Carlos Álvarez Flores*
Durante 40 años México ha tenido como columna vertebral para la gestión de sus residuos sólidos urbanos (RSU) el modelo obsoleto, caro, arcaico y contaminante del “relleno sanitario” (que rápidamente se convierten en tiraderos a cielo abierto), regulado por la norma oficial mexicana NOM-083-Semarnat-2003 (que casi nadie cumple cien por ciento). Como si enterrar en un socavón todos los residuos sólidos urbanos (recursos naturales) mezclados fuera la forma más inteligente para su manejo. En esas cuatro décadas, 200 millones de toneladas de la fracción orgánica (residuos de alimentos) debieron haber regresado al suelo agrícola como composta. Tiramos en ese mismo periodo más de 200 mil millones de pesos de materiales valorizables que debieron aprovecharse regresándolos a su cadena de valor o pudimos haberlos transformado en 357 mil gigavatios/hora.
Actualmente generamos 47.0 millones de toneladas/año de RSU y son dispuestas en dos mil 200 tiraderos tóxicos (porque reciben todo tipo de residuos peligrosos de la industria y también residuos peligrosos biológico-infecciosos) que operan actualmente. En estos sitios de disposición final se generan 30 millones de toneladas/año de biogás (con aproximadamente 50% de CO2 y 50% de gas metano, ambos gases de efecto invernadero). Y también nos envenenan diariamente con su contaminación organoléptica. Estos tiraderos a cielo abierto han causado graves impactos ambientales que el INEGI los reporta como costos totales de degradación ambiental. Esta arcaica gestión de nuestros RSU por 30 años ha acumulado costos totales de degradación de 2.5 billones de pesos. Han contaminado más de 200 cuerpos de agua además de mil 320 millones de m3 de suelo con sus lixiviados en 30 mil hectáreas de suelo mexicano. Independientemente de que en ellos se registran permanentemente incendios que generan emisiones altamente tóxicas (dioxinas y furanos) que nos envenenan. En 2024 se registraron 204 incendios de estos tiraderos, que debieron ser clausurados. Desafortunadamente ni las autoridades ambientales estatales, llámense procuradurías estatales de protección al ambiente ni la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (cada vez más pequeña) han podido evitarlos. Existen otros cinco mil tiraderos abandonados cubiertos de arcilla, pero que nunca fueron clausurados de acuerdo con nuestra normatividad ambiental vigente. Estos datos reflejan que México se encuentra en las cavernas. Quiere decir que estamos en la primera etapa del proceso evolutivo que los países desarrollados han superado en los últimos 50 años.
México genera aproximadamente 366.15 millones de toneladas/año de todo tipo de residuos. Además de las 47.0 millones/toneladas/año de residuos sólidos urbanos, también generamos 3.2 millones/toneladas/año de residuos peligrosos, 1.5 millones/toneladas/año de residuos eléctricos y electrónicos. 28.8 millones de llantas/año (aprox. 472 mil toneladas/año). 12.0 millones de toneladas/año de residuos de la construcción. 300 millones de toneladas/año de excretas de animales (en su estado original, con agua). 780 millones/año de pilas y baterías (aprox. 36 mil toneladas/año). 1.8 millones de toneladas/año de aceites lubricantes y comestibles. 142 mil toneladas/año de residuos biológico-infecciosos. 50 toneladas/año de residuos de medicamentos caducos. Sin considerar varios millones de toneladas/año de jales mineros.
Por falta de educación ambiental nos encontramos atrapados en la primera etapa del manejo adecuado de nuestros residuos. El acuerdo político-jurídico-administrativo del pacto federal donde conviven los tres niveles de gobierno es un fracaso. Este acuerdo se refleja equivocadamente en las responsabilidades ambientales del manejo de nuestros residuos. A la federación, encarnada en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), le corresponde la regulación del manejo de los residuos peligrosos (RP) y residuos peligrosos biológico-infecciosos (RPBI). A las entidades federativas les corresponde la responsabilidad de la regulación del manejo de los residuos de manejo especial (RME): llantas, pilas y baterías, excretas de animales, residuos eléctricos y electrónicos y residuos de la construcción. A los ayuntamientos les otorgaron la responsabilidad y obligación del manejo de los residuos sólidos urbanos (RSU).
Durante más de 30 años hemos creado un marco normativo ambiental constituido por normas oficiales mexicanas, leyes y reglamentos, que si los 350 mil empresarios de nuestro país cumplieran a cabalidad, podríamos estar minimizando sus impactos ambientales a los ecosistemas. Actualmente vivimos un gigantesco caos ambiental, revelado por los datos del INEGI, causado por el manejo arcaico de las 366.15 millones de toneladas/año/residuos que se refleja en daños a la salud de los mexicanos que causan decenas de miles de muertes prematuras cada año. Impidiendo claramente que los mexicanos gocemos de un medio ambiente sano para nuestro desarrollo y bienestar, como lo mandata el artículo 4º. constitucional. En realidad estos empresarios de todo tipo de actividades económicas nunca han cumplido cabalmente la normatividad ambiental en materia de disposición y manejo ambientalmente adecuado de sus residuos. Debido entre muchas causas a la facilidad con la que pueden evadir el cumplimiento estricto de sus obligaciones por falta de vigilancia y la enorme corrupción de funcionarios municipales, estatales y federales que lo permiten.
A propósito de las ocho propuestas de iniciativas de ley que diputados y senadores han querido aportar a la regulación ambiental de los residuos denominándole Ley de Economía Circular o Ley General de Economía Circular en los últimos siete años. Debemos reconocer que estamos en la primera etapa para acceder a la práctica de acciones de la necesaria “economía circular”. Estos vocablos están en boca de muchos representantes políticos y algunos gobernantes en este momento. Creo que primero debemos transitar a la segunda etapa, que es la tecnificación de los rellenos sanitarios. La tercera etapa serían los centros de gestión integral (separación y aprovechamiento), además de la recolección diferenciada en fuente. La cuarta etapa sería la prevención para poder lograr gradual y paulatinamente la práctica de criterios de circularidad de los que tanto hablan. Para esta importante transición se requiere un tiempo pertinente y muchos recursos económicos.
Para lograr que este proceso llegue a realizarse será indispensable erradicar la corrupción de funcionarios de los tres niveles de gobierno evitando su complicidad con muchos empresarios mexicanos tramposos que siempre han estado lucrando ilegalmente sin cumplir nuestra normatividad ambiental vigente.
*Presidente de México, Comunicación y Ambiente, AC., Experto en Gestión de Residuos y Cambio Climático