Salvador Guerrero Chiprés
Contradicción desafiante: en una ciudad pionera en políticas públicas de inclusión, abrazadoras de la diversidad, se revelan expresiones xenófobas y discriminatorias aun cuando forman parte del reclamo legítimo contra la gentrificación, uno de los desafíos globales de las grandes urbes.
De principio hay que dejarlo claro respecto de las marchas y los excesos racistas presenciados recientemente en la capital nacional: del primer caso, no debe permitirse el daño a las personas ni a sus propiedades; en el segundo, la violencia contra la dignidad de las personas, sean autoridades policiales o no, tampoco puede quedar impune. Ni ladys racistas ni xenófobos violentadores.
El odio no puede disfrazarse de justicia, a riesgo de convertir la protesta en linchamiento simbólico. Mensajes como “kill a gringo”, “gringo go home” o “pay taxes learn spanish” implican una carga discriminatoria rechazable en una ciudad promotora del respeto a la democracia y la diversidad. De otro lado el proceso de gentrificación no es ilegal aun cuando existen riesgos socioeconómicos y de seguridad.
La gentrificación implica el desplazamiento silencioso de poblaciones vulnerables, la mercantilización de espacios comunes y pérdida del tejido social. También mejora barrios enteros en ciertas condiciones. Definir los límites de las virtudes es útil para entender problemas.
Clara Brugada, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, delineó con precisión política inicial la forma y fondo de la manifestación en las colonias Roma, Juárez, Condesa e Hipódromo: “Defendemos el derecho a la ciudad para quienes aquí nacieron y para quienes aquí la han hecho su hogar [pero] rechazamos cualquier tipo de violencia en las manifestaciones y las actitudes xenofóbicas contra ciertos grupos”.
Posicionamiento convergente con la firmeza del mensaje de la Presidenta Claudia Sheinbaum. “No al racismo, no al clasismo, no a la xenofobia, no al machismo, cero discriminación”, dijo ayer en su mañanera.
Las y los ciudadanos extranjeros no inventaron la desigualdad inmobiliaria ni redactaron las reglas del libre mercado que permiten a un propietario triplicar el alquiler. La indignación, aunque legítima, se deteriora cuando escoge como blanco a las personas y desatiende la comprensiva acción sobre las estructuras.
Los derechos humanos —como lo establece el Artículo 1 de la Constitución de la CDMX— reconocen a todas las personas sin distinción alguna. Criminalizar al otro por su nacionalidad vulnera esa base mínima de convivencia. El artículo 206 del Código Penal de la CdMx sanciona los actos de discriminación hasta con tres años de prisión.
Xenofobia y racismo son formas del pensamiento autoritario —de las cuales la historia mundial revela cruentos ejemplos provocadores de genocidios como la Alemania nazi o la persecución a los tutsis de Ruanda—; la democracia, en cambio, exige complejidad, reconocimiento, empatía, búsqueda de soluciones estructurales, como la redensificación sin desplazar a los habitantes originales o políticas sociales para el acceso de jóvenes a la vivienda.
Históricamente, la Ciudad de México se ha definido como un refugio de libertades, donde se busca proteger el derecho a manifestarse sin permitir que este se utilice como instrumento de odio.