Dulce Alicia Torres Hernández
El 27 de septiembre, mi casa se inundó. La lluvia comenzó alrededor de las 5 pm y, para las 8 pm el agua ya había subido a casi un metro. En minutos, mi familia y yo vimos cómo lo cotidiano se perdía fácilmente: muebles flotando, fotografías empapadas y un sentimiento de impotencia que, estoy segura, compartimos con muchos vecinos. Desafortunadamente, las inundaciones en la colonia donde vivo, en Iztapalapa, son frecuentes. Lo que vivimos aquella noche no fue distinto a lo que atravesaron miles de familias en la Ciudad de México y el Estado de México, ni a lo que sufrirían muchas otras en distintos estados del país días después (incluso con daños más severos). En este texto quiero poner el foco en las víctimas de estos desastres y en la violencia estructural que hay detrás.
De acuerdo con el gobierno de la Ciudad de México, no se había registrado una lluvia tan intensa desde hace 34 años. En Iztapalapa y Tláhuac, las dos alcaldías más afectadas, los censos reportaron alrededor de 2,000 personas damnificadas. Pero el fenómeno no se limitó a la capital: entre el 6 y el 9 de octubre, lluvias torrenciales provocaron inundaciones en Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz, incluso desbordando ríos. Según el portal habilitado por el gobierno federal, hasta el 28 de octubre se habían contabilizado 109 municipios afectados en estos estados, con un saldo de 82 personas fallecidas y 17 desaparecidas.
Poza Rica, en Veracruz, fue el municipio más afectado tras el desbordamiento del río Cazones, liderando el conteo de personas fallecidas en el estado, con 28. Pese a esto, la gobernadora Rocío Nahle calificó el nivel del desbordamiento como “ligero”, asegurando que se trataba de un “efecto de la naturaleza” y, por tanto, culpa de “nadie”. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que “no había ninguna condición científica o meteorológica que pudiera [indicar] que la lluvia iba a ser de [tal] magnitud”. Sin embargo, como se ha señalado en Animal Político, el gobierno federal sí contaba con esa información.
Si bien el cambio climático incrementa la prevalencia de lluvias, inundaciones y desbordamientos, así como la cantidad de basura que obstruye vías públicas y drenajes, lo cierto es que estos desastres no son mera obra de la naturaleza: también son resultado de la violencia estructural.
El pueblo sacando adelante al pueblo
En las ciencias sociales, la violencia estructural se define como un tipo de violencia “invisible”, pues no se distingue a simple vista como la física. Se relaciona con la privación de necesidades humanas básicas debido a la existencia de estructuras sociales inequitativas y un ejercicio del poder excluyente o discriminatorio. Es decir, aborda la injusticia social.
Los niveles de bienestar social, reflejados en factores como la calidad de la vivienda, los ingresos económicos, el acceso a servicios básicos, la seguridad, la educación, la atención médica, la calidad del medio ambiente, la eficacia de la gobernanza, etc., permiten medir cómo algunas comunidades son más vulnerables a la violencia estructural que otras.
Veracruz, por ejemplo, es uno de los estados que atraviesa múltiples carencias. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 51.7 % de su población se encuentra en situación de pobreza. Asimismo, el 45.3 % carece de techos con materiales resistentes en sus viviendas, y el 19.2 % no cuenta con acceso a servicios básicos.
En cuanto a la Ciudad de México, al ser la capital del país, se observa una mejor evaluación en todas las áreas. Sin embargo, hay diferencias claras entre sus alcaldías. Según el Índice de Bienestar Social de la Ciudad de México, Milpa Alta, Xochimilco, Tláhuac, Tlalpan e Iztapalapa son las cinco alcaldías con el menor puntaje de bienestar social, respectivamente. Estas concentran los mayores porcentajes de población con ingresos económicos insuficientes y de rezago tanto en calidad y espacios de vivienda como en servicios básicos.
En el caso de las inundaciones, el propio gobierno federal reconoce que quienes viven en situación de pobreza suelen ser las personas más afectadas por los desastres naturales. Además, la violencia estructural que enfrentan contribuye a su descontento social hacia las autoridades.
Ejemplo de ello es el reclamo de Richard Armando, damnificado de la inundación en Poza Rica:
“Aquí el pueblo lo que está haciendo es [trabajar] unido. Queremos decirle al gobierno que acaba de entrar a esta ciudad que nos apoye, que mínimo meta tantito las manos al lodo… Todos estamos enojados, con ese peso encima de que ‘no podemos hacer nada’. Estas máquinas no vienen de parte del gobierno, vienen de parte de nosotros…”.
De igual manera, la presidenta Claudia Sheinbaum fue recibida con gritos de rechazo durante su visita al municipio: “han pasado tres días”, “de qué me sirve tenerte aquí” … Lo mismo ocurrió en la Ciudad de México, en donde vecinos de Iztapalapa corrieron entre gritos, lodo, piedras y basura a la alcaldesa Aleida Alavez, protestando: “nos dejaste peor”, “las calles ni pavimentadas están” …
Este reclamo, cercano al hartazgo, se multiplica con las varias trabas burocráticas que enfrentamos las víctimas tras los hechos, pues usualmente la entrega de apoyos económicos o materiales viene acompañada de eventos políticos en donde la autoridad aprovecha para buscar visibilidad y presumir sus acciones. A esto se suma la desorganización de las distintas dependencias involucradas en la entrega de apoyos o en la elaboración de censos, las interminables filas para recibir despensas o incluso un plato de comida, y la demora en la entrega de los apoyos. Enojo y cansancio son dos palabras que resumen este sentir.
¿Por qué la prevención nunca llega a tiempo?
De acuerdo con el medio Minuto Crítico, el Atlas de Riesgos del municipio de Poza Rica, publicado en 2022, ya advertía que la localidad se encontraba en un “grado de peligro muy alto ante el fenómeno de inundación”. De igual manera, en la Unidad Habitacional Vicente Guerrero, en Iztapalapa, las inundaciones en la temporada de lluvias ocurren al menos desde hace 20 años, tiempo en que las autoridades no han implementado una solución definitiva. ¿Esto se debe a la falta de especialistas capaces de diseñar soluciones? ¿A la insuficiencia presupuestaria? ¿O a la simple negligencia institucional?
Durante varias décadas existió el Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (Fonden), creado para “ejecutar acciones, autorizar y aplicar recursos para mitigar los efectos que [produjera] un fenómeno natural perturbador”. Sin embargo, tras ser señalado por la administración federal como un instrumento ineficiente, burocrático y corrupto, fue eliminado en 2021.
Aun así, dentro del presupuesto federal permaneció un programa en el Ramo General 23 (también denominado Fonden) destinado a “atender los daños ocasionados por fenómenos naturales”. Si bien este coexistió durante años con el fideicomiso, tras la desaparición de este último, el programa continuó operando de manera independiente. Para 2025 se le aprobaron 18,677.17 millones de pesos.
En el ámbito local, la atención de emergencias depende del Fondo para Estabilizar los Recursos Presupuestales de la Administración Pública del [entonces] Distrito Federal, también conocido como FONADEN CDMX. Según su portal público, este se creó a finales de 2014 y, desde entonces, ha recibido más de 45,000 millones de pesos. Durante el segundo trimestre de 2025, reportó un patrimonio de 5,439.58 millones de pesos.
Tanto el gobierno federal como el local cuentan con recursos específicos para atender los daños ocasionados por desastres naturales. La culpa no es del presupuesto; el problema está en el mal manejo de esos recursos o en la indiferencia deliberada de las autoridades.
Que los funcionarios públicos minimicen el problema, ignoren las alertas y no implementen soluciones preventivas ni estrategias de acción coordinadas refleja cómo la violencia estructural afecta a las víctimas. Mientras esto no cambie, y mientras algunas comunidades sigan siendo invisibilizadas, serán la familia, los amigos, los vecinos e incluso desconocidos quienes continúen sosteniendo a las víctimas. Aun así, cuando el descontento social impulsa al pueblo a organizarse, este construye por sí mismo los espacios y la visibilidad necesarios para hacerse escuchar y reclamar lo justo.
* Dulce Alicia Torres Hernández es investigadora del Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México. Licenciada en Relaciones Internacionales y especialista en Seguridad Pública por la UNAM.