Yvonne Reyes
Representantes empresariales, de la industria de la construcción, del sector energético y diputados federales reconocieron la necesidad de los distintos sectores productivos del país participen en el financiamiento, desarrollo y operación de la infraestructura estratégica para el país, en beneficio de todos los mexicanos.
Lo anterior se acordó al darse a conocer las conclusiones del Foro de Análisis de la Ley de Infraestructura para el Bienestar, organizado por la Cámara de Diputados.
Al respecto, el vicecoordinador de la fracción parlamentaria de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, destacó que la nueva propuesta legislativa busca “superar la limitación de esa inversión que solamente se coloca en autopistas y en energía, para ampliarla a lo que denominamos infraestructura para el bienestar.
“Estamos proponiendo la derogación de la legislación relacionada con las asociaciones público-privadas. Esta nueva iniciativa que presentamos se hace cargo de muchas deficiencias, de las virtudes de los proyectos ejercidos con anterioridad. Queremos superar la limitación de esa inversión que solamente se coloca en autopistas y en energía, para ampliarla a lo que denominamos infraestructura para el bienestar”, explicó.
Ramírez Cuéllar destacó que lo que se pretende garantizar el derecho de todos los mexicanos y mexicanas a tener una infraestructura que dé bienestar, “para que junto con el fortalecimiento de los ingresos de las familias y los programas […] sea el punto fundamental del mejoramiento de nuestro nivel de vida, de una posibilidad de un desarrollo mucho más integral”.
Reconoció que el reto que persiste es el crecimiento de la economía en el país, por lo que no se prevé la creación de nuevos impuestos, sino fortalecer la eficiencia recaudatoria y la inversión.
Por su parte, Jorge Alarcón, del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México, recordó que en el foro realizado en Toluca se estableció un diálogo para poder generar y aportar propuestas que habiliten la participación directa del sector privado en la capitalización, financiamiento, desarrollo y operación de la infraestructura estratégica para el país.
En tanto, Arnulfo Martínez Sánchez, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en el Estado de México señaló que la iniciativa permitirá “igualar el piso, poder dar condiciones aceptables en toda la república, en cualquier latitud de nuestra República Mexicana, poder llevar los servicios básicos y necesarios para la población.
“Esta nueva disposición, esta nueva propuesta de ley, tiene controles muy, muy indispensables en la cual la rectoría del Estado es fundamental, y esto le va a dar la garantía de que todos los proyectos que se lleguen a consolidar a través de esta inversión mixta, de la participación privada, tendrán la rectoría del Estado”, apuntó.
Carlo Hebert Carranza, abogado especialista en Financiamiento de Proyectos y Corporativo, destacó que uno de los ejes centrales de la ley es garantizar “los valores sociales y el acceso universal a la infraestructura”.
Propuso establecer métricas de cumplimiento que aseguren que este principio se concrete en los proyectos, además de contemplar incentivos para propuestas no solicitadas de inversión privada.
En materia energética, el ingeniero Juan Acra López, presidente del Consejo Mexicano de Energía, apuntó que el éxito de la reforma dependerá del “diálogo informado, plural y propositivo entre todos los actores del sector”, y resaltó la importancia de dar certeza jurídica para atraer inversión.
Mientras, la especialista Valeria Vázquez Maule afirmó que “no habrá justicia energética sin desarrollo económico, y no habrá desarrollo económico sin infraestructura para el bienestar”, subrayando la necesidad de garantizar acceso a la energía en todos los hogares del país.