Causa en Común
En México, la violencia extrema no solo persiste, sino que se reproduce y multiplica con una brutalidad desconcertante. En el primer semestre de 2025, Causa en Común documentó 2,517 atrocidades, con un saldo de al menos 3,266 víctimas, a partir del monitoreo sistemático de medios de comunicación en todo el país. Estos números —que por su origen hemerográfico son apenas una muestra del panorama real— no son simplemente cifras: son el reflejo cotidiano de un país desgarrado por la crueldad.
El informe define como “atrocidad” cualquier uso intencional de la fuerza para causar muerte, laceración o maltrato extremo, o para generar terror, especialmente cuando se dirige contra personas vulnerables o se realiza con particular ensañamiento. Bajo esta categoría se incluyen diferentes fenómenos violentos, relevantes y documentables en nuestro espacio público: masacres, torturas, calcinamientos, mutilaciones, linchamientos, violaciones agravadas, asesinatos de menores, mujeres, periodistas, defensores de derechos humanos, así como la existencia de fosas clandestinas y hasta “campos de exterminio”.
Estas categorías buscan visibilizar no solo el hecho violento, sino su profundidad simbólica y su impacto social, comenzando por documentar su cotidianeidad a través del recuento numérico de los hechos. Durante el periodo enero-junio de 2025, se registró un promedio de 14 atrocidades por día. De ellas, destacan:
- 704 asesinatos con tortura
- 260 mutilaciones o destrucción de cadáveres
- 256 asesinatos de mujeres con crueldad extrema
- 200 masacres
- 156 fosas clandestinas
- 131 asesinatos de niñas, niños y adolescentes
Las cifras no solo son elevadas, sino que también evidencian la intensificación del ensañamiento en distintos puntos del país. En promedio, hubo al menos una masacre diaria, 1.4 casos de mutilación de cadáveres, casi cuatro asesinatos con tortura cada día, y el hallazgo de 26 fosas clandestinas cada mes.
Aunque la violencia extrema alcanza a todo el país, Sinaloa, Guanajuato y Guerrero encabezaron la lista de estados con mayor número de atrocidades: 374, 267 y 191, respectivamente. Les siguieron Puebla, Jalisco, Baja California, Morelos y Chihuahua, todos con más de 90 eventos documentados. Sinaloa destaca también por el número de víctimas (al menos 428), seguido por Guanajuato (397), Jalisco (287) y Guerrero (228).
El informe no se queda en la estadística. Recoge también ejemplos específicos de notas periodísticas que ilustran el grado de brutalidad que enfrentamos:
- En Tabasco, un joven fue torturado y quemado vivo por pobladores que lo acusaron de apuñalar a un vecino.
- En Puebla, el cuerpo de una niña de 12 años fue hallado dentro de bolsas negras en las escaleras de su edificio.
- En Jalisco, se descubrió un crematorio clandestino con restos humanos, placas, dientes y ropa de múltiples víctimas.
- En Culiacán, veinte cuerpos aparecieron dentro de una camioneta y colgados de un puente; uno de ellos decapitado.
Y así, decenas de ejemplos desgarradores que, día tras día, son referidos en los medios de comunicación, pero rara vez en la conversación pública o en la agenda política.
Uno de los aportes más importantes del informe es su llamado de atención sobre el carácter plural de las violencias extremas. No todas las atrocidades son perpetradas por cárteles o grandes organizaciones criminales. Muchas de ellas tienen su origen en violencias familiares, de género, comunitarias o institucionales. La narrativa predominante, centrada únicamente en el crimen organizado, oscurece estos otros rostros del horror. La presencia de linchamientos, violencia contra migrantes, agresiones a la autoridad, y desplazamientos forzados representa el atisbo de una sociedad que ha naturalizado la violencia como método de resolución de los conflictos, como castigo y como espectáculo.
El informe concluye con una reflexión urgente: no basta con indignarnos, necesitamos actuar. Para ello, propone:
- Exigir investigaciones sólidas y responsables por parte de las autoridades.
- Financiar proyectos que documentan y visibilizan estas violencias.
- Dotar de recursos a la Comisión Nacional de Búsqueda y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
- Impulsar alianzas entre sociedad civil, sector privado y gobiernos locales para prevenir y atender las múltiples formas de violencia desde una perspectiva comunitaria.
También enfatiza la necesidad de comprensiones más profundas, desde la sociología, la psicología y la antropología, que permitan entender por qué nuestra sociedad reproduce estas formas de crueldad. En medio de tanta desolación, la tarea sigue siendo rescatar la capacidad de conmovernos. Recordar que cada número es una vida, cada nota es una historia truncada, y que ningún proyecto político de país puede sostenerse si deja que el horror se vuelva rutina.