La sección “Quién es quién de las mentiras” que se presentó en las conferencias matutinas del expresidente Andrés Manuel López Obrador, vulneró los derechos al honor, dignidad y generó un ambiente hostil en la que buscaba desincentivar la crítica, señaló el Tribunal del Poder Judicial de la Federación.
En su resolución, precisó que analistas políticos, como Max Kaiser, quien fue mencionado “de forma denostativa y sin sustento”, en diversas ocasiones en ese espacio, derivado de sus críticas al actuar gubernamental.
“El Tribunal sostuvo que la sección ‘Quién es Quién de las Mentiras’ no podía considerarse un simple ejercicio periodístico o expresiones personales de funcionarios públicos, sino que eran actos de comunicación oficial”.
Prosiguió: “Por tanto, se encontraba sujeta a las obligaciones constitucionales y legales que impiden difundir mensajes discriminatorios, estigmatizantes o contrarios a los derechos humanos”, señaló la organización Consejo Nacional de Litigio Estratégico.
“Quién es quién de las mentiras” carecía de veracidad, señala
El Consejo indicó que dicho tribunal determinó que, si bien el gobierno tiene la facultad de informar al público, “la información compartida a través de esta sección carecía de veracidad, objetividad e interés público”.
“La resolución señala que la información difundida sobre el analista político no se basa en hechos concretos, sino en juicios y valoraciones subjetivas”, destacó.
Comentó que la resolución judicial destacó la utilización de medios oficiales de comunicación para difundir información sobre los críticos y la cual, excedió los límites de la propaganda gubernamental.
Clima hostil para críticos de 4T
En ese contexto, se generó un clima de hostilidad que a su vez podía concretarse en acciones de violencia.
Entre los puntos clave de esta resolución se encuentran:
La identificación de comentarios lascivos y descalificativos en la sección “Quién es quién en las mentiras.”
El uso indebido de redes sociales gubernamentales para atacar a sus críticos.
La falta de rigor y objetividad en la información difundida.
El riesgo de generar un ambiente hostil y propicio para la violencia.
“Con esta decisión, el Tribunal no solo protegió al comunicador social afectado, sino que envió un mensaje firme: las autoridades deben abstenerse de utilizar plataformas oficiales para desacreditar, exponer o deslegitimar a quienes ejercen su derecho a disentir”, agregó el Consejo.
El fallo reafirma que la libertad de expresión no puede ser restringida mediante discursos oficiales que, en lugar de fomentar el debate democrático, buscan desincentivar la crítica.