EFE
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) afirma que en lo que va del año, México registra 8 mil 585 víctimas de extorsión, lo que representa un incremento de 5.2%.
De acuerdo con la cúpula empresarial, de estas víctimas, el 11.8% se encuentran en los 43 municipios fronterizos, zona en la que el delito creció 15.2% respecto al año pasado.
“(La extorsión) tiene de rodillas a miles de empresarios”, destacó Juan José Sierra Álvarez, presidente de la Coparmex en el marco de su Encuentro Nacional en la ciudad de Tijuana.
Para los representantes del sector privado, la extorsión, además de poner en riesgo la vida de las personas, es un problema que “estrangula las economías locales” y que muestra la “ausencia del Estado” en el desarrollo de multiplicidad de delitos detrás de la extorsión, como “el cobro de piso”.
“Estas prácticas dejaron de ser marginales para convertirse en una estructura de control económico y político que define la vida en demasiados territorios y sectores económicos. No podemos permitir que los grupos que operan fuera de la ley sustituyan al Estado, decidiendo quién trabaja, quién invierte, quién abre, quién cierra y quién se va”, subrayó Sierra Álvarez.
En cuanto al número de víctimas de este delito, alertó que muchos casos no son parte del acumulado nacional, pues hay una “cifra negra” provocada por “la falta de denuncia, resultado de la desconfianza social ante la sospecha de colusiones y represalias”.
Para atender este problema de dimensión nacional, Sierra Álvarez hizo un “llamado firme, directo y responsable” al gobierno federal, autoridades estatales y al Congreso del país a “encabezar una estrategia nacional contra la extorsión con perspectiva de estado, más allá de ciclos, partidos y grupos políticos”.
“México necesita que este delito sea tratado con la prioridad que merece, con los recursos equivalentes a su impacto económico y social”, sentenció.
La Cámara de Diputados de México aprobó a finales de octubre, por unanimidad, la Ley contra la xtorsión, que establece penas de hasta 15 años de cárcel por el citado delito que podrá ser denunciado de forma anónima.
Esta propuesta, actualmente en revisión por el Senado mexicano, fue enviada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con el objetivo de prevenir, investigar y sancionar este ilícito.