Álvaro Delgado Gómez
La buena suerte de Adán Augusto López Hernández cambió radicalmente hace un año, el 1 de octubre de 2024: Ese día, tomó posesión Javier May como Gobernador de Tabasco y su primera decisión fue ordenar a la Fiscalía investigar al grupo criminal “La Barredora” y sus ramificaciones mafiosas encabezadas por el jefe policiaco Hernán Bermúdez Requena. Ese día, también, se inició el derrumbe del grupo político priista que se instauró hace tres décadas en el estado para aniquilar a Andrés Manuel López Obrador, liderado por Roberto Madrazo y Manuel Gurría Ordóñez, que luego penetró a Morena de tal manera que el nieto de éste, Manuel Gurría Reséndez, es ahora Diputado local de ese partido y perfilado para gobernador en 2030.
Gurría Reséndez hace cinco años no logró como priista una diputación local en Tabasco, pero repentinamente apareció como candidato suplente de Carlos Enrique Iñiguez Rosique, a quien sustituyó hace un año cuando este personaje conocido como “Caliche” solicitó licencia para convertirse en el poderoso secretario particular de López Hernández como coordinador en el Senado y también muy ligado a Bermúdez Requena y a su hermano Humberto, a su vez socio del Senador en negocios inmobiliarios y franquicias de alimentos.
Todo el mundo lo sabe en Tabasco y en México: Aunque no termine judicialmente implicado y en la cárcel, porque no es remoto que Bermúdez Requena se asuma como el líder máximo de la organización criminal y de la sociedad con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), López Hernández tiene una responsabilidad política por haberlo nombrado como Secretario de Seguridad Ciudadana y luego haberlo respaldado como Secretario de Gobernación, en una amistad que inició en 1992, cuando el policía llegó a Tabasco de la mano de Jaime Lastra Bastar, actual Diputado federal de Morena, a su vez invitado por Gurría Ordóñez como Gobernador sustituto de Salvador Neme Castillo, destituido por Carlos Salinas de Gortari porque no frenaba a López Obrador.
Estas ramificaciones políticas son importantes para entender cómo el grupo político de Gurría Ordóñez, vinculado estrechamente a Carlos Hank González —el mismo que decía que un político pobre es un pobre político— penetró a Morena con López Hernández, a tan punto que éste como Gobernador de Tabasco acogió a los expriistas, mientras que cerró el paso y hasta persiguió a fundadores de Morena que venían en la lucha desde 1988, entre ellos May y Ramiro López Obrador, hermano del expresidente que es Secretario general de Gobierno.
Pero la afectación al grupo político de López Hernández por la captura y procesamiento de Bermúdez Requena no sólo no se limita a Tabasco, donde mantiene la mitad del Consejo Estatal de Morena, sino a muchos estados del país donde estableció relaciones para ganar la candidatura presidencial, en 2023, con un despliegue de recursos propagandísticos y económicos, cuyo origen siempre se presumió oscuro.
Prosélitos de López Hernández siguen actuando en Morena en estados como Michoacán, Chihuahua, Aguascalientes, Tamaulipas, Sinaloa, Baja California, Sonora, Chiapas, Veracruz, Jalisco, sobre todo para buscar competir por cargos en las elecciones intermedias de 2027, pero el declive político del exsecretario de Gobernación también los afecta, hasta el punto de que ya diseñan una fuga hacia adelante para que el derrumbe no los aplaste del todo.
El testimonio de Bermúdez Requena y el de todos los implicados en el grupo criminal “La Barredora” harán más potente el escándalo que buscará ser capitalizado por la oposición a Morena y a la Presidenta Claudia Sheinbaum, pero lo fundamental es que queden debidamente esclarecidas las responsabilidades penales y políticas para que no se repitan fenómenos análogos en el futuro.
A diferencia de Felipe Calderón con el narcotraficante Genaro García Luna, su mano derecha, fue el Gobierno de Tabasco y luego el Gobierno federal el que inició las investigaciones sobre Bermúdez Requena y “La Barredora”, hace exactamente un año, cuando Adán Augusto tenía un mes de haber asumido como coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, uno de los poderes del Estado.
Si López Hernández como jefe político de Tabasco designó como máximo comandante policiaco a quien fundó un grupo criminal desde el Gobierno, aun sin su consentimiento ni complicidad, no puede seguir ostentando la responsabilidad de autoridad en el Congreso, a riesgo de afectar un proyecto nacional.
El propio López Hernández, como político profesional que es, sabe que él ya representa un pasivo para la Presidenta Sheinbaum, quien llega a su primer año de Gobierno, el 1 de octubre, en la misma fecha en que se iniciaron las investigaciones en Tabasco sobre “La Barredora” y el inicio del derrumbe del grupo político de López Hernández en Morena y que viene del viejo PRI.