Christian García Muñoz
El robo de combustible inició como una actividad en la que se buscaba el beneficio personal de ciertos grupos, principalmente en comunidades rurales del país, donde no había una vigilancia permanente y eso permitía el libre paso hacia los ductos a través de los que se transporta el combustible.
Pero este delito pasó de ser una “punción” para extraer algunos litros de combustible, a una “ordeña” estructurada y sistematizada en la que participa un grupo de organizaciones delictivas con presencia en todo el país. Se han evidenciado los vínculos que estos grupos establecen con gasolineras e incluso autoridades policiacas.
En ese contexto, además de la labor de investigación y despliegue operativo de las autoridades, se encuentra un factor que golpea directamente a Petróleos Mexicanos (Pemex). Se trata del quebranto económico por este delito.
La empresa dio a conocer, a través de una solicitud de transparencia de Reporte Indigo, que en el periodo de mayo de 2024 a mayo de 2025, se presentaron 5 mil 128 denuncias por robo de combustible, tomando en cuenta que una denuncia puede estar integrada por una o más tomas clandestinas.
El documento destaca que en los Sistemas Jurídicos Institucionales de la Dirección Jurídica se registran las denuncias presentadas por el delito de robo de hidrocarburo en su modalidad de toma clandestina, más no el registro de casos de robo de combustible conocido como huachicoleo.
De igual manera se registra la cantidad de quebranto ocasionado por dicho delito y no a cuánto ascienden las pérdidas por robo de combustible. Sin embargo, es sabido que las tomas clandestinas son, por lo general, el inicio de un nuevo caso de huachicoleo.
Ductos perforados y pérdida de combustible
La Subdirección de Salvaguardia Estratégica, Seguridad Física e Industrial de Pemex remitió a este medio los archivos que enlistan las tomas clandestinas de 2024 y hasta abril de 2025 a nivel nacional desglosadas por estado.
Tan sólo en 2024, se tiene el registro de 11 mil 774 tomas clandestinas detectadas y en el periodo de enero a abril de 2025, Pemex informa que se hallaron 3 mil 699 más. Hidalgo, Jalisco, Guanajuato, Tamaulipas y Querétaro son los estados que encabezan la lista.
El quebranto ocasionado por las tomas clandestinas asciende a 946 millones 234 mil 302 pesos, durante el periodo de tiempo mencionado. Entre los estados que se encuentran en esta lista destaca Baja California, en donde se tiene el registro de 308 denuncias, 596 tomas clandestinas y una afectación económica de 668 millones 259 mil 182 pesos. Estas cifras corresponden a las zonas de robo de combustible que han sido detectadas, sin contabilizar todas aquellas que siguen funcionando actualmente.
Reporte Indigo también cuestionó, a través de la solicitud de información, sobre el número de bajas de trabajadores ocasionadas por accidentes relacionados con el robo de combustible, a lo que las subdirecciones de Transporte y de Tratamiento y Logística Primaria señalan que una vez consultada dicha información y efectuada una búsqueda exhaustiva en la totalidad de los archivo y sistemas correspondientes, no se tiene registro de tales hechos en ningún lugar del país.
Información clasificada sobre personal de Pemex
La Unidad de Transparencia de Pemex ha determinado clasificar como reservada, por cinco años, la información sobre el número de trabajadores destinado específicamente al resguardo de ductos y transporte de combustible para evitar el robo.
Tras la solicitud de información que realizó este medio, la Subdirección de Salvaguardia Estratégica requirió al Comité de Transparencia la reserva parcial de la información relacionada con la solicitud realizada, a través del oficio DCAS-SSE-UCT-599-2025, marcando como fecha de la clasificación el 26 de mayo de 2025, durante un periodo de cinco años.
La dependencia señala que, de proporcionarse la información mencionada, se causaría un serio perjuicio en cuanto a las acciones de seguridad en las instalaciones estratégicas de Pemex implementadas para prevenir, inhibir y combatir el robo de hidrocarburos, así como la integridad del personal que desarrolla las funciones operativas.
Además que se estaría dejando en un estado de vulnerabilidad al quedar al descubierto el estado de fuerza del personal operativo, lo que debilitaría el diseño de la estrategia de protección, seguridad y la operatividad empleada para salvaguardar las instalaciones estratégicas.
Lo anterior, debido a los más recientes operativos instrumentados para desmantelar bandas dedicadas al robo de combustible. Sin embargo, desde 2019 se dio a conocer un aumento en las contrataciones de personal de seguridad y resguardo pertenecientes a Pemex, además del apoyo de elementos de la Policía Federal, luego Guardia Nacional, así como de la Defensa y Marina.
El documento señala: “esta información se debe considerar como reservada, pues su difusión pone en riesgo la integridad física e incluso la vida del personal operativo adscrito a los Departamentos de Zona, quienes realizan acciones de vigilancia y patrullaje a los derechos de vía e instalaciones estratégicas de Petróleos Mexicanos, misma que guarda relación con las estrategias implementadas para combatir el robo de hidrocarburos”.
La empresa reconoce que en los últimos años, esta actividad delictiva se ha convertido en una de las principales fuentes de ingreso de las organizaciones criminales, principalmente a través de la ordeña clandestina de ductos de Pemex, “lo que ha generado pérdidas económicas a esta empresa pública”.
Rehabilitar resulta costoso
En aproximadamente 15 años, el robo de combustible se convirtió en uno de los negocios ilegales más rentables para los grupos delictivos. Las pérdidas para Pemex no se reducen a la sustracción del combustible, que representa un alto porcentaje del quebranto económico que registra, sino también la reparación de tuberías y la rehabilitación de redes enteras de traslado de combustible.
Algo para lo que no hay cifras certeras es para calcular cuánto cuesta la detención del servicio de distribución de hidrocarburo y tampoco para la pérdida en el mercado, sin embargo, se estima que sea millonaria.
Las cifras reveladas por Pemex a través de la solicitud de transparencia mencionada, corresponden únicamente al quebranto por el combustible robado. Existe otro criterio que es el costo de rehabilitar los ductos que son perforados para poder obtener el hidrocarburo. Esa inversión es considerada también una pérdida.
El documento señala las pérdidas no operativas de los ductos permisionados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) del periodo comprendido del 01 de marzo de 2024 al 28 de febrero de 2025, de acuerdo a la Subdirección de Regulación, Medición, Calidad, Balances y Soporte Operativo de la Dirección de Logística y Salvaguardia Estratégica.
Las Pérdidas No Operativas en un sistema de transporte por ducto consisten en la extracción de un determinado volumen de producto de dicho sistema, sin la autorización previa del usuario del servicio de transporte ni del transportista.
Estos montos se consideran información que forma parte del insumo que se remite a la Gerencia Jurídico Penal para que, en el ámbito de sus atribuciones, elaboren las denuncias de hechos que consideren pertinentes. Las acciones legales emprendidas pretenden lograr un precedente en el combate a este delito que ha crecido exponencialmente en los últimos años.
La Ley Federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos señala en su Artículo 23 que “la información o datos sobre el funcionamiento de las operaciones, instalaciones, actividades, movimientos del personal o vehículos de asignatarios, contratistas o permisionarios que se vinculen con las actividades previstas en el párrafo séptimo del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, será considerada información de Seguridad Nacional en términos de la Ley en la materia. Lo anterior, sin perjuicio de las obligaciones establecidas en la legislación aplicable en materia de transparencia y acceso a la información pública”.
En ese sentido, existen datos que la empresa pública no puede revelar, pero que forman parte de los registros que se llevan en torno a los casos de tomas clandestinas y huachicoleo.
Van contra ‘huachicoleros’
El Gobierno federal, desde la administración pasada, cuando el robo de combustible alcanzó un nivel de alarma en 2019, dispuso de una estrategia de seguridad y vigilancia en el transporte de combustible por parte del personal de Pemex, así como en estaciones importantes en donde se estaba detectando este problema.
Como parte de esa estrategia contra el huachicoleo, a pocos meses de la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, elementos de la Defensa y la Marina asumieron la seguridad de las refinerías de Salamanca, Guanajuato; Ciudad Madero, Tamaulipas; Salina Cruz, Oaxaca; Minatitlán, Veracruz, y Cadereyta, Nuevo León. Además de centros de almacenamiento de Pemex que también se localizan en el Estado de México y Querétaro.
Aunado a lo anterior, elementos de Policía Federal (ahora desaparecida) y Ejército empezaron a vigilar el traslado masivo de pipas de Pemex desde Veracruz hasta estados del centro y occidente.
Fue en 2010 cuando los niveles de inseguridad e incidencia delictiva aumentaron, en gran medida, por la llamada “lucha contra el narcotráfico”. La estrategia de seguridad durante ese sexenio dio a pie al origen de nuevos delitos con los que grupos criminales mantenían su poderío.
El huachicol no solo afecta las finanzas de Pemex, también impulsa la comisión de otros delitos como homicidios, desapariciones, extorsiones, reclutamiento forzado y lavado de dinero. Desde que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos puso en su lista de prioridades este delito, las acciones gubernamentales en contra de las bandas dedicadas al huachicoleo se han intensificado.
Recientes operativos coordinados entre la Defensa, Secretaría de Marina, Guardia Nacional y personal de Pemex, han dado como resultado el aseguramiento de millones de litros de combustible robado.
Entre los golpes recientes del gabinete de seguridad están la localización de la minirrefinería de Coatzacoalcos, Veracruz. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo en su momento que se está investigando la probable participación de funcionarios públicos.
Provocan tragedias
El robo de combustible ha dejado episodios trágicos, por la falta de medidas de seguridad de quienes se dedican a esa actividad ilegal. La más grave sucedió en Tlahuelilpan, Hidalgo, el 18 de enero de 2019 donde una explosión en una toma clandestina causó la muerte de al menos 137 personas, la mayoría de ellas calcinadas.
La más reciente ocurrió también en Hidalgo, el pasado 2 de junio en la comunidad de Ulapa, municipio de Tetepango, en donde se registró una explosión cuando un grupo de personas manipulaba combustible de forma ilegal. En el sitio murieron dos personas y al menos 10 más resultaron lesionadas.
Otras explosiones y tragedias relacionadas con el huachicol también han ocurrido en estados como Puebla y Veracruz, en cuya frontera opera un grupo de huachicoleros liderado Roberto De los Santos, “El Bukanas”, desde 2017.