Leopoldo Maldonado
Con la colaboración de Luis Moreno
El colectivo “Despenalizando la palabra”, integrado por organizaciones, activistas y redes de derechos humanos, busca eliminar del Código Penal de Nuevo León los llamados delitos contra el honor: difamación, calumnias e injurias. Son pocas las entidades que aún los mantienen, pero su vigencia es un lastre para la libertad de expresión. Estas figuras han servido, sobre todo, como herramientas de censura y de intimidación contra voces críticas, periodistas y ciudadanos que ejercen su derecho a opinar.
Como lo hemos señalado en días recientes con el recién aprobado delito de “ciberasedio” en Puebla, el derecho penal es el ámbito más severo de la Ley y utilizarlo para resolver conflictos relacionados con la opinión pública es problemático. En lugar de proteger derechos, estas normas generan abusos, inhiben el debate democrático y ponen en riesgo a quienes hacen de la palabra su herramienta principal.
Los organismos internacionales han sido claros al respecto. Tanto la ONU como la Comisión y la Corte Interamericanas han recomendado —y en algunos casos sentenciado— que el uso de sanciones penales para castigar expresiones críticas constituye una violación a la libertad de expresión. El propio Comité de Derechos Humanos de la ONU, en el caso de la periodista Lydia Cacho, pidió al Estado mexicano eliminar estas normas por considerarlas contrarias a los derechos humanos.
El contexto nacional vuelve aún más urgente este debate. En México, la prensa es agredida en promedio cada 14 horas. Una ciudadana fue obligada recientemente a disculparse públicamente durante 30 días con una Diputada por comentarios hechos en redes sociales. Cada tres semanas se abren procesos judiciales con el mismo objetivo: amedrentar y callar. En contraste, nueve de cada 10 agresiones contra periodistas permanecen en la impunidad. En este escenario, mantener delitos que criminalizan la palabra es añadir otra trampa en el camino de la libertad.
Los datos en Nuevo León confirman esta realidad. Durante el evento “Despenalizando la palabra” que tuvo lugar el miércoles en el Tecnológico de Monterrey —un espacio académico que dio aún mayor relevancia y simbolismo a la discusión—, el propio Vicefiscal del estado reconoció que existen más de 50 mil denuncias acumuladas en cuatro años por calumnias, injurias y difamación. La cifra habla por sí sola. En lugar de resolver conflictos legítimos, estas disposiciones alimentan la saturación del sistema penal y perpetúan una cultura punitiva que desvía recursos de los delitos realmente graves.
Desde el colectivo “Despenalizando la palabra” también hemos insistido en la necesidad de reformar la Ley de Profesiones, que todavía exige cédula y título para ejercer el periodismo en Nuevo León. Esta visión restrictiva choca con los estándares internacionales y con lo que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido: que el periodismo debe entenderse de manera amplia y funcional, pues es una labor esencial para la vida democrática.
Despenalizar la palabra no significa impunidad, sino reconocer que el debate público debe resolverse en el terreno de las ideas, no en los tribunales penales. Es apostar por una democracia más fuerte, donde disentir no sea un delito y donde el periodismo y la ciudadanía puedan ejercer con libertad el derecho a decir, preguntar y denunciar. Derogar estas normas es un acto de coherencia democrática y de justicia con quienes todos los días arriesgan su voz para que la verdad no quede en silencio.
1 Accionario, Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Amnistía Internacional, Artículo 19, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, Consejo Cívico de Instituciones de Nuevo León, Comité Ecológico Integral, Huaperros, Iniciativa Manifiesta tu Ciudadanía, México Evalúa, Propuesta Cívica, Red de periodistas del Noreste, Verificado MX, Zihuame.