FRED ÁLVAREZ PALAFOX.
26 internos de alto perfil ligados a cárteles de la droga, todos ellos con peticiones de extradición del gobierno norteamericano, fueron trasladados a Estados Unidos.
La tarde del martes 12 de agosto nos enteramos que por segunda vez, nuestro país, entregó a 26 internos de alto perfil ligados a cárteles de la droga -del CJNG y el de Sinaloa-, que estaban distintas cárceles del país compurgando penas, todos ellos curiosamente tenían peticiones de extradición del gobierno norteamericano. Pero en lugar de usar dicho mecanismo, se vuelve a trasladar a personas bajo el argumento de ser un asunto de seguridad nacional. Se trató de una decisión tomada por el Consejo de Seguridad fundamentada en el artículo 5, rompiendo -de nuevo-, los tratados de extradición firmados entre ambos países.
Entre las personas incluidas en esta segunda entrega están Servando Gómez alías “La Tuta”, líder de Los Caballeros Templarios; Abigael González Valencia, “El Cuini”, uno de los operadores del CJNG y cuñado del líder Nemesio Oseguera Cervantes y Pablo Edwin Huerta, “El Flaquito”, exlíder del Cártel de Tijuana, entre otros.
En el operativo para el excarcelamiento-traslado participaron 988 efectivos y 90 vehículos artillados de las fuerzas de seguridad. Los internos estaban compurgando penas encinco cárceles federales y cuatro centros penitenciarios estatales de baja seguridad y controlados por los gobiernos locales.
Los 26 criminales partieron desde la Base Aérea Militar número 1, y abordaron 11 aeronaves militares. Ocho de ellos fueron llevados a White Plains, en Nueva York; uno al aeropuerto John F. Kennedy, en Nueva York; cinco a San Diego, California; 6 a Phoenix, Arizona y los 6 restantes a Dulles, Virginia.
El martes se difundió por medio de una tarjeta informativa que los criminales tenían órdenes de extradición y eran requeridos por sus vínculos con organizaciones criminales (o sea había solicitudes). Es evidente la alegría mostrada en un post por el poderoso embajador de EU en México, Ronald Johnson.
Recordemos que el 27 de febrero se entregaron a 29 líderes de los principales cárteles mexicanos, y se argumentó que se trasladaron por petición de Trump, bajo el argumento del artículo 5 de la ley de Seguridad Nacional. En ese entonces nos dijeron que fue una decisión colegiada de Consejo sin el conocimiento y autorización de la presidenta Claudia Sheinbaum, no lo creímos, la presidenta debe estar enterada de todo.
Días después, el jefe del ejecutivo federal reconoció en una mañanera que no se le tomó en cuenta, pero que avaló la decisión.
Aquella primera entrega no fue obra del gobierno de Trump, sino que inició -como lo dijo una nota del periódico The New York Times-, en los últimos días del presidente Biden, pero hasta ahora se pudo concretar, en tiempos de Trump. La nota de Santul Nerkar comenta que las pláticas entre México y EU contemplaban aplicar un proceso simplificado de expulsión -sin necesidad de cumplir las formalidades del tratado de extradición-, y con ellos se abrió la posibilidad que los expulsados enfrenten la pena capital. En la segunda entrega eso ha sido salvado.
La versión de The New York Times difirió de la razón que dio el Departamento de Justicia el 27 de febrero en el que atribuye la entrega a la orden ejecutiva 14157 de Trump firmada su primer día de mandato, en el que anunció la designación de los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras.
Lo que es un hecho es que la decisión de optar por un proceso simplificado significó un cambio histórico de la política exterior de México, que tradicionalmente buscaba garantizar que sus nacionales no enfrentaran la pena de muerte.
En conferencia de prensa el gabinete de seguridad dio explicaciones acerca de este segundo traslado.
Omar Garcia Harfuch, secretario de Seguridad, afirmó que los criminales consiguieron vía amparos que se les encarcelara en prisiones de baja seguridad, y advirtió que si hubieran salido a las calles, sería un «riesgo inaceptable» para sus víctimas.
Precisó que «muchos de ellos» recibieron resoluciones judiciales que facilitarían su traslado a penales estatales, y con ellos se incrementaría el riesgo o de fuga, o de continuar con sus operaciones delictivas. «Existían también litigios y recursos legales que buscaban su liberación anticipada, lo que de haberse conjuntado, significaría un retroceso en la lucha contra el crimen y un agravio contra las víctimas», añadió.
Dijo que además que estos criminales operaban desde cárceles mexicanas para cometer diversos delitos, por lo que su traslado implicó un beneficio a la población.
«El beneficio de los traslados es directamente para las víctimas mexicanas”, dice Omar.
«Privaron de la vida a personas inocentes, ordenaron o participaron en ataques contra autoridades, contribuyeron también a la producción y distribución de millones de dosis de droga y, con sus operaciones ilícitas generaron violencia y temor en comunidades enteras por muchos años», indicó el secretario.
«Considerando las actividades a las que se han dedicado dichas personas, vinculadas con delitos de alto impacto y que representan una amenaza a la seguridad de nuestro país y de Estados Unidos, es por ello que el Gabinete de Seguridad, en estrecha coordinación con la FGR, procedió a realizar el traslado de estos objetivos», argumentó.
«Es un acto de autoridad, resultado de la política de cero impunidad y la coordinación absoluta del Gabinete de Seguridad, ejes que forman parte de nuestra estrategia nacional de seguridad y contra la extorsión», añadió.
Harfuch agregó que autoridades mexicanas y estadounidenses acordaron que no se aplicaría la pena de muerte. «Esta decisión se tomó por interés nacional y bajo el más alto criterio de seguridad para nuestro país», sostuvo.
En tanto, Alejandro Gertz Manero, Fiscal General, reiteró que los envíos se hicieron bajo el artículo quinto de la Ley de Seguridad Nacional, así como lo estipulado en la Convención de Palermo, al igual que la primera vez, el pasado 27 de febrero.
Precisó con firmeza «¡No, no, no, no se utilizó, no estamos aplicando la ley de extradición, estamos aplicando la ley de seguridad nacional en su artículo 5º, igual que la vez pasada» con el traslado de 29 narcotraficantes.
¿Y la solicitud?
Gertz Manero precisó: «Si hubiera alguna otra solicitud (del departamento de justicia) en el futuro la consideraría el Consejo, y si es procedente la vamos a cumplir. No es ni limitativo ni privativo, pero sí tiene que haber una solicitud de un Gobierno”.
Agregó que “esa solicitud tiene que venir debidamente fundada y motivada con los procesos que esas personas tienen, por los delitos que tienen que coincidir con los delitos mexicanos y por el estado en el que se encuentra ese proceso. Y cuántas veces eso se dé, o vamos a hacer», advirtió.
“¿Existió negociación en el tema de la pena de muerte?”, se planteó en la conferencia.
«Eso no se negocia. La Constitución mexicana y nuestras leyes establecen con toda precisión que en México no existe ni se aplica la pena de muerte y en el caso de cualquier mexicano en cualquier país nosotros lo vamos a defender en todas las instancias», dijo Gertz.
Subrayó que los trasladados no recibirán la pena de muerte, como acordó México con el Departamento de Estado norteamericano. «Entonces digamos que no fue una negociación. No, no es una negociación, es un requerimiento que nosotros tenemos que incorporar a nuestra legislación, y en nuestra legislación nosotros decimos ‘existen estas condiciones y estas condiciones no se negocian, son un hecho’», añadió el Fiscal.
Es cierto lo que dice el fiscal Gertz, pero eso aplica y se garantiza cuando existe la extradición, no en los casos de traslados, aunque seguramente lo dejaron claro esta vez.
¿Por qué usar el tratado de extradición? ¿Qué dijo la presidenta en la mañanera? ¿Qué sentido tiene seguirle entregando al vecino del norte todos estos presuntos narcotraficantes y después enterarse que lograron acuerdos con el gobierno de EU?
O sea, ¿negocian con ellos? No sabemos tampoco en calidad de qué, están allá, ha sido muy diverso el trato a estos personajes, le preguntan.
Dijo que se esperará para saber cómo y porqué fue el traslado: «Lo que sí podemos decirles es que en todos estos casos —no en los casos de extradición o de envío de estos miembros de la delincuencia organizada—, la decisión es por la seguridad de nuestro país. Son decisiones soberanas. No tienen que ver con una petición, aunque muchos de ellos tienen peticiones, pero hay muchos otros que siguen teniendo peticiones.
Entonces, la decisión que se toma por el Consejo Nacional de Seguridad tiene que ver con la seguridad del país, son decisiones soberanas.
“¿Con esto avanza el Acuerdo de Seguridad?”, le preguntan.
Sheinbaum fue muy clara y dijo que el traslado fue por la seguridad de México, no por petición de EU.
Alguien mintió.
El comunicado del Gabinete de Seguridad, publicado el martes establece que los criminales fueron requeridos por el gobierno de EU. «La acción se realizó en estricto apego a la Ley de Seguridad Nacional y a solicitud del Departamento de Justicia, que se comprometió a no solicitar la pena de muerte”.
El mismo fiscal Gertz dijo que la entrega fue a petición del gobierno, del Departamento de Justicia que dirige Pamela Bondi. Fue claro al decir: «Si hubiera alguna otra solicitud, en el futuro la consideraría el consejo, y si procede, la vamos a cumplir, no es ni limitativa, debe ir fundamentada con los delitos que tienen que coincidir, cuantas veces eso se dé, lo vamos a hacer», subrayó.
Y el mismo embajador comentó lo mismo…
Pecado menor… ¿Y cuándo será la tercera entrega? Esperemos que esta vez sean peces gordos.
Me preocupan estas «entregas«, sobre todo porque evidencia que tenemos graves problemas tanto en nuestro sistema penitenciario como en el Poder Judicial. Una seguridad cuestionada, que no puede hacer mucho con lo que sucede en las cárceles, que en lugar de ser centros de reinserción son escuelas del crimen. Lástima, estamos reprobados de nuevo.
¿Acaso no tendremos a partir del 1 de septiembre un Poder Judicial distinto? ¿Jueces del pueblo?
Al margen, un dron de última generación, estuvo orbitando durante varias horas la mañana del miércoles al oeste de la Ciudad de México, por lo rumbos de Valle de Bravo en el Estado de México. El dron con matrícula CBP-113, de acuerdo con la cuenta de X, @sentdefender, que monitorea en fuentes abiertas de información de inteligencia, se trató de la aeronave con indicativo TROY701.
Omar dijo que el vuelo fue a petición del Gobierno mexicano, en apoyo a la investigación en Tejupilco y otras áreas del Estado de México. Sin embargo, no detalló a qué agencia pertenece. ¿Por qué no informaron antes Omar?
La semana pasada un comentarista de Fox News afirmó que “La CIA ya está volando drones de vigilancia sobre territorio mexicano”; y nuestra presidenta fue muy clara: «si llegara a haber alguna aeronave que volara sobre territorio mexicano, tendría que ser exclusivamente bajo la coordinación y la petición de México para algún apoyo de vigilancia de alguna zona, dentro de los marcos de colaboración”.
Nos preguntamos ¿dónde está la autorización para que un dron sobrevuele México? ¿Fue verbal, o escrita?
Aquí mi opinión en la red.
PD. ¡Me equivoqué! Pensé que el fiscal Gertz no iba a apelar la decisión de la jueza de Toluca al liberar a Israel Vallarta. El fiscal indicó que más allá del caso del montaje hay otras seis víctimas del delito de secuestro que piden justicia y no pueden quedar en estado de indefensión. «Nosotros vamos a proceder, a través del recurso de apelación, en la defensa de esas víctimas y en el derecho que tienen a la reparación del daño”. ¡Bien por el fiscal Gertz!, esperamos un recurso con sólidez.
¡Es nota!
La Silla Rota