Daniel Flores
Tras la escasez de agua que se ha presentado en varias regiones del país y la sobreexplotación de los mantos acuíferos, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) emprendió una revisión minuciosa de los más de 560 mil títulos de concesión de agua que se encuentran vigentes en la actualidad.
Una de las principales demandas de la ciudadanía y de diversos sectores ha sido revisar cada una de las concesiones otorgadas por el Gobierno federal a particulares y empresas para la extracción y consumo de agua, debido al déficit de este servicio en varios estados de la República Mexicana.
Desde el sexenio pasado, la gestión federal se comprometió a revisar a fondo este tema, pues existen múltiples denuncias de sobreexplotación de los mantos acuíferos, ríos y otros cuerpos de agua por empresas trasnacionales e incluso particulares y autoridades de los tres niveles de gobierno.
Óscar Zavala, subdirector general jurídico de la Conagua confirmó a Reporte Indigo que se han identificado anomalías graves, como el uso de concesiones agrícolas para alimentar desarrollos inmobiliarios, títulos domésticos utilizados por industrias e incluso grandes volúmenes de agua industrial ocultos tras concesiones municipales.
“Hemos encontrado expedientes incompletos y títulos expedidos sin que hubiera una solicitud formal. Estamos revisando una por una cada concesión, porque solo así se puede determinar si existe una irregularidad o no”, detalló el funcionario federal.
Omiten renovación de títulos
De acuerdo con datos oficiales, existen más de 163 mil títulos sin vigencia debido a que los concesionarios no realizaron en tiempo y forma la renovación de la concesión, lo que ha ocasionado un “boquete administrativo”.
Organizaciones civiles y diversos sectores de la población han alertado que, en el pasado, la Conagua otorgó permisos de explotación de mantos acuíferos y cuerpos de agua con vigencias de hasta 20 años, lo que generó un consumo exorbitante por varios particulares, corporativos y hasta gobiernos locales y estatales.
Por ello, Zavala detalló que el proceso de revisión se realiza de manera abierta y con apego a la legalidad, a fin de atender los problemas administrativos detectados y sancionar los casos irregulares.
Un proceso, indicó el subdirector general jurídico de la Conagua, es clave para evitar el uso indebido del agua y garantizar que el recurso se destine de manera equitativa y en apego a la ley.
“Vivimos en un verdadero laberinto legal. Por ello, todas las propuestas son bienvenidas y se analizan para incorporarlas, en la medida de lo posible, en el proceso de mejora normativa”, externó Zavala.
En tanto, la Conagua ha informado que emitirá el cuarto Acuerdo de Facilidades Administrativas, que busca incentivar la regularización voluntaria de los concesionarios.
Esto, a diferencia del último acuerdo —considerado un fracaso por falta de claridad— el nuevo instrumento será más preciso y ofrecerá beneficios a quienes actualicen sus títulos, según lo expuesto hasta el momento.
Aumenta número de concesiones de agua
Mientras tanto, en los últimos 25 años, la Conagua ha otorgado 427 mil 668 títulos de concesión en todo el país, de acuerdo con información entregada a este diario vía solicitud de transparencia.
Es decir, un incremento de más de 100 mil títulos respecto a 2010, cuando se registraban 322 mil 430 concesiones, y casi 170 mil más que las reportadas en el año 2000, cuando el conteo ascendía a poco más de 260 mil 851 registros.
De acuerdo con el Gobierno federal, una concesión es el documento otorgado por la Conagua que autoriza a las personas físicas o morales para usar las aguas de ríos, lagos, presas, pozos o norias de todo el país.
Ley General de Aguas, estancada por 13 años
A pesar de los problemas que tiene el gobierno en materia de agua, sigue sin promulgarse la Ley General de Aguas en México, la cual lleva 13 años en la congeladora por el Congreso de la Unión.
En distintas Legislaturas, diferentes organizaciones especializadas en derecho al agua han solicitado dar celeridad a esta normativa que se encuentra estancada, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores.
De ahí la urgencia de retomar el tema, pues funcionarios de la Conagua y especialistas de este tema han expresado la necesidad de contar con un marco jurídico actualizado que establezca sanciones para los delitos hídricos, el acaparamiento de este recurso e incluso se regule con claridad el régimen de concesiones y el papel de la iniciativa privada.
Dejar de “satanizar” a la industria
Francisco Núñez, titular de la Coordinación Nacional de la Industria del Agua de la Secretaría de Economía, sostuvo que México no podrá resolver su crisis hídrica si continúa administrando el recurso “con creencias y datos de papel”.
El funcionario insistió en colocar a la industria como un actor activo de la solución —no como un adversario— y a reordenar la gestión con tres pilares: planeación con información confiable, modernización tecnológica y certidumbre jurídica que premie el buen desempeño.
Núñez recordó que la gestión del agua en la actualidad no puede reducirse al “cumplimiento formal” de una norma desactualizada, pues a su consideración, la ley debe responder a las necesidades concretas de la industria, los municipios y los estados.
Por ello, la falta de datos precisos constituye otro de los grandes problemas que se enfrentan, explicó el funcionario de la SE, quien agregó que no existe un balance claro sobre cuánta agua consume la agricultura o, en su caso, la industria o la iniciativa privada.
“La tecnología existe y está disponible, pero pocas veces la aplicamos de forma adecuada a lo hídrico. Modernizar implica censar, monitorear y controlar flujos en tiempo real, detectar anomalías y pérdidas, y evaluar la efectividad de las acciones con criterios técnico-financieros”, precisó.
Núñez también aclaró que la crisis hídrica es, en buena medida, una crisis de información, de contaminación y de ineficiencia en la distribución, almacenamiento y extracción.
“La industria debe convertirse en agente de cambio”, resumió, “y el Estado, en un facilitador que quite piedras del camino”. Ante ello, aseguró que desde la Secretaría de Economía impulsan acuerdos entre empresas y autoridades para contabilizar y valorizar el agua tratada, así como promover tecnologías de censado y control que reduzcan pérdidas en redes y procesos.
¿Quién tiene más permisos?
De este universo de concesiones de agua, sobresale un municipio veracruzano por contar con el mayor número de títulos para explotación de los recursos hídricos del país.
Se trata del Ayuntamiento Constitucional de Las Choapas, ubicado en el estado de Veracruz, el cual tiene el mayor número de permisos de consumo de agua bajo títulos de concesión.
Esto, de acuerdo con una revisión de la base de datos de la Gerencia del Registro Público de Derechos de Agua, adscrita a la Subdirección General de Administración del Agua de la dependencia federal, la cual señala que es la autoridad con el mayor número de concesiones de agua, tras una solicitud de transparencia de Reporte Indigo.
Y es que tan solo este gobierno municipal cuenta con 729 títulos de agua, de acuerdo con los registros oficiales de la Conagua con corte a mayo de este 2024. Lo que lo convierte en la autoridad con mayor número de concesiones a nivel nacional y por encima de otros municipios o dependencias.
De acuerdo con el sitio del Gobierno federal, Data México, la población de este municipio en Veracruz hasta 2020 se calculó en poco más de 81 mil 080 habitantes.
Mientras que la dependencia federal que acapara el mayor consumo de agua en el país por parte de concesiones que otorga la Conagua es la Comisión Federal de Electricidad (CFE) denominada como “Generación 1”.
Los delitos hídricos
Además de la escasez de agua, el Gobierno federal se ha enfrentado a un alza de los delitos llamados hídricos, es decir, aquellos que atentan contra este servicio público o el acaparamiento de este líquido.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha detectado prácticas ilícitas como la perforación de pozos clandestinos o el desvío de caudales, además del acaparamiento del agua en varios estados del país.
En el Congreso de la Unión, se han presentado diversas iniciativas para combatir el “aguachicoleo”, pues datos del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua revelaron que entre 2019 y 2022, se descubrieron más de 131 mil 600 tomas clandestinas en 239 municipios de México.