creciente afuera de centros comerciales y en calles principales, al estacionarse en banquetas o invadir carriles de circulación. A esto se suma la actitud agresiva de algunos, cuyo comportamiento es lamentable y que deberían ser los primeros en fomentar la cultura vial y exponer a los que son denunciados para que no queden impunes. En este desorden también son responsables las principales plataformas como Didi, Uber y Rappi, que deben asumir su papel en garantizar un servicio que no sólo sea eficiente, sino respetuoso de la ley y de la ciudadanía. El momento está sobre la mesa, construir un marco legal que verdaderamente represente un beneficio para quienes hacen posible cada entrega.
El camino es el diálogo y la responsabilidad, no el caos ni el desorden.
Voz en Off
El fabricante de neumáticos de capital chino-mexicano, Aztema, inauguró una planta en Irapuato, Guanajuato, tras una inversión de 400 millones de dólares. En esta nueva instalación se planea producir seis millones de llantas al año, destinadas tanto al mercado nacional como al internacional. Esta inversión contribuye a fortalecer al sector llantero como un pilar estratégico de la industria automotriz, impulsando la integración de proveedores locales y el desarrollo económico del país.
Reporte Índigo