Alvaro Aragón Ayala.
Si el gobierno federal no hubiera investigado a fondo el uso/aplicación del presupuesto de la Universidad Autónoma de Sinaloa y la operatividad de su estructura académica, laboral y administrativa, la Secretaría de Educación Pública no tuviera elementos para ejercer ninguna presión a la institución ni para obligarla a que realice cambios profundos. Exacto: es a partir de los resultados de, no de ocho, sino de once auditorías externas, que la SEP utiliza esa información para coaccionar a los directivos de la Casa Rosalina con el propósito de que emprendan un proyecto de Reingeniería Integral, de alto calado, y modifiquen su “sistema” de pensiones-jubilaciones si es que quieren obtener recursos adicionales para pagar el aguinaldo y las quincenas de diciembre y poner a salvo la jubilación dinámica.
¿En qué soporta el Subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí, las medidas de apremio contra la UAS y la exigencia para que encauce reformas y construya un modelo, en la figura de Fondo o Fideicomiso, que impida que la carga del pago de la jubilación dinámica recaiga totalmente en el presupuesto universitario? Sin duda, sin ninguna objeción, la sostiene en los dictámenes de las últimas once auditorías externas aplicadas por la ASF a la Casa Rosalina, arqueos que, aparte de verificar el gasto del subsidio, se utilizan para revisar y confirmar que las operaciones de la institución se ajustan a los estándares, regulaciones y a la normativa. Averigua si se apegan o no a la ley.
Los efectos de esas auditorías ahí están: del 2015 a la fecha, la Auditoría Superior de la Federación en el ejercicio de sus investigaciones contables-administrativas-laborales-financieras, detectó “puntos débiles”, errores e irregularidades en el pago de la jubilación dinámica, prestación que no es apoyada financieramente por el gobierno federal, que no está incluida en el subsidio universitario, y que generó, basándose en ese hallazgo, la formulación de recomendaciones para corregir esa falla: necesariamente se tiene que institucionalizar un Fideicomiso con aportaciones de los trabajadores en activo y jubilados.
Ricardo Villanueva Lomelí tomó la determinación para coaccionar a la UAS, para exigirle una reforma y la creación de un Fideicomiso o Fondo Pro-Jubilación, basándose en los datos duros de los arqueos contables de la Auditoría Superior de la Federación. El Subsecretario de Educación Superior (SEP) analogó el pago de la jubilación dinámica a una nueva modalidad de la “estafa maestra” porque quienes la perciben ya cuentan con una pensión del IMSS, para la cual cotizaron, y reciben la prestación de retiro de la Universidad sin aportar ni un centavo. En su accionar contra la UAS se apoya también en dictámenes de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la propia SEP y en un estudio actuarial de la Universidas realizado por dicha Secretaría.
El funcionario federal determinó, con base en información extraída de las auditorías, a la que agregó el resultado del estudio actuarial de la Subsecretaría de Educación Pública, que la crisis financiera de la UAS, esa que obligó a los directivos de la institución de enseñanza superior a pedir dinero adicional para cerrar el ciclo 2025, para pagar aguinaldos y salarios y las jubilaciones, no es responsabilidad de los directivos, no es culpa del Rector Jesús Madueña. Las auditorías externas aplicadas a la Casa Rosalina, que contienen, además, todas las ejercidas a la actual administración, no arrojaron desvíos, malversación de fondos ni ningún acto de corrupción. Los problemas económicos-financieros por los que atraviesa la UAS, son atribuibles, al pago de la jubilación sin sustento financiero.
El PAGO EXTRALEGAL DESDE LA ÉPOCA DE FRANCO
Extralegal, fuera de la ley, pero bondadosa, la jubilación dinámica o vitalicia que aplica la Universidad Autónoma de Sinaloa nació violando los tabuladores del Instituto Mexicano del Seguro Social y la Ley de prestaciones sociales de 1943 y sus reformas de 1973; no derivó de una conquista sindical, sino de una propuesta del Rector Eduardo Franco que puso en la mesa del sindicato para su “acuerdo” y aprobación.
Se trató de una estrategia del Rector para “pacificar” la Casa Rosalina que había heredado corrupción y caos de su antecesor, el ex Rector Arturo Campos Román.
Conocido como “el padre de la Jubilación Dinámica”, Eduardo Franco llegó al alma máter con el apoyo de la Coalición de Fuerzas Democráticas, Progresistas y de Izquierda, para ocupar el periodo 1977-1981. La UAS se convulsionaba. Atravesaba por una aguda crisis y albergaba grupos de universitarios radicales, protagonistas y fundamentalistas, y anidaba activistas de la Liga Guerrillera Comunista 23 de septiembre.
Acababa de nacer el sindicato universitario (académico y administrativos). Para congraciarse con los trabajadores Franco creó en 1979 la jubilación vitalicia con cargo total al presupuesto universitario.
El Instituto Mexicano del Seguro Social, al que están hoy afiliados los trabajadores de la UAS, se fundó en 1943. Con la institución entró en vigencia la primera Ley de prestaciones sociales que después, en 1973, sufrió modificación. En aquel entonces, el gobierno de José López Portillo, estando Fernando Solana Morales en la Secretaría de Educación Pública, y David Ibarra Muñoz en funciones de Secretario de Hacienda, permitió a las universidades públicas que crearan sus sistemas de jubilaciones y pensiones exigiéndoles que se ajustaran al tabulador de la Ley del IMSS de 1943 y que incluyeran modelos de aportaciones o cuotas a un Fondo o Fideicomiso.