Santiago Corcuera Cabezut
El día 21 de octubre de 2025, el Comité contra las desapariciones forzadas, por conducto de su presidente, rindió su informe de labores ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU.
Como parte de dicho informe, el Comité contra las Desapariciones Forzadas, por conducto de su presidente, reportó que en el mes de marzo de 2025 había tomado la determinación de activar el procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada.
Asimismo, informó que, como parte de ese procedimiento, había solicitado al Estado mexicano que proporcionara información relativa a la situación de las desapariciones en México, lo que el Estado mexicano había hecho en el mes de septiembre.
Dicho sea de paso, el Gobierno de México solicitó al Comité que mantuviera dicha información como confidencial y que, por lo tanto, no se hiciera pública.
El presidente del Comité concluyó diciendo que, en su debido momento, se proporcionará información respecto de las diversas etapas del procedimiento. Es decir, el Comité aún no hace pública su decisión sobre si llevará o no la situación de las desapariciones forzadas en México a la atención de la Asamblea General.
Como es costumbre en este tipo de comparecencias, diversos países hicieron uso de la palabra para comentar lo dicho por el presidente del Comité y por la presidenta del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, quien también rindió su respectivo informe ante la misma Comisión y en la misma sesión.
Como era de esperarse, el representante de México ante la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, el embajador Héctor Vasconcelos, hizo uso de la palabra, dado que México tenía la calidad de Estado concernido al haber sido mencionado específicamente por el presidente del Comité.
En su intervención, el embajador Vasconcelos dio continuidad a lo que ya es una constante en la política exterior mexicana desde el gobierno de Felipe Calderón, mantenida por la administración de Peña Nieto y recrudecida durante la incipiente administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Me refiero a la retórica en virtud de la cual se comienza expresando compromiso de cooperación con las instancias internacionales, incluso elogiándolas, para luego descalificarlas e, incluso, insultarlas.
La intervención del representante del Estado mexicano ante la Tercera Comisión de la Asamblea General a la que nos estamos refiriendo no fue la excepción.
Comenzó su intervención indicando que “México reconoce el valioso trabajo del Grupo de Trabajo y del Comité y valora sus contribuciones al fortalecimiento del marco internacional de protección a los derechos humanos”.
Luego, como es costumbre, reiteró su compromiso de cooperación y presumió que México “mantiene un diálogo constante con ambos mecanismos y se ha distinguido por ser uno de los Estados más abiertos al escrutinio internacional”.