Jorge Retana Yarto
La CIA y la DEA tienen operando en México prácticamente desde su fundación –la primera, en 1947, y la segunda, en 1973–, cuando se implantaron en México operaciones correspondientes con la declaración de “guerra contra las drogas” de Richard Nixon, en 1972. Hasta antes de la crisis de la detención del general Salvador Cienfuegos –en octubre de 2020, en el aeropuerto de Los Ángeles California, a ninguna agencia estadunidense se les impuso restricciones de forma efectiva para su actuación en México, y quedaba comprendida dicha actividad a los términos de la normativa constitucional en la materia. Actuaban más allá de las mismas, con la anuencia tácita de las autoridades mexicanas durante varios decenios, incluso, portando todo tipo de armas en lo extenso del territorio nacional; obviamente, en procesos de operación conjunta, y separados, con los organismos de la seguridad e inteligencia nacional: DFS, Ejército Mexicano y Fuerza Aérea, Estado Mayor Presidencial y Marina Armada de México, esencialmente.
No existen muchos estudios sobre las operaciones en México, sistemáticos y organizados como trabajos de profesionales en la materia; sí los hay, sobre todo en la academia y en los centros de estudio de las fuerzas federales; hay mucho menos en el periodismo, pero un trabajo clásico de este último tipo es el de Manuel Buendía: La CIA en México (1983), y de forma más contemporánea, el de José de Jesús Esquivel: La DEA en México (2013).
Cuando el exsubprocurador General de la República, Javier Coello Trejo, le preguntó al extitular de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), Antonio Zorrilla Pérez (ya capturado en junio de 1985): “¿güero, tú mataste a Manuel Buendía?”, contestó: “yo no lo maté, sé quién fue, pero no lo voy a decir, prefiero tragarme el sapo”. De ser cierta esta versión, pagó su silencio con una sentencia de 35 años de prisión, al ser sentenciado como autor intelectual del homicidio, y como coautores fueron sentenciados Juventino Prado Hurtado y Raúl Pérez Carmona, ambos, a 25 años de prisión (documental en Netflix: ¿Quién asesinó a Manuel Buendía?)
Manuel Buendía había dado a conocer en su famosísima columna Red Privada dos cuestiones fundamentales: a) los nombres reales de varios agentes de la CIA que operaban en México; e información detallada del rancho El Búfalo, propiedad de Rafael Caro Quintero, en donde la CIA estaba entrenando combatientes nicaragüenses para enfrentar al gobierno sandinista como parte de “la contra”, y en el cual se sembraba masivamente cannabis para exportarla sobre todo a Estados Unidos, lo cual descubrió el agente especial de la DEA Enrique Camarena, y le costó la vida. Pero hay también la versión directa de integrantes de la agrupación política MURO, de los “Tecos” de Guadalajara, de que hacía tiempo su cabeza tenía precio.
Como nadie en su tiempo, Buendía denunció contrabandos de armas hacia Centroamérica con la complicidad de altos funcionarios del gobierno y de mandos militares, además de informar sobre casos muy explosivos de corrupción política que en aquel tiempo (y ahora también, probablemente) comprometieron su propia existencia. Eran los tiempos de desarrollo del neoliberalismo salinista y la modernización, la OCDE, etcétera, y del “fin de la era del partido hegemónico”, como anunció el propio Carlos Salinas.
Cito esta historia muy resumida para dar cuenta de cómo la actividad de la CIA en México ha sido altamente influyente y muy conflictiva, cómo los periodistas más connotados por sus investigaciones como Buendía estudiaban la actividad de la agencia estadunidense con todo profesionalismo y seriedad, para dilucidar sus alcances y su impacto en los diferentes contextos del país, y también cómo dicho organismo quedaba atrapado por propia voluntad en las problemáticas binacionales, y actuaba bajo su propia agenda, sus prioridades y sus más claros intereses.
El caso de Enrique Camarena, cuyo teléfono estaba en la agenda de Manuel Buendía –descubierto luego del asesinato del primero–, refrenda el alcance de los riesgos que el periodista mexicano galardonado estaba dispuesto a correr, trastocando intereses poderosísimos, en un contexto de expansión del crimen trasnacional en México a partir de lo que se llamó el Cartel de Guadalajara, que todo ha indicado desde aquellos momentos históricos que fue el brazo ejecutor que segó la vida de Enrique Camarena, hecho brutal que aún en nuestros días la propia DEA trata de vengar, con el juicio a Rafael Caro Quintero en EU –fue uno de los “29 notables” entregados por el gobierno mexicano a la administración de Donald Trump. La DEA pide al juez de la causa que se le condene a pena de muerte, dado que, para ellos, Rafael Caro Quintero –como símbolo y participante directo de dicho crimen– representa un inmenso agravio no eliminado en la conciencia de esa muy poderosa agencia de EU.
Desde entonces, la CIA y la DEA quedaron enfrentadas en este tema concreto, articulado con el asesinato de Manuel Buendía Téllez Girón por distintas vías. La DEA ha responsabilizado a la CIA de haber participado en el asesinato de Enrique Camarena, mediante el brazo del Cártel de Guadalajara por el hallazgo que dicho agente logró; y del que informó al periodista mexicano.
Así, la CIA quedó directamente involucrada en un doble crimen de muy alto impacto que desestabilizó al gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado, y que situó a nuestro país como contexto nacional de un enfrentamiento entre las dos grandes agencias de seguridad e inteligencia de EUA, que imbricó al crimen trasnacional organizado y al más destacado exponente de la prensa nacional.
En el caso de la DEA podemos decir algo similar: su actuar ha desestabilizado la coyuntura política mexicana, con el mayor golpe que asestó al primer gobierno de la 4T-4R, pero especialmente al Ejército Mexicano, con el arresto del exsecretario de la Defensa en el gobierno de Enrique Peña Nieto, general de división Salvador Cienfuegos Zepeda, a través del Departamento de Justicia, en el aeropuerto de Los Ángeles California, bajo el impulso de la investigación hecha por la DEA sobre el general, en lo que se denominó “Operación Padrino”, el 15 de octubre de 2020.
Lo involucraban en relaciones de complicidad criminal con el cártel del H2, una de las facciones del Cártel de Sinaloa, de los grupos que se reagruparon luego del declive del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, encabezado por Juan Francisco Patrón Sánchez, abatido en Tepic, Nayarit, el 9 de febrero de 2017 por la Armada de México. Se involucró también al almirante Marco Antonio Ortega Siu, jefe de la Unidad de Fuerzas Especiales de Semar, quien no fue capturado al estar en México.
La cónsul de México en Los Ángeles California, Marcela Celorio Mancera, fue notificada por el Buró de Protección Fronteriza (CBU) y fue la primera que oficialmente tuvo contacto con el general Cienfuegos. Demandó que se respetaran los protocolos establecidos para el detenido y contactó a sus familiares, quienes narraron cómo sucedieron los hechos. Mencionó que el general en todo momento sostuvo su inocencia y estuvo dispuesto a enfrenar el proceso judicial necesario para demostrarlo.
Se ha mencionado reiteradamente por distintos periodistas y analistas, incluso en EU, que el gobierno de dicho país –particularmente desde que concluyó el juicio en la Corte Este de Nueva York de Joaquín Guzmán, el Chapo, y luego con el juicio de Genaro García Luna– ha estado interesado en vincular a altos integrantes de la clase política mexicana. Recientemente lo ha intentado con el encarcelamiento de los altos dirigentes del Cártel de Sinaloa: Ismael Zambada, el Mayo, y Ovidio Guzmán –uno de los líderes de dicha fracción de lo que fue el Cártel de Sinaloa–, quienes probablemente en la búsqueda de acuerdos de culpabilidad con los jueces de sus respectivas causas, han vuelto a mencionar nombres de líderes políticos o de integrantes gobierno, involucrados con los grupos del crimen trasnacional en México. En ese contexto, se han filtrado listas apócrifas con una serie amplia de altos funcionarios públicos, empresarios y algunos miembros de las Fuerzas Armadas.
El presidente Donald Trump ha dicho públicamente que la presidenta Claudia Sheinbaum debe intervenir para poner en manos de la justicia estadunidense a distintos personajes de las listas filtradas en la prensa nacional (como fue “la lista de Marco”, refiriéndose a Marco Rubio, secretario de Estado), muy en particular a integrantes de su gobierno acusados de nexos con el narcotráfico a EU.
Ya tenían a García Luna, un narco que fue alto funcionario del gobierno de Felipe Calderón, al que ellos ayudaron a encumbrar y hasta otorgaron “reconocimientos al mérito” (especialmente la DEA) y luego lo detuvieron en Dallas, Texas; lo aplastaron y sentenciaron a más de tres décadas de prisión, un personaje con probados vínculos criminales que las agencias de inteligencia y seguridad en EU conocían perfectamente bien desde años antes de su captura.
Pues bien, con el general Salvador Cienfuegos mediante la “Operación Padrino” trataron de concretar la misma táctica: investigarlo y presentar los resultados de al Departamento de Justicia, acompañados de la solicitud de detención en cuanto pisara territorio estadunidense.
El golpe asestado por la DEA, a pesar de que alcanzaba a la administración de Peña Nieto, al realizarse en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, desestabilizaba la coyuntura política nacional y al propio gobierno de la 4T-4R, y provocaba un alto impacto en las Fuerzas Armadas mexicanas. En especial, tocaba al Ejército Mexicano, que ha tenido en sus manos históricamente una parte fundamental de la estabilidad política de México y de los gobiernos de turno. Si en algún momento consideraron que AMLO podía ser condescendiente con dicho ataque al gobierno de Peña Nieto, erraron el cálculo al no ponderar con precisión la desestabilización que ello produciría al interior del gobierno. Ello debilitó severamente la cooperación en materia de seguridad binacional. Sobre todo, cimbró la estructura del poder militar en México, y un grupo amplio de generales se aglutinó y se trasladó a solicitar al secretario de la Defensa Nacional, general de división Luis Cresencio Sandoval González, para reivindicar el honor militar del detenido y rechazar el acto del Departamento de Justicia y la investigación de la DEA, y pedir al presidente de la República la defensa a ultranza del general Cienfuegos para conseguir su liberación inmediata. Lo sintieron así: como un ataque directo de gran calado al Ejército Mexicano. La indignación era muy grande. Que se hayan trasladado en grupo a la oficina del secretario de la Defensa Nacional –como informó la prensa en aquellos días– ya tenía un alto significado que remitía un mensaje muy claro: esto no tenía precedentes.
Distintos periódicos y agencias en diferentes países daban la noticia prácticamente con anuencia en cuanto a la responsabilidad del general Cienfuegos, sin que hubieran tenido acceso a la investigación realizada por la DEA. Parecía que habían escuchado la voz de Dios, porque la “Operación Padrino” ponía en entredicho todo el honor y dignidad de la institución militar mexicana y, con un hecho de tal magnitud, no podía jugarse ni al raiting, ni a las primicias, ni a las exclusivas. Estábamos ante un hecho que cimbró al Estado mexicano. El golpe era brutal, devastador. Con la detención y sentencia de García Luna y del general Cienfuegos, la DEA habría postrado las instituciones de seguridad de México. Y el presidente López Obrador se jugaba mucho de no actuar con rapidez, con toda la energía política, pero también con la habilidad necesaria, para detener y revertir el brutal ataque. Así se hizo.
A la fecha, distintas plumas y voces mencionan la hipótesis de haber resuelto la gravísima crisis con una negociación entre gobiernos, pasando por encima de la eventual “culpabilidad” del general Cienfuegos, nuevamente sin conocer a fondo la “investigación” hecha contra el general Cienfuegos. Sobre EU, sus agencias e instancias de gobierno y en los poderosos cuerpos armados, existe la presunción de que actúan contra sus objetivos de captura, después de muy prolongadas, detalladas y escrupulosas investigaciones y procedimientos judiciales, no dudo que así sea en lo cotidiano, pero no siempre ni en todos los casos, porque se actúa también en muchas ocasiones con cálculo y conveniencia política y desde posturas de poder, con acciones de fuerza, no digo violencia.
Haber recibido en pleno a lo que quedaba de la familia del Chapo Guzmán en EU en una entrega pactada, y negociar acuerdos de culpabilidad con todo tipo de sujetos imputados de crímenes de alto impacto, a últimas fechas con Ovidio Guzmán, si bien son procedimientos previstos en las leyes de EU, no dejan de ser ampliamente pragmáticas para poder involucrar a otros presuntos implicados y lograr objetivos judiciales con severo impacto político en las relaciones exteriores de EU con otros países y Estados. Entonces, tales procesos judiciales no son propiamente en algunos casos importantes, un dechado de pureza judicial.
Cuando llegó a México el general Cienfuegos liberado (18 de noviembre de 2020) se había abierto un expediente en la FGR (como parte de los acuerdos con EUA) y luego de varias semanas de investigación propia en México, considerando también el expediente ofrecido por Estados Unidos, a cuyo respecto se ha afirmado también en aquél país que nunca entregaron el expediente con la investigación completa la DEA-Departamento de Justicia de EU (Esquivel, 2023 : 189), el 14 de enero de 2021, el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, anunció que el general Salvador Cienfuegos sería exonerado, pues tras el análisis de las pruebas presentadas por autoridades estadounidenses “se llegó a la conclusión de que nunca tuvo encuentro alguno con los integrantes de la organización delictiva investigada por las autoridades norteamericanas”. Luego de este hecho, el presidente López Obrador le solicitó a Marcelo Ebrard hacer público el expediente del caso, por lo que el entonces titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ordenó se publicaran 751 páginas de la investigación que efectivamente fueron dadas a conocer (Infobae, 15 de enero de 2021). El caso quedó cerrado.
Trump, de nuevo en la Presidencia de EU
El segundo gobierno del presidente Donald Trump ha sido especialmente conflictivo y nebuloso en su relación con el gobierno de la presidente Claudia Sheinbaum, en el desahogo de la agenda bilateral, pero en realidad nada nuevo, todo parcialmente realizado en la primera gestión, y el resto continuado y anunciado durante su segunda y exitosa campaña presidencial que lo llevó de nueva cuenta a la Casa Blanca. En otros ensayos hemos analizado con detalle los términos de la híper conflictiva situación entre gobiernos y los términos específicos de las medidas tomadas por el gobierno de EU.
Recientemente se anunció que, como producto de los diálogos bilaterales intensificados entre ambos gobiernos, y de las mesas de negociación y acuerdo sobre los diferentes problemas, uno de los convenios más relevantes en las conversaciones es la problemática de seguridad y lucha contra los cárteles del narcotráfico, para lo cual, se adoptó el acuerdo de desarrollar un plan conjunto de trabajo e intercambio de productos de inteligencia para aumentar la eficiencia en este terreno de la cooperación y coordinación binacional.
Este acuerdo se suscribió en el contexto del despliegue en México del Plan de Seguridad, que ha constituido una ofensiva gradual pero generalizada a las 10 ciudades más agobiadas del país por la presencia y acción intensa y violenta del crimen trasnacional organizado; es decir, una ofensiva que está golpeando las estructuras criminales, cortando sus rutas de tránsito y abastecimiento de cargamentos de droga, recuperando el control de territorios antes en posesión de la criminalidad transnacional, destruyendo lazos de complicidad en todos los niveles y estados de la República, encarcelando a miles y miles de participantes en tales organizaciones, decomisando cargamentos en volúmenes sin precedentes, bloqueando la frontera para el paso de los mismos, y de una actividad diplomática intensificada en EUA del propio secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y coordinador del Gabinete de Seguridad del gobierno de Claudia Sheinbaum.
La colaboración ha existido siempre, con grandes altibajos, así como la desconfianza de las agencias de EU a compartir información de inteligencia con sus homólogos mexicanos de manera continua; salvo cuando tienen localizados a determinados objetivos y proceden a su captura, y aún en esas circunstancias, el personal mexicano actúa con fuerza de apoyo, en varios casos importantes.
El gobierno estadunidense, con sus organismos de inteligencia conocedores de México, la CIA y la DEA, en menor medida, el ICE, busca la manera y ensaya y propone distintos medios para tener una incidencia directa en la política de desplazamientos armados de las fuerzas federales, dentro del territorio nacional, y presencia territorial; para ello, la cooperación militar con planes de entrenamiento y capacitación militar ha sido y es un instrumento muy importante para ello, y que, ciertamente viene de larga data, pero debemos valorarlo dentro de una estrategia que desde nuestro punto de vista cobra fuerza, porque antes no se requería buscar fórmulas de instalación, hoy hay mucha resistencia de la jefa de Estado para ello.
Recientemente, se avanzó en la materia mencionada con EU en estos temas con dos vertientes: i) el Senado de México había aprobado el 27 de marzo de este año, el ingreso de 11 instructores miliares para que participen en un curso de entrenamiento de ejercicios combinados conjuntos (JCET por su sigla en inglés), junto con la salida de 38 elementos del Ejército y la Fuerza Aérea quienes acudirán al Intercambio de Adiestramiento de Operaciones en Selva y a la Shandhurst (es el nombre de una Academia Militar de formación ubicada en Inglaterra), y iii) la Cámara de Senadores de EU lanzó para su discusión y aprobación un proyecto de ley para fortalecer la cooperación contra las organizaciones del narcotráfico, desde la Dirección Nacional de Inteligencia (DRI) con la contraparte del gobierno mexicano, que sería el gabinete de seguridad, la cual fue presentada al congreso acompañada de un plan de acción para mejorar la colaboración, coordinación y cooperación antinarcóticos.
En el primer caso, este tipo de programa de entrenamiento viene desde 2000, y se concentraba en operaciones de inteligencia en campo, combate urbano, rescate de rehenes, operaciones especiales y entrenamiento antiterrorista, con personal estadunidense del séptimo Grupo de Operaciones Especiales Norte quienes ingresarán al territorio nacional en una aeronave C-130 para ubicarse en el Centro de Adiestramiento Regional de San Miguel de los Jagüeyes, Estado de México y luego en Sana Gertrudis, Chihuahua (La Jornada, 28 de marzo de 2025).
En el segundo caso, de ser aprobada la ley (fue presentada el 13 de julio de este año), dispone que el jefe de cada elemento de la comunidad de inteligencia deberá presentar a la DNI una descripción y evaluación de la relación directa del un elemento de ella, con cualquier miembro del gobierno de México, incluyendo una evaluación de los riesgos de contrainteligencia de dicha relación. La contrainteligencia protege la información de las operaciones y del trabajo de la inteligencia propia, de filtraciones o acciones enemigas. Todo el espíritu de esta ley descarga su peso contra los “asesinos silenciosos”, y para ganar dicha batalla debe ampliarse y profundizarse la colaboración contra los cárteles, y pide se formule la estrategia adecuada a la titular de la Dirección Nacional de Inteligencia Tulsi Gabbreaed, así como, inventario de recursos necesarios, sostienen los senadores Cornyn y Kelly autores de la iniciativa legal (El Sol de Chiapas, 13 de julio de 2025)
Todo lo anterior ya tiene antecedentes de acuerdos en el sexenio del presidente AMLO, mediante la Declaración Conjunta para la Seguridad salida del Diálogo de Alto Nivel México-EUA, dado a conocer el 8 de octubre de 2021, que recogió diversos programas, enfoques conceptuales afines y compromisos bilaterales, sobre los que no tenemos una evaluación al final del sexenio del presidente AMLO, de los cuales, derivó el Acuerdo para desarrollar acciones y operaciones conjuntas las Armadas de EUA y México en julio de 2022.
Al parecer todo lo precedente no le satisfizo al presidente Trump y vamos de regresó, a la búsqueda de un nuevo comienzo. Esta mecánica es la que realmente no permite avanzar en la cooperación y coordinación con EUA, el eterno comienzo, porque en EUA cambió el “color de la administración” y ahora en México ha habido dos liderazgos sexenales en la presidencia de la república muy homogéneos, lo que permite darle continuidad a los enfoques, políticas y procesos nacionales, con los naturales ajustes de cada primer mandatario, pero homogeneidad en lo fundamental, lo que no sucede hoy en la contraparte mexicana.
Donald Trump ha buscado a como dé lugar, entrar con tropas a México, su cantaleta de que “en México están en shock frente a los cárteles del narcoterrorismo” y que “algo tiene que hacer”, y ha agregado en los últimos días, que hay toda una lista de políticos, incluyendo algunos del gobierno actual, ligados al narcotráfico y que le presidenta Sheinbaum debe facilitar su detención.
En ambos casos, no es otra cosa más que la cobertura discursiva y propagandística de esa voluntad política ya predeterminada, pero lo más inverosímil, aparentemente, es que esta determinación viene no sólo desde la primera administración del presidente Donald Trump, sino de la actividad del congreso en el pasado gobierno de Joe Biden, como afirma un periodista a quien considero serio y profesional como Armando Guzmán, quien afirma que desde hace dos años (julio de 2023) surgieron distintas iniciativas de ley redactadas –por lo menos en forma preliminar– para enviar tropas a México a atacar los cárteles del narcotráfico, claro, especialmente por parte de los integrantes del Partido Republicano en ambas cámaras, las cuales se discutieron en los comités respectivos (El Economista, 11 de julio de 2023). Es una idea que ha ido tomando fuerza, incluso socialmente. Obviamente, la comunidad de negocios con México considera que la afectación sería mayúscula en el deterioro de las relaciones entre ambos países. Los proyectos legislativos desde entonces presentados son: i) “Ley S-698- que designa a los cárteles de las drogas como organizaciones terroristas; ii) “The Narcos Act” presentada en el Senado por Lindsey Graham autorizando al ejército de EUA a realizar ataques aéreos y terrestres”; iii) “Ley H-837” resuelta en la Cámara de Representantes presentada por Don Crenshaw autorizando al ejército de EUA a dar capacitación y asistencia en México; iv) “Ley de Socios” presentada en el Senado por John Cornyn de Texas, en el mismo sentido que la antes mencionadas, con la variación de que habla de que se realicen operaciones estratégicas conjuntas dentro de México, lo cual se aclaró que se le mencionaron al presidente López Obrador personalmente; v) Ley H-838” resuelta en la Cámara de Representantes presentada Elise Stefanik de Nueva York, para imponer sanciones a funcionarios mexicanos cómplices del narco; vi) “Ley H-18 SECCIÓN 1”, resolución conjunta de la Cámara Baja como “Autorización para el uso de la Fuerza Militar para Combatir, Atacar, Resistir, Eliminar y Limitar la influencia de los cárteles; vii) “Ley FEND OFF FENTANYL” (Defensa Contra el Fentanilo) patrocinada por 61 legisladores, que también declara a los cárteles como “organizaciones criminales internacionales”, y sanciona el lavado de dinero, sancionando a bancos e instituciones de manejo de dinero que permiten usar el dinero del tráfico de drogas en operaciones financieras y de comercio internacional.
Incluso, nos sigue diciendo Armando Guzmán en este importante reportaje, que en aquellas iniciativas aprobadas que plantean la autorización para la intervención armada y los ataques, se autoriza también el uso de ciertas armas: misiles Hellfire AGM-114, el uso de drones, la intervención de fuerzas especiales para conducir ataques quirúrgicos, etc.
Si hacemos una revisión y valoración de conjunto de esta información presentada, podemos apreciar que varias de esas iniciativas autorizadas, se desempolvaron, actualizaron y se pusieron en práctica en su contenido fundamental como Órdenes Ejecutivas. Las últimas dos son, las sanciones a instituciones financieras que blanqueen dinero producto del tráfico de fentanilo en operaciones financieras y de comercio, y la ley para el control del fentanilo antes comentada también, son más que ilustrativas de lo que afirmamos, sólo les han puesto nombre y apellido a tales instituciones financieras y han lanzado con mayor despliegue y un nombre también actualizado la ley de control del fentanilo afinado las respectivas redacciones, pero el “espíritu” o contenido esencial es exactamente el mismo.
En otros casos como los de permisos militares, no se han materializado hasta hoy, pero se mantienen como amenazas latentes en nuestros días. Así que debemos tomar con absoluta seriedad este proceso de actualización desde las iniciativas aprobadas de congresistas republicanos y varios demócratas que como tales llegan al despacho ejecutivo del presidente Donald Trump en la Casa Blanca, y que él acompaña con la insistente narrativa de la incapacidad y complicidad del gobierno nacional con las organizaciones criminales. El caso del exsecretario de seguridad en Tabasco y sus probables vínculos con el grupo criminal La Barredora abona a dicho discurso propagandístico.
En realidad, las operaciones de inteligencia conjunta y los operativos de ataque a posiciones criminales se han producido ya, particularmente durante la ofensiva de las fuerzas federales en Sinaloa, durante los pasados meses del despliegue territorial, en el caso del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), cuyos agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (ICE-HSI) participaron activamente en dicho estado en el desmantelamiento de tres laboratorios clandestino de producción de drogas sintéticas a gran escala, dirigido por un equipo de agentes de la FGR-AIC y fuerzas del gabinete de seguridad, durante el pasado mes de mayo, conocido todo ello mediante dos boletines de prensa, uno emitido por el propio ICE-HSI y otro de la embajada de EU, aunque tal vez su presencia no se circunscribe al Estado de Sinaloa (La Jornada, 15 de mayo de 2025).
Atención, son elementos que todo indica están en territorio mexicano, con armas y usando equipo militar de las fuerzas federales, como los vehículos y desarrollan amplias funciones de investigación sobre distintos delitos de la agenda criminal, de tal manera que la suscripción del acuerdo para la inteligencia conjunta que conduce a operaciones conjuntas daría legalidad a una colaboración y acción en marcha.
Además, se ha colado la información de que fuerzas especiales del ejército de EU están haciendo análisis, estudios, planificación de eventuales ataques quirúrgicos en Fort Bliss (El Paso, Texas), al decir del abogado César Gutiérrez Priego, analista de seguridad nacional, abogado penalista y experto en derecho militar, quien refiere como sustento a “fuentes militares de EU”.
El acuerdo con Ovidio Guzmán pretende nutrir “la lista negra” de personalidades políticas vinculadas al crimen transnacional organizado, y si son del gobierno actual, mucho mejor, conforme a los intereses del propio Ovidio Guzmán, y con ello terminar de justificar cualquier operación punitiva. Esa versión la ha reforzado en entrevista con Los Periodistas, Ioan Grillo (15 de julio de 2025), periodista experto en temas del narcotráfico internacional, quien refiere una división entre los asesores de Trump en la Casa Blanca: quienes se inclinan por la incursión armada en territorio nacional, y quienes la rechazan y presentan argumentos en el sentido del trabajo y resultados que se está realizando actualmente en México. En esos términos se discute hoy sobre México. Dice, lo ha constatado en conversaciones con militares.
Creo que no basta con rechazar las amenazas y la narrativa tendenciosa, sino que es necesario un mayor despliegue diplomático internacional y una intensificación de las conversaciones binacionales incluyendo esta eventualidad de un ataque quirúrgico, para obtener garantías precisas del presidente Donald Trump al respecto, no nos vaya a suceder como a otros países, que mientras dialogan en mesas de acuerdo, se prepara a trasmano una acción distinta.