Juan Veledíaz
Cuatro años después de que la Marina Armada de México expidió su última Ley Orgánica, ésta será derogada para dar pie a una nueva legislación donde uno de los cambios más importantes es que el Estado Mayor General de la Armada desaparecerá para dar paso a la Jefatura de Operaciones Navales. La iniciativa de reformas enviada por la presidencia de la república el pasado martes 7 de octubre a la Cámara de Diputados, tiene dos aspectos donde no se dimensiona el alcance que tienen. El primero es que se da un paso más en la compatibilidad operativa y de interdicción en alta mar con las fuerzas armadas estadounidenses como socios del Comando Norte (USNORTHCOM). El segundo es el carácter legal a la presencia de marinos en aeropuertos y aduanas, consideradas “instalaciones estratégicas” con lo que se formaliza otra trinchera militar en instalaciones civiles donde las posibilidades de más episodios de corrupción, como los sucedidos el sexenio pasado, se mantienen vigentes en tanto no existan mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas.
La nueva Ley Orgánica de la secretaría de Marina, busca reforzar las acciones en el combate a actos delictivos en altamar, “a través del derecho de visita y persecución en la zona económica exclusiva”, así como operaciones de abordaje, registro e inspección de buques y embarcaciones. Desde el sexenio pasado por medio de la Mesa Redonda de Cooperación Militar Bilateral (BMCR por sus siglas en inglés), se establecieron las llamadas “líneas de esfuerzo” entre las fuerzas armadas mexicanas y el Comando Norte. Esto ha implicado intercambio de tecnología militar, modernización de equipos y buques de guerra. Una de estas líneas que corresponde a la Armada tiene que ver con el conocimiento y “control del entorno”, donde se ha construido una red compatible entre México y Estados Unidos de detección, monitoreo e intercambio de información. También se ha reforzado la capacidad y compatibilidad de las fuerzas especiales de la Armada para contrarrestar amenazas asimétricas como las que representan el crimen organizado y el terrorismo.
En el documento de reformas enviado por el Ejecutivo se menciona la base legal para la participación de marinos en actividades “para la ciberdefensa y ciberseguridad para la conducción de las operaciones militares que se realizan en el ciberespacio”. Estas actividades que ya desarrolla la secretaría de la Defensa Nacional a través del Centro de Operaciones del Ciberespacio (COC) desde el año 2016, estaba limitadas en la Armada por lo que con la nueva ley se podrá hacer uso de todas las capacidades tecnológicas para la compatibilidad logística y operativa con la marina estadounidense. Este aspecto responde al marco estratégico bilateral de defensa con los Estados Unidos, que lleva sus propios ritmos con líneas de tiempo de cinco a 10 años con objetivos específicos que son independientes de los cambios políticos en ambos países.
Una parte importante de esta reforma busca ampliar la base legal para la compatibilidad operativa de la Semar con la Marina de los Estados Unidos. Quizá por ello la creación de una Jefatura de Operaciones Navales apunta a las operaciones integradas, combinadas y de alto impacto, que ya ocurren, pero de las que se conoce poco.