Jorge Faljo
Hará un par de décadas le dije a un amigo líder campesino que estaba de acuerdo con su análisis de la situación rural pero no con la idea de plantearle al gobierno demandas “viables”. Por lo contrario, sostuve, hay que enfatizar las demandas “inviables”; las que obliguen a un cambio de modelo para el desarrollo rural. Si mal no recuerdo incluían, por ejemplo, precios de garantía efectivos para todos los productores; fortalecer las compras nacionales de Diconsa, crear una reserva nacional alimentaria integrada con granos básicos producidos en México, y similares. Todas inviables en el contexto del modelo neoliberal.
Con el actual modelo de desarrollo el resultado ha sido desastroso. De las cosechas invendibles por no ser competitivas en precio con las importaciones; de la incertidumbre, falta de rentabilidad y ausencia de inversiones se ha transitado a la mayor dependencia alimentaria de la historia de México. Hoy en día más de la mitad del consumo nacional de granos básicos es importado; un caso extremo ocurre con el arroz en el que más del 80 por ciento del consumo es importado.
El crecimiento de las importaciones de cereales se acelera, las de maíz crecieron de 6 millones de toneladas (mt) en el año 2000 a 18.4 mt en 2022 y a 22.3 mt en 2024, las de trigo crecieron de 3.5 tm en 2010 a alrededor de 6.7 tm en este 2025. De hecho el campo es una muestra de la crisis largamente inducida en que se encuentra toda la producción convencional, sea agrícola o manufacturera, orientada al mercado interno.
El 14 de octubre se llevó a cabo un paro agrícola nacional convocado por una organización relativamente joven, el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (Frente, en adelante). El resultado fue inesperado, productores agrícolas de una veintena de entidades se expresaron cerrando caminos, tomando casetas de peaje, con procesiones de maquinaria agrícola, mítines y demás.
No se puede decir que todos los participantes fueran parte del Frente pero sí que respondieron a su llamado mostrando unidad de propósitos y dando un paso importante hacia el fortalecimiento organizativo. En suma el paro agrícola tuvo una notable resonancia a escala nacional incluyendo a la mayoría de los productores con algún nivel de organización local y regional, básicamente productores comerciales modernos, los más competitivos del medio rural.
El Frente sostiene que el Estado tiene la responsabilidad de proteger la producción nacional de granos básicos. Para ello debe regular las importaciones que inundan el mercado nacional, descapitalizan el campo y profundizan la dependencia alimentaria.
El diálogo entre la administración pública, en particular con la Secretaría de Agricultura (SADER) no ha sido fluido y productivo. Las demandas de los productores no son novedosas pero es hasta el paro nacional que se hicieron oír con fuerza. El secretario de agricultura, Julio Berdegué, tuvo una reunión el 17 de octubre con líderes agrícolas de Jalisco, Michoacán y Guanajuato con los que acordó otra reunión el próximo 27 de octubre.
El lunes 20 de octubre de 2025 cerca de medio centenar de integrantes del Frente de al menos 15 estados tuvieron una intensa deliberación por zoom y lejos de caer en una ruptura interna dieron muestra de unidad al declarar su apoyo a los representantes de Jalisco, Michoacán y Guanajuato para representar al Frente con las siguientes demandas:
Los granos básicos deben salir del TMEC y de la bolsa especulativa de Chicago, precios de garantía de alcance universal y, en particular, garantizar que la próxima cosecha de maíz podrá venderse a 7,200 pesos por tonelada; el manejo del agua debe verse como inseparable de la producción de alimentos, y restablecer una banca de desarrollo y fomento agrícola, con capacidad para emitir créditos a bajas tasas de interés.
En caso de que no obtengan una respuesta favorable a sus demandas diversos líderes integrantes del Frente han anunciado la intención de reanudar los bloqueos, tomas de casetas de peaje y, algunos, señalan la posibilidad de llegar a bloquear las vías de entrada de las importaciones de granos en puertos y fronteras. La movilización del 14 de octubre demuestra que para los productores de granos básicos, a los que se sumaron los de diversas hortalizas y agrupaciones de jornaleros, se encuentra en juego la posibilidad de continuar su vida como productores. La amenaza de nuevas movilizaciones de mayor impacto es creíble, sobre todo porque se han dado cuenta de que su dispersión no es necesariamente debilidad, sino capacidad para ejercer presión sobre gran parte del territorio nacional. Sin embargo en la perspectiva del modelo de desarrollo vigente sus demandas son inviables.
Sacar a los granos del TMEC es una petición razonable, nunca debieron estar incluidos. Lo que el Frente propone es recuperar la soberanía alimentaria, la posibilidad de regular las importaciones y, con aranceles, determinar su precio de venta en México de manera tal que no destruyan la producción nacional. Sin embargo esto confronta directamente el interés de los agricultores y el gobierno de Estados Unidos en un momento en que China les dejó de comprar granos. Hoy les sobra soya, pero en los siguientes años posiblemente diversifiquen su producción y presionen a México para que les compremos todo tipo de productos agrícolas.
No aceptar lo que pide el Frente puede ser mortal para la agricultura mexicana, profundiza la dependencia alimentaria y puede desembocar en ingobernabilidad interna. Sacar a la agricultura del TMEC crea el riesgo de represalias del gobierno de Trump que podrían golpear al sector privilegiado de la economía nacional: la manufactura de exportación.
Otra opción sería darle a la agricultura comercial fuertes apoyos económicos, precios de garantía universales que garanticen mínimos de rentabilidad, crédito barato, apoyos a la comercialización de pequeños y medianos productores y similares. Sin embargo es difícil, por no decir imposible que las finanzas públicas puedan afrontar este gasto tan inesperado como remediar el desastre climático de hace unas semanas.
Si no se puede recurrir al gasto público y no se puede negociar con Estados Unidos una salida del TMEC sin graves represalias, sólo parece quedar una tercera opción; tener una moneda competitiva. Abandonar la defensa de un peso fuerte y procurar una paridad cambiaria en la que el dólar sea lo suficientemente caro para que las importaciones de granos no destruyan la producción interna. Lo que tendría también el efecto de frenar la hemorragia de contrabandos de todo tipo que se originan en la facilidad de comprar barato en dólares y vender caro en pesos.
Cualquier opción favorable a las demandas de los agricultores golpearía el combate a la inflación y a la política de bienestar social en tanto que ambas están basadas en el abaratamiento de las importaciones. Actualmente el combate a la inflación y el bienestar de la población están más asociados al deterioro de la producción que a su fortalecimiento y conducen hacia la desolación del campo.
Sin que sea su intención las demandas del Frente constituyen el Talón de Aquiles del modelo económico y social. Son demandas inviables, a menos que todo cambie; para atenderlas la mejor salida será un peso más barato.