Rubén Martín
El pasado 4 de abril, durante el cierre del 28 periodo de sesiones del Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de la ONU informó que había recibido información fundada de que la desaparición forzada en México “se lleva a cabo de manera generalizada o sistemática”, por lo que anunció que iniciaría la aplicación del artículo 34, de la Convención, que abre la posibilidad de que esta situación excepcional fuera puesta a consideración de la Asamblea General de Naciones Unidas.
El anuncio de la CED generó un alud de reacciones en México, desde el beneplácito hasta el completo rechazo. En esta última postura estuvo el Gobierno Federal que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y otros dirigentes del oficialismo. De manera oportunista, dirigentes de la oposición utilizaron el pronunciamiento de la CED para enfatizar la crisis de inseguridad en el país y cuestionar la estrategia de seguridad del Gobierno de la Cuarta Transformación. La postura más genuina fue la de los colectivos organizados de familias que buscan a sus desaparecidos quienes vieron en ese anuncio la posibilidad de cambiar, modificar y mejorar sustancialmente la política contra las desapariciones en este país.
El argumento del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum ante el anuncio del CED de activar el artículo 34 de la Convención es que en México no existían las desapariciones forzadas porque el actual Gobierno no comete ese delito. “México reitera su rechazo a que en nuestro país haya desapariciones forzadas sistemáticas y generalizadas por parte del Estado y cualquier señalamiento o insinuación en ese sentido es inaceptable”, sostuvo el gobierno federal a través de un comunicado de la Secretaría de Gobernación.
Se dijo entonces y se reitera ahora, que el Gobierno omite que las desapariciones forzadas existen en México porque en la comisión de este delito participan varias fuerzas del orden de los tres niveles de gobierno y por tanto, se cometen en desaparición forzadas.
El caso de Jalisco es ilustrativo al respecto, pues en esta entidad al menos 25 por ciento de las corporaciones policiales de los 125 municipios del estado han cometido desapariciones forzadas, según un reportaje reciente.
Un caso paradigmático es de los hermanos Camarena, desaparecidos por policías municipales de Ocotlán, municipio ubicado en la ribera del lago de Chapala. “Mi inconformidad obedece a que, a las 10:00 horas del pasado 19 de diciembre de 2019, mis cuatro hermanos referidos fueron supuestamente privados de su libertad en algún lugar del municipio de Ocotlán, Jalisco y hasta el momento continúan desaparecidos; al parecer por miembros del crimen organizado o de la policía municipal de Ocotlán”. Este es un extracto de la queja interpuesta ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) por una hermana de Oswaldo Javier Ávalos Camarena, José de Jesús Martínez Camarena, Ernesto Padilla Camarena y Tonatiuh Ávalos Camarena, desaparecidos por policías municipales de Ocotlán en la fecha indicada.
El caso de los hermanos Camarena es uno de los casos ejemplares de desaparición forzada cometida por fuerzas de seguridad en Jalisco, especialmente por parte de policías municipales. Por este caso la CEDHJ emitió la queja 4/22, el 22 de diciembre de 2022 en la que concluyó que hubo evidencias suficientes para probar la desaparición forzada y desaparición cometida por particulares en contra de estos cuatro miembros de una sola familia. Este mismo caso ha sido conocida y denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Lamentablemente no es el único episodio en el que se confirma la participación de policías municipales en la comisión de este delito. Apenas la semana pasada se conoció el caso de la familia Luna Ibarra, compuesta por cinco integrantes, quienes fueron privados de la libertad (desaparecidos forzadamente) por un grupo de hombres en los que se contó con la participación de tres policías municipales de Zapopan, Jalisco y un exintegrante de misma comisaría. La familia sufrió la desaparición forzada para cometer un hurto en su domicilio en Zapopan y lamentablemente después cuatro de los cinco miembros fueron asesinados y sus cuerpos arrojados a un barranco del municipio de San Cristóbal de la Barranca, al sur de la zona metropolitana de Guadalajara.
Ciudadanos extranjeros también han sido víctimas de este delito en Jalisco. En marzo de 2018 tres ciudadanos italianos (Vincenzo Cimmino, Raffael Russo y Antonio Russo) fueron desaparecidos forzadamente por policías municipales de Tecalitlán. Este caso mereció incluso movilizaciones por parte de su familia en Italia y también pronunciamientos diplomáticos del Gobierno italiano. Pero hasta ahora no se sabe de su paradero.
Las desapariciones forzadas en Jalisco están tan extendidas que una de cada cuatro corporaciones municipales en Jalisco ha cometido este delito en contra de decenas de ciudadanos. Una revisión a los boletines de prensa emitidas por la Fiscalía General de Jalisco y notas de medios del estado revelaron que en 31 de los 125 municipios de Jalisco hay casos donde las policías municipales cometieron desapariciones forzadas (Anel Tello, Milenio, 25 julio 2025).
Siempre el delito de desaparición encubre una cifra negra por los casos que no se llegan a denunciar por lo que la participación de policías municipales, estatales o de la Fiscalía de Justicia de Jalisco en desapariciones forzadas es mucho más alta. Un caso ejemplar en este sentido fue el llamado “Halconazo tapatío” del 5 y 6 de junio de 2020, cuando policías ministeriales y agentes de la Fiscalía reprimieron y desaparecieron forzadamente a casi cien jóvenes que protestaban por el asesinato de un joven a manos de la policía municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, municipio cercano a la zona metropolitana de Guadalajara.
La Ley define a la desaparición forzada como el “arresto, secuestro, detención, o cualquier otra forma de privación de la libertad no reconocida y realizada por agentes del Estado, es decir, hecha por servidoras o servidores públicos, o bien, por personas o grupos que actúen con la autorización, el apoyo o la aprobación del Estado”. Bajo esta definición se puede concluir que este delito es todavía mucho más extendido debido a que muchos reportes de desapariciones cometidas por particulares, probablemente ocurrieron con “el apoyo o la aprobación del Estado”, lo que aumentaría los casos en donde agentes o servidores públicos participaron en la comisión de este delito.
Todos los casos de desaparición son igualmente graves y condenables. Todos dejan una vida suspendida, una familia en vilo y a una madre rogando por el regreso de sus hijos. Pero es aún más grave y condenable cuando en las desapariciones participan agentes del Estado, en este caso policías municipales a quienes la propia sociedad les paga un sueldo para, irónicamente, proteger sus vidas y su patrimonio. En al menos la cuarta parte de municipios de Jalisco, ocurre todo lo contrario y con seguridad, estos actos de desaparición cometidos por agentes del Estado se repiten en varios estados más del país, por lo que plena seguridad se puede afirmar que la desaparición forzada ocurre en el México actual de la Cuarta Transformación.
Como se sabe, la práctica de las desapariciones forzadas surgieron en México a mediados del siglo XX como una práctica represiva cometida por los gobiernos autoritarios, privando de la libertad o ejecutando extrajudicialmente, a las personas que consideraba disidentes o enemigos del régimen. La desaparición como repertorio de represión política se extendió y se perfeccionó durante el llamado periodo de la Guerra Sucia (décadas de 1960 a 1980), como quedó plenamente demostrado en los dos informes presentados el año pasado por el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico.
Lamentablemente ese recurso utilizado como forma de represión política del Estado se ha convertido en una práctica, aumentada, y expandida por los cárteles y organizaciones del crimen organizado que la utilizan de manera indiscriminada para realizar los fines de sus negocios del capitalismo ilegal. La impunidad y las cadenas de complicidades de agentes del Estado con los cárteles de la droga han potenciado la desaparición forzada hasta índices intolerables. Es hora de ponerle fin a las desapariciones forzadas.