Carla Humprey Jordan
Uno de los componentes básicos de todo sistema democrático como el nuestro, es la diversidad de opiniones, de posicionamientos y diferencias, tan es así que en elecciones las y los ciudadanos que asisten a emitir su voto lo hacen por distintas opciones que van desde la elección de candidatas o candidatos de su preferencia, partidos políticos, coaliciones e incluso, hasta la opción si así es su intención, de anular su voto.
Así es la democracia, diversa y plural. Por ello, desde la conformación del otrora Instituto Federal Electoral (IFE) con la reforma de 1990 hasta el actual Instituto Nacional Electoral (INE) creado con la reforma en materia político electoral en 2014, en su Consejo General, máximo órgano de decisión, confluyen consejeras y consejeros que, junto con las y los representantes de los partidos políticos nacionales y del Poder Legislativo, analizan y determinan diversas temáticas en torno a la organización de los procesos electorales y ejercicios de participación ciudadana a través de la emisión de opiniones, criterios y determinaciones en donde, en algunos casos, las y los consejeros electorales, los únicos que poseen además de voz, voto, aprueban por unanimidad, por mayoría o de plano rechazan diversos proyectos presentados en este órgano colegiado.
El Consejo General es la herradura de la democracia en la que se toman las decisiones más importantes que dan vida no solo a la organización y desarrollo de los procesos electivos que se registran a lo largo y ancho del país, también, es el espacio en donde se analizan las mejores condiciones para contar con una democracia plena, con todas las condiciones materiales, presupuestales y logísticas que son propias de los procesos electorales.
En este contexto, la colegialidad, la diversidad de opiniones, de propuestas y contrapropuestas son propias de un órgano deliberativo como el Consejo General del INE, en el que convergen los diversos actores políticos que se constituyen como las expresiones legalmente registradas de la sociedad.
Además, algo que ha caracterizado al INE es que sus decisiones son independientes, ya que como organismo autónomo solo está del lado de la ciudadanía para ofrecerle las mejores condiciones para que ejerza su derecho al sufragio y ejerza sus derechos políticos y electorales.
En este contexto, llama la atención que el Órgano Interno de Control (OIC) del INE notificara el inicio de un procedimiento administrativo respecto a una denuncia del año 2021 contra consejeras y consejeros de este órgano colegiado por su decisión libre, independiente, que aunque no compartí, de posponer la organización de la Revocación de Mandato, en virtud de la falta de los recursos presupuestales necesarios que eran indispensables para llevar a buen puerto este proceso.
El INE y su Consejo General en sus más de 30 años de vida siempre se han conducido de la misma manera: basados en el intercambio de opiniones, en el análisis de rutas y posibilidades de mejora, bajo la construcción constante de una institución que, a lo largo de estos años ha logrado ser un referente importante de la confianza ciudadana, y lo ha obtenido gracias justamente a su colegialidad, transparencia y máxima publicidad en su toma de decisiones.
Asimismo, en un Estado de Derecho como el nuestro, todos los actos de la autoridad nacional electoral son analizados y revisados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo que inyecta de legalidad y transparencia su andar institucional.
Por todo lo anterior, el INE no puede ser un ente en el que sus opiniones o determinaciones tengan como resultado amenazas, persecución política o administrativa ya que no solo se afectaría a una Institución o a sus integrantes, sino a todo el andamiaje que ha permitido la renovación constante y pacífica del poder público y con ello, la confianza de la ciudadanía en participar en elecciones y ejercicios de democracia directa.