Rodrigo Morales M.
El escándalo del huachicol fiscal y la cantidad de ramificaciones que se dan a conocer todos los días nos hablan, sin duda, del desvío de recursos más cuantioso que el gobierno mexicano ha sufrido en su historia reciente.
Y no es sólo un asunto del monto monetario que se presume, tiene que ver también con la cantidad de personas e instituciones involucradas para que el negocio prosperara. Crimen organizado, empresarios, instituciones armadas, funcionarios públicos, personajes de los partidos políticos, agentes extranjeros, en fin, no faltó casi nadie en la mixtura que ha hecho posible todos estos años el próspero negocio del huachicol.
Es tal la cantidad de agentes e instituciones involucrados, que lo que alarma es la incapacidad de las agencias gubernamentales para alertar, avisar, prevenir, ya no digamos combatir la sangría que se llevó a cabo a las finanzas públicas. El caso es tan multitudinario, en personajes, instituciones y ahora -además- en informantes, que ya no da para exhibir a unos cuantos chivos expiatorios y que ello explique el negocio.
La capacidad de penetración de la delincuencia y la permeabilidad del gobierno nos hablan de un problema mayúsculo. Sin duda hay que celebrar que se siga adelante con las averiguaciones, que haya nuevas detenciones y revelaciones, pero hay que alertar sobre dos o tres asuntos que pueden nublar el optimismo.
El primero es que esta crisis de corrupción no llega en el mejor momento del país para combatirla. Toda la institucionalidad creada y pensada para combatir e inhibir la corrupción ha sido sistemáticamente desmantelada. Bajo la premisa de que quienes militaban en el obradorato no eran iguales, y por tanto salían sobrando los controles del pasado, se fue derruyendo todo el entramado institucional para potenciar la rendición de cuentas y combatir de manera efectiva la corrupción. Desde las ruinas de la transparencia será difícil entregar resultados creíbles.
Por otra parte, el nuevo Poder Judicial hoy no es precisamente la fuente de mayor legitimidad y credibilidad. Es alto el riesgo de que la combinación de impericia y cooptación del Poder Judicial hagan que los juicios relacionados con el escándalo del huachicol carezcan de la contundencia jurídica que merece un caso como este.
Finalmente, diversos analistas han planteado que hoy la presidenta enfrenta el dilema de intentar un control de daños o ir a fondo. Discrepo, para mí no es una disyuntiva, su obligación como jefa de Estado es velar por la integridad de la república. Pretender una negociación en clave política es abdicar a la oportunidad que tiene para recuperar los mínimos estándares de convivencia civilizada; aplicar la ley, y que quienes resulten responsables paguen las consecuencias de sus actos, abre la posibilidad de ir recuperando de a poco amplios territorios, físicos y sociales, que hoy están minados. Aquí sí, la ley es la ley.
Si opta por lo primero quizá habrá logrado una solución pragmática para su grupo político, lo segundo en cambio es ofrecerle al país un nuevo horizonte para su reconstrucción. Reitero, no debiera haber disyuntiva.