Ernesto Hernández Norzagaray
Las estampas y gritos con tintes xenofóbicos quedaron en muros y en la atmósfera del Foro Lindbergh de la Ciudad de México con las proclamas con reminiscencias coloniales: ¡Fuera gringos!, Gringos, ¡go home!
Y por esa manifestación que fue acompañada contra negocios variopintos de colonias clasemedieras se empieza a visibilizar un problema que estaba ahí latiendo y creciendo sostenidamente en la llamada postpandemia.
Este problema lo identificó muy bien la socióloga inglesa Ruth Glass en 1964 cuando estudió el proceso de desplazamiento de la clase trabajadora de los barrios céntricos de Londres y vino con ello, el subsecuente proceso de capitalización de esos espacios residenciales, como cualquier otra mercancía que no sabe, ni quiere saber de raíces, necesidades, historias, barrios, comunidades, identidades, familias, tradiciones, solidaridad, fiestas, afectos, recuerdos salvo que reditúe en mayores ganancias.
Este fenómeno global ha provocado en las últimas décadas diversos movimientos contestatarios en grandes ciudades de los cinco continentes.
En Nueva York, por ejemplo, ha habido manifestaciones en los barrios de Brooklyn, Harlem y Lower East Side, y han surgido movimientos organizados como el “Right to the City NYC”, “Anti Gentrification Project” o el “Crown Heights Tenants Union”; también hay manifestaciones en Berlín en los barrios de Kreuzberg y Neukolin, producto de la acción de los movimientos “Deutsche Wohnen & Co. Entenignen” y “Bizim Kiez”; en Seúl igual, los barrios más afectados son los de Ikseon-dong y Haebangchon y la protesta la han encabezado redes vecinales y ONG´s; en tanto, en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, las protestas ocurren en los barrios de Woodstock y Bo-Kaap provocando el movimiento social “Reclaim the City”.
Vamos, también está el movimiento Okupa que se manifiesta en las grandes ciudades europeas y estadounidenses que tiene como objetivo ocupar edificios abandonados para convertirlos en vivienda especialmente para jóvenes que no pueden pagar una renta de vivienda. Paul Auster, el escritor neoyorquino ya fallecido, en su novela Leviatán habla del tema a través de un grupo de jóvenes artistas y bohemios que en los setenta ocupan una casa abandonada en NY.
Y, por supuesto, están las manifestaciones de la Ciudad de México que en los últimos años han provocado protestas en las colonias Roma, Condesa, Juárez y Centro Histórico impulsados por los agrupamientos: “Vecinos Unidos de la Roma-Condesa” y “CDMEX no se vende” e igual en otras ciudades que tienen el mismo problema sin tanta visibilidad mediática.
Y si bien, la mayoría de estos movimientos anti-gentrificación han sido contra las empresas que capitalizan los barrios y los extranjeros recién llegados, aunque también, hay que decirlo, existen mexicanos que compran y que en esa lógica desplazan a sus moradores a zonas precarias de servicios públicos e inseguras.
Vamos es un problema más complejo porque no sólo es un asunto de venta de mercancías donde unos venden y otros compran, sino que, en ellos, frecuentemente se articulan intereses políticos y hasta criminales.
Se ha sabido que empresas inmobiliarias en su lógica comercial identifican zonas con “futuro” y actúan, con buenas o malas artes, sobre las propiedades, con poco o mucho dinero, y frecuentemente lo logran, con el auxilio de gobiernos de cualquier signo político que ven en ellos un mejoramiento de las finanzas públicas y hasta personales a través de permisos de construcción en áreas donde no se garantizan los servicios públicos.
Y frecuentemente los funcionarios se hacen de la vista gorda mientras las construcciones se multiplican impunemente sin una correspondencia en servicios públicos.
En nuestros centros turísticos de playa e históricos, por ejemplo, vemos cómo se transforma la imagen urbana con las torres de departamentos que se multiplican sin considerar los planes reguladores del desarrollo urbano y eso, en condiciones normales, encarece exponencialmente el costo de las propiedades y viceversa, en condiciones adversas, con la ola de violencia, suelen reventarse las burbujas inmobiliarias.
Y es que en muchos de ellos hay lavado de dinero sea porque el hijo de vecino hace negocios ilegales que le dejan ganancias en contado y busca cómo capitalizarlo a través de la compra de propiedades -aunque algunos especialistas aseguran que es la peor forma de capitalizar- o, porque una empresa criminal lava dinero provocando un efecto inflacionario en los inmuebles de manera que conviven la “ciudad del lavado” y la “ciudad real” con sus zonas marginales.
Este fenómeno silencioso algunos observadores ya lo llaman “narco-gentrificación” y sin saberlo podría el enemigo ser de los grupos anti que en estos casos conlleva riesgos por el factor violento.
Incluso, se podrá decir que esa mezcla de intereses ya existe en la Ciudad de México y no ha pasado nada, pues se asume como parte de la problemática de una megalópolis y sólo sorprende que las protestas vayan dirigidas contra los “gringos” home office cuando en una ciudad de esas dimensiones podrían existir trabajadores nómadas y remotos de cualquier lugar del mundo incluso nacionales.
Y es cuando existen dudas sobre la legitimidad de la protesta anti-gentrificación porque se inscribe en el polígono de las tensiones que existen entre el Gobierno de México y de Estados Unidos.
Quizá, en ello hay la idea equivocada de que atizando el antiamericanismo se podría inclinar la balanza política a favor de nuestro país, lo cual es no entender la lógica del bilateralismo y la globalización en tiempos de Trump.
Quien esté animando ese sentimiento complica el escenario a la Presidenta Sheinbaum en el diálogo con las autoridades estadounidenses que, cómo vemos en las acciones y declaraciones, aprovechan todo para continuar con la agenda de tener control sobre los vecinos y devolver la supremacía mundial a los EU.
En definitiva, si bien el tema de la gentrificación es una manifestación creciente que viven en mayor o menor grado las ciudades del mundo, obliga a los tres niveles de gobiernos a tener políticas públicas para satisfacer las necesidades de vivienda y servicios públicos destinados a los sectores pauperizados de estas sociedades y llama a regular los excesos e ilegalidades de los desarrolladores inmobiliarios, que van con todo, para satisfacer sus apetitos de ganancia.
Entonces, dada su complejidad de la relación bilateral, es un crimen contra esa misma sociedad buscar transformarla en un instrumento de confrontación entre naciones con una frontera de cristal como alguna vez la calificó Carlos Fuentes.