Aldo Canedo
La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a más de dos mil 300 funcionarios de la propia institución por su presunta responsabilidad diversos delitos como permitir la fuga de posibles delincuentes, abuso de autoridad, tortura, alteraciones en dictámenes periciales.
La Fiscalía Especializada de Asuntos Internos (FEAI) de la FGR dio trámite a mil 476 vistas penales entre 2019 y mayo de 2025, en las que se encuentran involucrados dos mil 378 servidores públicos, entre agentes del ministerio público, policías federales ministeriales, fiscales en jefe, delegados, peritos, y funcionarios administrativos.
Según la FGR una vista se refiere a los documentos que se generan como producto de las visitas o de los expedientes de investigación, cuando en dichos procesos se detectan irregularidades de los servidores públicos sujetos de la fiscalización de la FEAI, es decir, acciones u omisiones que pueden generar una responsabilidad de carácter administrativo o penal.
En caso de que la falta sea grave, apunta la FEAI, la sanción puede llegar hasta la destitución. No obstante, la dependencia no tiene registros públicos sobre las sanciones impuestas derivado de las vistas tramitadas.
En los primeros dos meses de este año, de acuerdo con reportes de FEAI, únicamente se han judicializado 10 carpetas de investigación por conductas penales de servidores públicos que lo ameriten. Esto a pesar de que durante este periodo han elaborado 61 vistas penales.
Dichas vistas, explica la FGR, son detectadas mediante la práctica de evaluaciones técnico-jurídicas y visitas de supervisión e inspección realizadas por parte del personal de la FEAI.
La situación ha afectado, entre otros entes, a los abogados penalistas, quienes junto a sus representados resienten las omisiones o faltas de ministerios públicos, por citar un ejemplo.
Las vistas son detectadas mediante evaluaciones técnico-jurídicas y visitas de supervisión realizadas por la FEAI
Owen Landeros, abogado penalista, apunta que las faltas de servidores de la FGR “definitivamente son una práctica, no me gustaría decir común, pero sí constante”. Dijo que también se debe un poco a la debilidad que existe en el sistema de justicia penal actual en donde parece ser que hay una carga bastante considerable a favor del Ministerio Público como la persona que tiene la exclusividad para darle forma, inicio y conclusión a las investigaciones.
En entrevista con El Sol de México, Landeros señala que se debería trabajar en la desincentivación o disminución de las facultades que actualmente tiene el Ministerio Público y buscar contar con mecanismos más eficaces para lograr que haga su trabajo y no sea arbitrario.
Asimismo, el litigante indica que la afectación por faltas de servidores públicos de este tipo no solo impacta en las víctimas, sino también en las personas investigadas por la comisión de posibles delitos.
“Lo digo de una forma equilibrada, tanto la persona ofendida posiblemente y la persona que pudiera tener responsabilidad de naturaleza penal. Yo creo que la falta de profesionalismo y de respeto al Código Nacional de Procedimientos Penales sí tiene obviamente un impacto en la calidad de la justicia”, explicó el abogado.
Según los datos analizados por este periódico, la falta penal más común por la que se han generado vistas en la FEAI es la omisión de prácticas de diligencias necesarias; es decir, cuando un ministerio público no lleva a cabo las actuaciones indispensables para esclarecer un delito.
La falta de profesionalismo y de respeto al Código Nacional de Procedimientos Penales sí tiene un impacto en la calidad de la justicia
Las deficiencias en investigaciones fueron una de las principales críticas al sistema judicial en México, pues aunque se reformó todo el Poder Judicial de la Federación en octubre de 2024, la procuración de justicia (tema que compete a fiscalías y ministerios públicos) no tuvo modificaciones.
Al respecto, Yadira García, investigadora en temas de derecho y anticorrupción considera que la procuración de justicia en México tiene muchas áreas de oportunidad “Hay cosas que tenemos que corregir (…) parte de los pendientes o de las cosas que se han intentado atacar a raíz de esta reforma son los problemas de corrupción y para esto considero que es necesario que se vigilen los procedimientos que se llevan a cabo”, detalla García.
De acuerdo con la investigadora, es necesario “acuerpar y fortalecer” a las y los operadores de procuración de justicia “para que puedan hacer sus labores de la manera más imparcial y objetiva posible”.