Yvonne Reyes
La Cámara de Diputados aprobó de manera exprés la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como la Ley General de Población, en materia de fortalecimiento de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas.
La minuta no fue turnada a comisiones legislativas, sino que del Senado se llevó directamente y con dispensa de trámites al pleno de San Lázaro para su votación y de inmediato se turnó a la titular del Ejecutivo para su promulgación en el Diario Oficial de la Federación.
Se crea la Clave Única de Registro de Población como la fuente única de identidad de las personas que se encuentren de manera regular en el país y tendrá huellas dactilares y fotografía, será un documento de identificación obligatorio, de aceptación universal y estará disponible en formato física y digital.
Precisa que la Secretaría de Gobernación integrará datos biométricos de las personas en la CURP ya con estos datos, el documento se vinculará con el Registro del Sistema Nacional de Salud…
También se crea una Plataforma Única de Identidad, así como una base nacional de carpetas de investigación, que integrarán información de registros públicos y privados, incluyendo datos biométricos para fortalecer la capacidad estatal de búsqueda e identificación.
Asimismo, se establece la activación inmediata de una alerta para la búsqueda, localización e identificación al momento de conocerse una desaparición, así como la obligación de que todas las Fiscalías cuenten con unidades especializadas en desaparición, delitos cibernéticos, análisis de contexto y atención a víctimas.
Se prevén mecanismos de coordinación con el Instituto Nacional Electoral (INE) y otras entidades públicas y privadas para el acceso de información clave, así como nuevas sanciones para particulares que obstaculicen la entrega de datos.
Se establece que toda autoridad y particular de cualquier naturaleza que tenga a su cargo datos biométricos o cualquier otro dato identificativo de personas, deberá permitir a las Fiscalías, la consulta inmediata de la información sobre personas desaparecidas o no localizadas contenida en sus registros, bases de datos o sistemas de información, exclusivamente para su búsqueda, localización, identificación en coordinación con la investigación.
Aunque el PAN voto a favor, el diputado Víctor Adrián Martínez Terrazas, expresó la postura en contra de su bancada en contra de la Clave Única de Registro de Población desde el nacimiento, sin mecanismos eficaces que garanticen la protección de los datos de la niñas, niños y adolescentes, violentando el principio de interés superior de la niñez.
“También deja fuera urgentes medidas de protección, necesarias para los colectivos, 27 personas buscadoras han sido asesinadas desde el 2010 y, sobre todo, dejan fuera los recursos para la protección de las madres buscadoras y de estos colectivos, porque dejan fuera a quien está haciendo el trabajo que el gobierno tendría que estar haciendo desde hace muchos, pero muchos años.
La priista Nadia Navarro criticó que en este dictamen no se haya tomado en cuenta la opinión de los colectivos.
“Lamentablemente, la simulación pesa más que el deber y la obligación. El dictamen que hoy discutimos pretende construir una narrativa falaz y tramposa, no protege a las víctimas, ni garantiza el derecho a la búsqueda, prioriza el control buscando someter y contener a la ciudadanía, parte de un enfoque de represión y no de la necesidad de garantizar la seguridad y el bienestar de todos.
Yo les pregunto, ¿en qué medida la CURP biométrica le devuelve un hijo a una madre buscadora? ¿En qué medida la nueva Plataforma Única de Identidad permitirá que las personas desaparecidas sean identificadas?
Ana Erika Santana González, del Partido Verde Ecologista, a punto del llanto, dijo que ella fue buscadora y activista en derechos humano por la desaparición de un familiar desde 2007
“De acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda, más de 115 mil personas han sido reportadas como desaparecidas o no localizadas en México y aunque el fenómeno no es reciente, más del 90 % de estos casos se han registrado a partir de 2006, en el caso de mi familia a partir de 2007, lo que evidencia la gravedad y el crecimiento sostenido de esta crisis.
“Estas, señoras, señores, no son cifras. Estamos hablando de personas. Son hijas, hijos, padres, hermanas, hermanos, jóvenes cuya vida ha quedado suspendida, la vida de su familia también. En el caso de mi familia 10 mil 640 días en suspenso”, expresó.