CIEP
La inclusión del Anexo Transversal 31 “Consolidación de una Sociedad de Cuidados” en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2026 marca, en principio, un avance simbólico en México. Por primera vez, el Estado visibiliza un conjunto de recursos, que ascienden a 466.7 mil millones de pesos (1.2 % del PIB), que presuntamente contribuirán al anhelado Sistema Nacional de Cuidados (SNC). Este esfuerzo parece alinearse con el reconocimiento del cuidado como un derecho humano autónomo por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, el análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) revela una preocupante trampa de visibilidad: el anexo es, esencialmente, un ejercicio contable de agrupación de programas existentes, que no implica financiamiento adicional ni la construcción de una estrategia articulada de política pública coordinada.
El problema fundamental radica en la composición del gasto, pues más del 80 % de los recursos se concentran en tres Programas Presupuestarios (PPs): la Beca Universal para Educación Básica Rita Cetina, Servicios de Atención a la Salud del IMSS y la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Si bien las becas y las pensiones son transferencias sociales establecidas y la salud es un componente innegable del cuidado, etiquetar estos programas preexistentes como el núcleo del SNC diluye el verdadero objetivo que es desfamiliarizar y desfeminizar las tareas de cuidado.
Lo que resulta más contradictorio es la situación del gasto en programas con objetivos directamente vinculados a la provisión de cuidados, que son la verdadera palanca para una sociedad del cuidado. En 2026, estos programas enfrentarían una disminución del 18.6 % en términos reales respecto a 2025, a pesar de la creación del Anexo 31. Esta reducción evidencia un retroceso, manifestado en la disminución de PPs como Servicios de asistencia social integral (-96.6 %) y la Atención a Personas con Discapacidad (-3.4 %), o en la fusión de programas como el de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia, cuyo presupuesto específico se vuelve imposible de rastrear.
La eliminación o fusión de programas que tenían objetivos más cercanos a los cuidados genera un panorama que podría agravar la vulnerabilidad de mujeres cuidadoras, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad.
La política de cuidados enfrenta, por tanto, el desafío de ir más allá de las transferencias monetarias y consolidar la infraestructura y los servicios públicos que permitan reducir, redistribuir y remunerar el trabajo de cuidados en todo el país, siguiendo el marco de las “5R” de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Para evitar que esta visibilidad se convierta en simulación, es fundamental que el Estado lleve a cabo una planeación clara que alinee cada peso con metas medibles de igualdad y justicia social, financiando así la política integral y efectiva que el país requiere.