Salvador Guerrero Chiprés
Hace ocho años, el ahora senador panista Ricardo Anaya, tenía clara la noción de espionaje.
Principal crítico de una ley a partir de la cual se podrá organizar mejor el combate a la delincuencia y el acceso para política pública de la misma información, probabilidad por cierto usufructuada actualmente por plataformas globales, el INE y bancos, tenía certeza de dónde provenía el intento de espionaje. Era en su contra.
En 2016 había recibido un mensaje de texto en su celular con una liga para descargar el malware Pegasus. “Que el gobierno espíe, invadiendo la intimidad de las personas en esta magnitud, es absolutamente inaceptable”, dijo un año después del espionaje que atribuyó a la administración del entonces presidente, el priista Enrique Peña Nieto, último mandatario del partido con el cual el PAN de Anaya se asoció para combatir infructuosamente al obradorismo después del cambio de régimen en diciembre del 2018.
¿Cuál espionaje? ¿La información potencial para agilizar las investigaciones ante delitos cada vez más sofisticados o la derivada del uso de uno de los programas más intrusivos de la historia?
La Ley avalada por el Senado otorga a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana amplias facultades para acceder a datos personales, fiscales, biométricos y de geolocalización para perseguir delitos y prevenir la criminalidad. Con limitantes: el artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales exige la autorización judicial. Ciertamente, ahora será suficiente una petición del Ministerio Público.
Desde su mañanera, la Presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó a la crítica con una enfática aclaración: “no hay espionaje, no hay geolocalización de las personas a menos que un juez lo determine”. La legislación busca terminar con la discrecionalidad e institucionalizar un sistema de investigación articulador de bases de datos ya existentes. El debate apenas inicia y será crucial en su evolución la garantía para la protección de datos personales en una época sin INAI, pero con vigencia de la normatividad correspondiente.
Desde la Ciudad de México, el gobierno de Clara Brugada también ha fortalecido el uso de la tecnología para ampliar derechos. La integración de cámaras de videovigilancia, botones de auxilio, sistemas de geolocalización y plataformas de respuesta inmediata contribuyen a la construcción de la seguridad. Al mismo tiempo, planteamos en el C5 el equilibrio entre la norma de la privacidad y aquella que es base de la seguridad.
La narrativa opositora se enfrenta ahora a su propia historia. Pegasus fue símbolo de espionaje ilegal al intervenir celulares sin control judicial. El software malicioso, desarrollado por la empresa israelí NSO Group y KBH, se infiltraba en dispositivos móviles. Al dar clic, se extrajo información de llamadas, correos, ubicaciones. Activaba incluso micrófonos y cámaras en tiempo real.
Con Peña Nieto, diversas dependencias federales lo adquirieron a través de intermediarios privados, como Grupo KBH, cuyo dueño Uri Ansbacher enfrenta en Israel un litigio con Avishai Neriah, por inversiones realizadas en una “personalidad” para obtener “lucrativos contratos”, entre ellos la venta de Pegasus mediante la supuesta entrega a “N”, pseudónimo de EPN, de 25 millones de dólares. Lo niega el exmandatario.
El discurso opositor omite la distopía orwelliana creada por ellos entre 2012 y 2018 con el espionaje a periodistas, activistas, defensores de derechos humanos, políticos opositores de entonces, entre ellos la ahora Presidenta Sheinbaum en 2017, cuando Morena realizaba la encuesta para definir su candidatura para el Gobierno de la capital.
El artículo 16 constitucional establece los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición), para conocer quién dispone de la información, para qué y, de estar en desacuerdo, demandar la anulación.
El espionaje comprobado estuvo con Pegasus. El compromiso ahora debe ser garantizar la protección de los datos personales.