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La muerte materna es la máxima expresión de la violencia obstétrica. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, es aquella que sucede durante el embarazo, parto o puerperio debido a cualquier causa relacionada con estas etapas o agravada por ellas. La medida utilizada a nivel nacional e internacional para identificar su extensión y gravedad es la razón de mortalidad materna (RMM), misma que mide el número de muertes maternas por cada 100 mil nacimientos con vida.
En México, este problema se suma a un contexto de desigualdad estructural en el acceso a los servicios de salud. Como resultado, las entidades federativas con una mayor RMM suelen ser las que presentan mayores índices de rezago social y de población indígena, a saber, Oaxaca, Guerrero, Nayarit y Chiapas.
Una de las fuentes de información pública que permiten analizar este fenómeno en nuestro país son las cifras de mortalidad proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que incluyen características sociodemográficas relevantes.
Considerando que la muerte materna tiene efectos diferenciados en ciertas poblaciones —entre ellas, las mujeres indígenas—, datos como estos son de importancia significativa para erradicarla, pues en el diseño e implementación de políticas públicas se deben tomar en cuenta las múltiples y cruzadas formas de discriminación que enfrentan las mujeres y personas con capacidad de gestar.
A partir de las cifras del INEGI podemos saber que la edad, la escolaridad, la derechohabiencia y el lugar donde ocurrió la defunción fueron aspectos determinantes en la prevalencia de muertes maternas durante el periodo de 2000-2021.
Derechohabiencia
Entre 2000 y 2005 más del 70 % de las muertes maternas correspondió a personas sin acceso a atención médica. A partir de 2003, con la creación del Seguro Popular, hubo una tendencia a la baja de las defunciones de personas sin ningún tipo de derechohabiencia y un incremento de las defunciones de personas cuya derechohabiencia correspondía al Seguro Popular. Si bien el porcentaje de defunciones a partir de 2009 fue mayor para las personas beneficiarias de este programa, su implementación logró reducir, al menos en parte, el total de defunciones registradas en comparación con los años previos a su creación.
En 2020, el Seguro Popular fue sustituido por el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI). Durante los años más críticos de la pandemia por COVID-19, el porcentaje y el total de defunciones de personas sin acceso a atención médica aumentaron de forma considerable.
Lugar donde ocurrió la defunción
La Secretaría de Salud concentró, de forma consistente, la mayor cantidad de defunciones maternas (49 %), seguida por el IMSS (25 %) y las ocurridas en el hogar (8.5 %). Cabe aclarar que la atención que brinda el IMSS es únicamente para personas que cuentan con un trabajo formal o para sus beneficiarias/os; en este sentido, el acceso a la atención de la salud que brinda un trabajo formal es más efectivo para prevenir la mortalidad materna.
Edad y escolaridad
Más del 80 % de las muertes maternas se concentraron en personas de entre 20 y 39 años. La cantidad de defunciones de mujeres con un menor nivel de escolaridad fue mayor que en los casos de mujeres con niveles más altos: equivalente o menor a haber terminado la secundaria, más del 60 %.
Por otra parte, una de cada diez defunciones correspondieron a personas que hablaban una lengua indígena, lo cual es consistente con la distribución de la población indígena en México (9.4 %).
Conocer los contextos y las distintas realidades de las usuarias de los servicios de salud es indispensable para brindar una atención libre de discriminación. Si bien la información proporcionada por el INEGI tiene ciertas limitaciones, contar con datos relativos a las características sociodemográficas favorece el reconocimiento de las necesidades específicas de las mujeres y personas con capacidad de gestar. Sólo con base en ello será posible diseñar e implementar políticas públicas orientadas a reducir y erradicar la muerte materna.
Información más detallada sobre el análisis de esta problemática, así como recomendaciones para atenderla, puede encontrarse en nuestra publicación: ¿Qué dicen los datos públicos? Radiografía de la violencia obstétrica y la muerte materna.