México Evalúa/ Jorge Cano
La demanda social por mayor seguridad crece año tras año. De hecho, está a la cabeza de las preocupaciones más urgentes de la ciudadanía. Sin embargo, al mismo tiempo, los recursos federales para fortalecer a las policías locales se han reducido de forma drástica. Hay una contradicción profunda en esta conducta del presupuesto federal, y no es algo nuevo…
La historia de los subsidios para seguridad y prevención es un testimonio de cómo las prioridades presupuestales pueden desvanecerse con el tiempo. En 2014, los gobiernos locales alcanzaron su máximo histórico y recibieron de la Federación 18.5 mil millones de pesos. Hoy la realidad es muy distinta. Para 2026, los subsidios federales en seguridad y prevención sumarán apenas 2.1 mil millones de pesos.
Estamos ante una caída del 88% respecto a 2014. Son 16.4 mil millones de pesos menos en un contexto de violencia persistente y crecientes demandas sociales. Lo que antes permitía contratar, capacitar y equipar policías o desplegar programas de prevención, hoy apenas alcanza para proyectos marginales.
En 2014 el dinero se distribuía a los gobiernos locales principalmente a través de tres programas: el Subsidio a la Seguridad Pública Municipal (Subsemun), que apoyaba a más de 280 municipios con capacitación, equipamiento y profesionalización policial; el Subsidio para la Policía Acreditable, que impulsaba la creación del mando único en los estados; y el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (Pronapred), enfocado en atender factores de riesgo en comunidades vulnerables. Estos fondos apuntalaban capacidades locales en un país donde la seguridad se juega, sobre todo, en el territorio.
El recorrido de tales programas muestra la magnitud del retroceso. En 2016, el Subsemun fue reemplazado por el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), que si bien apoyaba a unos 300 municipios, lo hacía con un presupuesto menor. Ese mismo año desapareció el Subsidio para la Policía Acreditable sin un sustituto. El Pronapred también se quedó en el camino. En 2021, el Fortaseg se extinguió, dejando a los municipios sin apoyos federales directos durante dos años.
En 2023 surgió el Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (Fofisp). A diferencia de sus predecesores, que focalizaban recursos en los municipios con mayor incidencia delictiva, este fondo distribuye los apoyos entre los 2,478 municipios del país, según su número de habitantes. El problema es evidente: con un presupuesto de apenas 1.2 mil millones de pesos en 2026, los recursos se diluyen al grado de perder capacidad real de transformación. Un esquema que busca ser general termina siendo irrelevante frente a necesidades crecientes.
Existen además otros programas en paralelo, como el Subsidio para la búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas (699.5 millones) y el Programa para la Prevención y Detección de las Violencias Feminicidas y la Atención de las Causas (277 millones). Aunque indispensables por su naturaleza, no compensan el vacío dejado por los antiguos fondos. En conjunto, apenas suman una fracción de lo que antes se destinaba para enfrentar la inseguridad desde lo local.
Este análisis no incluye los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) ni del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun). La razón es clara: ambos fondos están blindados en la Ley de Coordinación Fiscal, por lo que no reflejan si hay o no voluntad política de fortalecer a las policías civiles. Más bien forman parte de transferencias obligatorias que año con año reciben los estados y municipios. El foco de este artículo son los subsidios discrecionales, pues en ellos se observa con nitidez la decisión —o su falta— de apuntalar a las instituciones de seguridad locales.
Tampoco se consideran los presupuestos de la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional. Aunque han crecido en los últimos años, sus recursos están destinados a cuerpos militares que no sustituyen a las policías locales ni municipales, y cuya efectividad en tareas de seguridad civil ha demostrado ser menor. Simplemente, en 2024, las policías locales realizaron el 97.7% de las puestas a disposición (420,419 casos). La Guardia Nacional, que pertenece a la Defensa, menos del 3%, de acuerdo al Censo Nacional de Seguridad Pública Federal y Estatal, del INEGI. Incluirlos en la cuenta distorsionaría el análisis.
En este sentido, es evidente que los subsidios a la seguridad de los estados y municipios que se entregan de forma voluntaria desde la federación, han dejado de ser prioridad en la agenda de financiamiento federal. Los recursos existen, pero la voluntad política para fortalecer a quienes están en la primera línea de respuesta es cada vez más escasa. La seguridad pública sigue siendo el principal problema para la población, pero los presupuestos federales avanzan en dirección contraria.
Esta brecha entre lo que preocupa y lo que se financia es, quizá, la más peligrosa de todas.