Amando López Hernández
El tráfico de armas de fuego es un fenómeno global con marcadas diferencias regionales. Constituye uno de los principales problemas de seguridad. Las armas de fuego contribuyen decisivamente en la violencia, cumplen un papel fundamental en la delincuencia organizada y amplifican la incidencia de los conflictos armados internos. La forma más común del tráfico ilícito es el de armas pequeñas y ligeras (APAL), aunque puede variar de unos contextos geográficos a otros. En América Latina y el Caribe las APAL representan el mayor problema.
La mayoría de las armas de fuego en circulación se han fabricado para mercados lícitos por fabricantes autorizados y el país fabricante a menudo no está vinculado con la corriente ilícita. Sin embargo, en cualquier momento de su ciclo de vida son desviadas a mercados ilegales.
De acuerdo con el Estudio Mundial sobre el Tráfico de Armas de Fuego 2020 (UNODC), México, América Central y del Sur, junto con Asia Occidental, representan más de 80 por ciento de los destinos del tráfico. En enero de este año el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó el informe “Cómo proteger a Estados Unidos del tráfico de armas de fuego”, el cuarto volumen de la publicación “Evaluación Nacional sobre Comercio y Tráfico de Armas de Fuego”, en el cual señala que 74 por ciento de las armas utilizadas en delitos en México provienen de dicho país.
El informe indica que entre 2017 y 2023 se registró un aumento del 63 % en armas rastreadas recuperadas en México que provenían de EU. En 2023, la mayoría de las armas rastreadas y recuperadas en México provenían de Texas (43 por ciento), Arizona (22 por ciento), California (9 por ciento) y Nuevo México. Estas cifras revelan un incremento del tráfico de armas hacia México, especialmente fusilesde asalto utilizadas generalmente por grupo del crimen organizado.
Cabe destacar que el rastreo de armas que realiza la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) del Departamento de Justicia de EU, son de aquellas que fueron vendidas en Estados Unidos y posteriormente recuperadas en México, pero no necesariamente fabricadas en dicho país. Al respecto, de acuerdo con datos de la FGR, del rastreo de las armas se advierte que los principales países de fabricación son Estados Unidos, Alemania, Austria, Bélgica, Italia y República Checa. Estos cinco países europeos exportan las armas a las empresas estadounidenses, quienes las venden en sus diversas armerías.
En prospectiva -en el corto plazo- el tráfico de armas, partes y componentes hacia México podría mantenerse con ínfimas variaciones, en tanto subsistan los factores que lo propician: la regulación para la adquisición de armas en EU, la existencia de grupos criminales con importantes capacidades económicas, logísticas y operativas en México que las compran, y una débil seguridad fronteriza para contener su flujo.
Este escenario representa grandes retos en el marco de la relación actual entre México y Estados Unidos de América. El tráfico de armas está directamente vinculado al tráfico de drogas, por lo tanto, ambos son temas de interés común y responsabilidad compartida, por ende, la mejor forma de contenerlos es a través de la cooperación binacional.
Para México contener el fenómeno representa grandes desafíos como la consolidación institucional en materia de seguridad fronteriza, de inteligencia e investigación criminal. Al respecto, un reto institucional crucial será consolidar las capacidades de la Unidad para la Atención de Delitos Transnacionales de la SSPC, desde la capacitación de los analistas y policías de investigación, hasta su fortalecimiento con capacidades tecnológicas, además de la eficaz coordinación con la instancia ministerial que llevará a juicio los casos que se integren.
Dos grandes aciertos de la actual administración federal, impulsados por el secretario Omar García Harfuch, merecen ser destacados. El primero fue integrar en la estructura de la SSPC una Unidad que, entre otros delitos transnacionales, investigará el tráfico de armas. El segundo, impulsar la reforma de los artículos 84 y 84 Bis de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que modificaron el tipo penal de introducción al territorio nacional de forma ilícita de armas de fuego, el cual si bien no es exactamente igual a la descripción de tráfico de armas establecido en el Protocolo Contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones, que Complementa la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, si cumple con cada uno de sus elementos, sobre todo al considerar como ilícito el tráfico de partes, piezas y componentes de armas de fuego que antes no estaba previsto.
En el marco del esfuerzo del sistema internacional para contener el tráfico de armas, destaca el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA) que busca limitar su desvió al tráfico ilícito, del cual, si bien no es parte EU, fue suscrito y ratificado por México y los países europeos fabricantes y exportadores de armas hacia Estados Unidos.
De las obligaciones establecidas en dicho instrumento destacan dos: la prohibición de trasferencia(exportación) cuando esta supone una violación a las medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad de la ONU sobre embargo de armas, o si en el momento de la autorización tienen conocimiento de que las armas o sus elementos podrían utilizarse para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad, o infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949, (art. 6, TCA); y la evaluación de exportación; mediante la cual los estados antes de autorizar cualquier exportación deberán evaluar de manera objetiva y no discriminatoria, el potencial de que las armas convencionales podrían utilizarse, entre otros supuestos, para cometer o facilitar un acto que constituya un delito en virtud de las convenciones o los protocolos internacionales relativos a la delincuencia organizada transnacional; es decir, que las armas exportadas tengan el potencial de facilitar el tráfico ilícito de armas de fuego hacia otro territorio (art. 7, TCA).
En ese contexto, podría configurarse una violación al TCA por parte de los países europeos que exportan armas a EU, dado que hay suficiente evidencia que soportaría el planteamiento de que sus exportaciones facilitan el tráfico de armas hacia México, debido a que las armas que exportan son vendidas en armerías en la frontera con México, y posteriormente trasladadas ilícitamente a territorio nacional. Esto podría plantearse por vía diplomática ante la Oficina de Desarme en la ONU o ante la Secretaría de la conferencia de las partes, solicitando que estas formulen una consulta ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) o plantear su violación por la vía jurisdiccional ante la propia CIJ. Estas acciones aun cuando podrían no prosperar, pondría el tema en la agenda internacional, haciendo corresponsable de las consecuencias del tráfico de armas hacia México a estos países.
Será tarea de la actual administración federal continuar con los esfuerzos para contener el fenómeno, desde el interior a partir de la consolidación de la estructura institucional, como medidas hacia el exterior por la vía diplomática o jurisdiccional.
*Doctor en Seguridad Internacional y catedrático de la Facultad de Estudios Globales