José M. Armenta Vargas
La administración de la presidenta Sheinbaum ya tiene claro cómo defender nuestra soberanía energética; el plan está trazado: rescatar a Pemex del fracaso y consolidar a la CFE como pilar del suministro eléctrico. Sólo que, en la práctica, en la asignación de recursos —todo a Pemex y que la CFE encuentre la manera— está sobrecargando a la CFE con obligaciones imposibles: crecer, estabilizarse, reinventarse, todo con deuda propia.
Después de la reforma de 2025, la CFE tiene que generar el 54 % de la energía despachada a nivel nacional. Con una infraestructura con capacidad de generar 52-56 gigavatios, en buena parte obsoleta, solo deja el margen de reserva en peligro. Si bien la reserva de energía subió de 6% a 10% en un año, lo recomendable es tener un 10-15%. Durante mayo de 2025, en algunas zonas cayó a 3% en los picos de demanda y olas de calor.
Si bien las ganancias de la CFE subieron un 20%, los costos operativos también aumentaron de 12% a 68% en distintas categorías, lo que se traduce en la rentabilidad erosionada y la necesidad de un mayor apalancamiento, sin contar con la deuda histórica. En 2024, la CFE refinanció recurriendo a CEBURES, liquidez defensiva no ofensiva. Mientras Pemex recibirá miles de millones entre transferencias y bonos. El presupuesto es claro: que se las arregle la CFE como pueda.
Aunque el plan 2025-2030 contempla una inversión de 625 mil millones de pesos a la CFE para aumentar 29 gigavatios a su producción, la demanda ya aprieta, y los proyectos se estiman para 2027-2030. Además, considerando cómo se desarrollaron otros megaproyectos que evidencian la limitada capacidad del Estado para entregar proyectos ambiciosos, como Dos Bocas, con 3 años de retraso, operando al 30% de capacidad y con sobrecostos. Anticipar los mismos resultados para la CFE, es lo inteligente.
Lo grave es que la manufactura que quiere relocalizarse en el país (el nearshoring) necesita una red eléctrica confiable. Proyecciones apuntan a un 4% de incremento en la demanda. La Asociación Mexicana de Parques Industriales documentó que, durante 2023, el 91% de los parques industriales sufrieron apagones, evidenciando la confiabilidad eléctrica.
Mientras, centros de investigación, como Baker Institute y Milken Institute advierten que sin una política de generación e incorporación de energía renovable la demanda adicional del nearshoring no podrá ser satisfecha, frenando el crecimiento económico y la inversión extranjera a nivel nacional.
La caída de activos como la más reciente salida de Iberdrola y la caída de inversión privada en generación eléctrica reducen la capacidad de respuesta rápida que demanda el crecimiento económico. Esto es un síntoma de desconfianza hacia las barreras estructurales que solo frenan el desarrollo eléctrico. Aunque la reforma de 2025 busque la “justicia energética” pretendiendo fortalecer a la CFE, su sobrecarga operativa, el bajo margen de reserva eléctrica y su deuda creciente solo alimentan el riesgo de tener inestabilidad y escasez eléctrica en el país.
La historia se repite: México regresa a su zona segura: el petróleo como símbolo de soberanía. El problema es que el siglo XXI indica que ya no son barriles, sino kilovatios lo que se requiere. Se repite el discurso de los 70’s, invirtiendo en el pasado mientras las oportunidades del futuro —la manufactura, el empleo y la tecnología— nos tocan la puerta. Si la presidenta sigue insistiendo con Pemex, la oportunidad del nearshoring se irá por falta de electricidad, no de petróleo.