Gerardo Gutiérrez Candiani
Desde hace ya algunos años, en todo el mundo, economistas, líderes empresariales y gobiernos están hablando más y más de política industrial. Sobre todo, después del Covid-19 y ante un entorno con más tensiones geopolíticas y amenazas contra el comercio y las cadenas de suministro internacionales.
No solo emerge como estrategia oportuna ante la inestabilidad: se presenta como una asignatura de supervivencia económica.
En ese contexto hay que entender su revaloración, tras otros tantos años de desconfianza por experiencias contraproducentes y de una inclinación a limitar la intervención gubernamental en la economía; esos vientos a favor de la globalización y el libre comercio de los 90 y 2000 que no son ya los dominantes. Seguramente volverán a soplar, pero hoy, ante los cambios y trastornos sísmicos que dan lugar a una incertidumbre económica radical, el interés en la política industrial tiene sentido.
El Gobierno de México hace bien en darle la importancia que reviste con el Plan México y la colaboración con el sector privado, incluyendo al programa “Hecho en México”, aunque todavía hay más planeación que acciones en implementación como prioridades nacionales.
Máxime con la revisión del T-MEC en puerta, hay que ver con verdadero sentido estratégico lo que está ocurriendo en Estados Unidos y en el mundo. Creo que así se está haciendo desde la Secretaría de Economía, y eso es un buen primer paso.
Es el momento, como lo expone un muy recomendable reporte recientemente publicado por la consultora McKinsey, con un enfoque para empresas: “From protection to promotion: The new age of industrial policy”.
Entre 2017 y 2024, las acciones de política industrial en el mundo aumentaron 390 por ciento, de acuerdo con datos del Global Trade Alert del New Industrial Policy Observatory. McKinsey, para ayudar a ejecutivos a evaluar las oportunidades potenciales, identificó más de 12 mil medidas implementadas en ese periodo por consideraciones geopolíticas en economías grandes.
Este renacimiento de la política industrial fue evidente durante el gobierno de Joe Biden y sus ecos del New Deal de los 30, con iniciativas para movilizar billones de dólares a objetivos como la transición a energías limpias, infraestructura y sectores de avanzada, en particular los semiconductores.
La administración de Donald Trump ha ido cancelando estas políticas, pero es probablemente aún más partidaria de la política industrial. Aunque no la exprese como tal, también trabaja en esa línea con planes sectoriales como el que echó a andar con la criptoindustria o en materia de IA.
Más aún, a pesar de no estar en ninguna ley, la apuesta por la reindustrialización está implícita en la ideología Make America Great Again y su “America First”. Hay una clara concepción mercantilista, priorizando reducir los déficits comerciales, incluso a riesgo de erosionar la fortaleza del dólar y el extraordinario apalancamiento financiero que ha significado para Estados Unidos.
De hecho, eso es algo que Trump ha sostenido desde los 80, cuando se quejaba de la penetración de productos japoneses, y ahora está detrás de la mayor escalada arancelaria en un siglo, lo que ha sumido al mundo entero en la perplejidad.
Históricamente, pocas medidas se han asociado tanto a la política industrial como los aranceles, aunque haya valoraciones divergentes de su costo-beneficio, pues, así como pueden ayudar a empresas locales al aislarlas de la competencia, golpean a muchas más y a la población con escasez o inflación. Como sea, se consideran parte del arsenal y fines de este enfoque. Como lo es, más allá de si hoy es conveniente o viable, buscar que regresen las fábricas que dejaron zonas industriales como el llamado Rust Belt para producir en otros países, sea en China o México, regesen.
Lo cierto es que no se trata solo de retórica o planes. El despliegue de política industrial, explícita o implícitamente, se expande por todo el mundo, tanto en gobiernos de derecha como de izquierda o centro.
Del otro lado del Atlántico, altos funcionarios de las economías de la Unión Europea (UE) están reafirmando llamados y suscribiendo compromisos por una política económica coordinada, y quieren hacerlo con premura, ante lo que ven que pasa en Washington y Beijing.
La UE ya tiene un Green New Deal de altos vuelos, quiere recortar rápidamente rezagos en transformación digital, ha adoptado regulaciones para asegurar el abasto de materias primas esenciales y promover la producción local, y ahora prioriza una reactivación del sector de defensa y quiere aprovecharla para revigorizar la industria.
Tal como ocurre en Asia, donde Corea del Sur tiene su K-Chips Act, mientras China sigue siendo un paradigma de política industrial que no deja de sorprender con nuevos hitos, y en el balance histórico, su éxito formidable. Simplemente hay que ver lo que está haciendo en la industria automotriz.
No es una moda, y en México debemos tenerlo claro, pues estamos muy expuestos, con mucho que perder o ganar en función de la seriedad y la oportunidad con que abordemos este escenario.
De que vayamos más allá de lo declarativo, con visión estratégica y alineación público-privada, así como firmeza en la implementación, depende que, como plantea el Plan por México, elevemos la proporción de inversión respecto al PIB arriba de 28 por ciento a 2030, generemos 1.5 millones de empleos adicionales en manufactura especializada y sectores estratégicos, subamos un 15 por ciento el contenido nacional en cadenas de valor globales como la automotriz, la aeroespacial, la electrónica y la de semiconductores.
No vamos lo rápido que deberíamos, y no hacer lo que corresponde significa el riesgo de una degradación irreparable de nuestra base y competitividad industrial, el sector más sólido de nuestra economía.
Todo empieza por fijar rumbo con compromiso. Fundamento para una política industrial que funcione. Como en la frase atribuida a Séneca: “No hay viento favorable para el que no sabe a qué puerto va”.