Georgina Jatzire Arévalo Pacheco
El cierre de fondos por parte de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en el primer semestre de 2025 representa un evento de relevancia en el contexto del financiamiento internacional dirigido a México. En 2024, México se ubicó entre los nueve países de Latinoamérica que recibieron mayores aportes de USAID en la región, con un total de 77.7 millones de dólares destinados a programas de desarrollo y fortalecimiento social. La interrupción de estos recursos per se constituye un ajuste en los flujos financieros internacionales, cuyo impacto puede analizarse en relación con las dinámicas de financiamiento y continuidad de los proyectos sociales en curso.
El financiamiento gestionado por instituciones como USAID ha sido considerado fundamental para numerosos proyectos en México, particularmente aquellos orientados a la autogestión comunitaria y al desarrollo rural. Como ejemplo, el programa “Comunidades prósperas y sostenibles” recibió en 2024 aproximadamente 6 millones de dólares, destinados a apoyar iniciativas productivas en regiones como la Península de Yucatán, la Sierra Sur de Oaxaca y la Sierra Madre de Chiapas. La suspensión de estos apoyos podría limitar la continuidad y el alcance de programas que favorecen la justicia social, derechos humanos y protección ambiental.
Otros grupos en México que recibieron fondos de USAID en el periodo entre 2018 y 2021 (los últimos datos disponibles, ya que los más recientes están inaccesibles por el cierre de los portales de la agencia) incluyen a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (2.3 millones) , al Instituto Mexicano para la Competitividad (un millón 58 mil), Ciudadanos para la Transparencia (635 mil) y el Centro Internacional de Periodistas (6 millones de dólares).
Desde una perspectiva general, la reducción o eliminación de la cooperación internacional en esta coyuntura plantea interrogantes acerca de la sostenibilidad de modelos de intervención que dependen en gran medida del financiamiento externo. En particular, en sectores clave para el desarrollo social y el bienestar, la dependencia de recursos internacionales puede significar vulnerabilidades institucionales y normativas, con implicaciones directas en la ejecución de proyectos y en la capacidad de gestión de las organizaciones civiles.
A nivel institucional, organizaciones como la Inter-American Foundation reportaron la suspensión de sus financiamientos en línea con la Orden Ejecutiva de Reevaluación y Realineación de la Ayuda Exterior de Estados Unidos. La suspensión de dichas donaciones afecta a organizaciones que promueven proyectos autogestionarios, autodefinidos y de base comunitaria, generando dudas sobre su sostenibilidad y grado de independencia. La situación evidencia la necesidad de diversificar las fuentes de financiamiento y fortalecer la institucionalidad para garantizar la continuidad de proyectos sociales en un escenario de disminución de recursos externos. Otro fondo estadunidense en México es el National Endowment for Democracy (NED), que también ha revaluado y disminuido sus fondos, pero sigue operando, apoyando temas de democracia y derechos humanos.
Desde la óptica de las políticas públicas, la coyuntura actual sugiere la urgencia de revisar mecanismos internos de financiamiento y gestión gubernamental en México. La implementación de reformas fiscales que incrementen la recaudación en los niveles federal y local, así como el establecimiento de marcos normativos que favorezcan una distribución más equitativa de recursos, podrían contribuir a incrementar la disponibilidad de fondos para el financiamiento de programas sociales y de desarrollo. Tales medidas, además, permiten un mayor aprovechamiento de recursos internos, en línea con objetivos de ampliar la capacidad financiera del Estado para sostener iniciativas de carácter social y comunitario.
En suma, el contexto del primer semestre del 2025 revela que la suspensión de fondos de USAID constituye un cambio relevante en la configuración del financiamiento externo al país, con implicaciones directas en la ejecución y sostenibilidad de proyectos sociales. La continuidad de los programas, especialmente aquellos con un fuerte componente de autogestión y autonomía local, dependerá en gran medida de la capacidad institucional y de la implementación de mecanismos internos que aseguren recursos propios y sostenibles a largo plazo.