Mario Luis Fuentes
Las autopistas y carreteras de México atraviesan una crisis estructural que rebasa el ámbito de la infraestructura para situarse en el corazón de los problemas políticos, económicos y sociales del país. Lejos de ser simples vías de comunicación, las carreteras se han convertido en escenarios donde convergen la conflictividad social, la violencia criminal y la precariedad institucional. Su vulnerabilidad es permanente: bloqueos, “tomas” y manifestaciones son una realidad casi cotidiana, motivadas tanto por conflictos de comunidades cercanas a los tramos carreteros como por disputas vinculadas a agendas regionales o nacionales. Este fenómeno no solo interrumpe el flujo de personas y mercancías, sino que revela el déficit de gobernanza que caracteriza a amplios territorios del país.
Cada semana, sin excepción, los principales corredores carreteros del país sufren cierres parciales o totales derivados de accidentes, protestas o actos de violencia. Este constante colapso genera enormes pérdidas en términos de horas-persona, retrasos en las entregas de mercancías y afectaciones directas a la movilidad de familias enteras. La dimensión económica de estos eventos es profunda: los cierres prolongados implican costos multimillonarios en la cadena de suministro, afectan la productividad y dañan la competitividad de regiones enteras. Sin embargo, detrás de estas cifras se esconde también una erosión social más amplia: el deterioro de la confianza ciudadana en la capacidad del Estado para garantizar el derecho básico a la movilidad.
El problema alcanza un nivel aún más grave cuando se considera el control parcial o total que grupos del crimen organizado ejercen en algunos tramos carreteros. Autopistas de altísima relevancia económica y social como la México-Querétaro, la México-Puebla, la México-Pachuca, el tramo Querétaro-Irapuato, el de León-Guadalajara, así como numerosas carreteras en Chihuahua, Baja California, Chiapas, Tamaulipas, Michoacán, Veracruz y Sinaloa, por citar solo algunos ejemplos, se han convertido en territorios disputados por grupos delincuenciales y por otros grupos de interés que no necesariamente responden al ámbito de lo legítimo. Más recientemente, la autopista León-Aguascalientes se ha sumado a esta lista crítica.
En estas vías, el robo de unidades de transporte de carga e incluso de pasajeros es casi cotidiano. Este tipo de incidentes no solo afecta el patrimonio de empresas y familias, sino que expone a los ciudadanos a una violencia sistemática que puede costarles la vida. En esa lógica, la libertad con la que grupos armados circulan y perpetran ataques en las carreteras más transitadas del país evidencia una fractura profunda en el tejido de lo institucional y de la capacidad del Estado para auténticamente gobernar en el país. En efecto, cuando organizaciones criminales logran interrumpir la circulación y controlar tramos estratégicos, aunque sea por lapsos breves, el mensaje es devastador: el Estado es incapaz de garantizar la seguridad de quienes transitan por sus vías de comunicación. Esta realidad erosiona el concepto mismo de soberanía interna, pues las carreteras -símbolo y soporte de la unidad territorial de lo nacional- se convierten en espacios donde la ley está ausente o se encuentra subordinada a la violencia.
No puede perderse de vista que las autopistas no son meros canales de tránsito; son arterias económicas que conectan regiones productivas, integran mercados y permiten el funcionamiento del país en su conjunto. Su fragilidad compromete la competitividad nacional y limita la capacidad de México para insertarse o mantenerse de manera eficiente en el comercio local, regional y global. Esta vulnerabilidad se agrava en un contexto en el que muchas de estas vías son de cuota. Los usuarios pagan tarifas que deberían garantizar un estado impecable de la infraestructura y estándares mínimos de seguridad e integridad, tanto de sus unidades, como de sus personas; sin embargo, la realidad dista mucho de ese ideal. Los problemas de mantenimiento son evidentes, los proyectos de ampliación avanzan con lentitud y la construcción de nuevos tramos enfrenta una serie de obstáculos presupuestales, sociales y políticos que parecen insalvables.
El reto, entonces, es doble. Por un lado, es indispensable reforzar la seguridad de las carreteras con estrategias integrales que combinen inteligencia, presencia institucional y coordinación entre niveles de gobierno. No se trata únicamente de incrementar el número de elementos de seguridad, sino de diseñar esquemas que desmantelen las redes criminales que encuentran en las autopistas un terreno fértil para sus actividades. Por otro lado, es urgente invertir en el mantenimiento, modernización y expansión de la red carretera. El país requiere infraestructura que no solo permita circular con mayor rapidez, sino que ofrezca garantías efectivas de seguridad patrimonial y de la vida de las personas.
La reflexión final es ineludible: lo que está en juego trasciende la simple movilidad. Las autopistas y carreteras son metáforas del pacto social que sostiene al Estado. Su deterioro, su uso como botín de grupos armados o como escenario de protestas que el gobierno no logra encauzar, es síntoma de un país donde la autoridad se diluye. La conectividad es uno de los pilares de cualquier economía moderna, y su colapso o interrupción, aún parcial, compromete el futuro de la nación.
Es urgente revisar la estrategia nacional en la materia. No basta con atender cada incidente de manera reactiva; se requiere una visión de largo plazo que considere la seguridad, la infraestructura y el desarrollo regional como partes de un mismo problema. De lo contrario, las autopistas seguirán siendo territorios frágiles, expuestos a bloqueos, accidentes, extorsiones y robos, y México seguirá perdiendo no solo competitividad económica, sino también cohesión social y confianza en sus instituciones. El país no puede permitirse que sus carreteras, símbolos de unión y movilidad, continúen bajo asedio.
Investigador del PUED-UNAM