Aurelien Guilabert
“Generación Z” se aplica comúnmente al grupo de personas quienes hoy tienen 28 años o menos. Según diversas fuentes, la movilización fue convocada por un colectivo que se autodenomina Generación Z México, usurpa un símbolo de otra protesta, y que indica ser un movimiento “cívico, realista y apartidista” que pretende expresar el supuesto hartazgo de toda una generación por la violencia y la corrupción.
Originada por el asesinato de Carlos Manzo, expresidente municipal de Uruapan, su esposa, actual presidenta municipal, rechazó convocar y participar denunciando intentos de usurpación e instrumentalización de la causa.
En redes sociales se multiplicaron los respaldos de personalidades políticas, liderazgos partidistas de oposición (joven y no tan joven), agencias de comunicación extranjeras pro-Trump o cuentas vinculadas a movimientos de derecha y de extrema derecha caracterizada por sus perspectivas anti derechos. Con su protagonismo de siempre asistieron, declararon y comunicaron, opacando a esta “Generación Z”.
Más que una movilización de toda una generación joven, como fue anunciada, y como sí sucedió en la historia por ejemplo con el movimiento Yo Soy 132, pareció ser una réplica débil de la Marcha Rosa “ciudadana” convocada por muchas mismas personas o grupos partidistas de oposición en ese entonces, pero sin pliego petitorio consensuado identificable, sin vocerías claras, sin mecanismos deliberativos, sin propuestas concretas más allá de las consignas generales contra un Gobierno. Aunque dentro del contingente también marcharon personas que respondieron al llamado buscando visibilizar sus demandas, por desamparo y desesperación por sus situaciones y vivencias.
El derecho a la protesta siempre debe garantizarse en democracia y las demandas escuchadas. Implica garantizar la seguridad y la paz de todas las personas. Si bien la mayor parte de la marcha se expresó de manera pacífica, un grupo detonó violencias en el Zócalo, provocando la réplica de la fuerza policial quien cometió varios actos generalizados de repliegue y de abuso de la fuerza grabados que deben ser investigados y condenados. La violencia contra las personas policías es inaceptable y también debe ser investigada y castigada de manera ejemplar. Las autoridades de la Ciudad de México tienen la oportunidad de revisar y mejorar sus protocolos de prevención y actuación frente a estas protestas junto con la sociedad civil y la Comisión de Derechos Humanos.
¿Es lucha social autonómica o campaña política adelantada? ¿Se busca proponer para incidir o fortalecer el muro de la polarización? Lo que sí es cierto, sin que se haya reflejado en esta marcha, es que las agendas de las juventudes deben importar más: libertades individuales, oportunidades económicas, mejores condiciones laborales, vivienda digna, acción climática, educación o salud emocional. El IMJUVE junto con el INEGI, las universidades, las Secretarías de Gobernación, de Educación Pública, del Trabajo, y las personas legisladoras jóvenes deberían tomar esta oportunidad para realmente medir los ánimos de una generación y plantear una ruta de acción colectiva consensuada que mejore el bienestar y responda a las demandas de la Generación Z: un grupo generacional diverso de muchos matices, realidades y contextos.