“Si en las etapas iniciales del México independiente la inseguridad fue propiciada por invasiones y guerras civiles, la criminalidad organizada prosperó en la era del México priista, el crimen organizado actual surgió y prosperó como parte de un sistema autoritario y notable por su estabilidad política”.
Lorenzo Meyer
EL PRINCIPIO. Según el Índice Global de 2025 sobre el Crimen Organizado elaborado por la Global Initiative Against Transnational Organized Crime, nuestro país ocupa el nada envidiable tercer lugar mundial en presencia y severidad de ese tipo de transgresión. Por otra parte, en la encuesta de junio de este año del INEGI más del 60 por ciento de los mexicanos entrevistados dijeron sentirse inseguros en su ciudad. No es necesario seguir buscando más indicadores: es obvio que la inseguridad es un asunto central para la sociedad mexicana y un grave problema a resolver para el gobierno y para la preservación de la legitimidad del régimen.
El tema de la inseguridad es añejo, y con altas y bajas a lo largo de los dos últimos siglos. Desafortunadamente, en la actualidad nos encontramos aún en una de las etapas al alza.
Cuando en 1821 el país ganó su acta de nacimiento como independiente ya tenía más de una década de cargar con el problema. Y es que, en los años de lucha a muerte entre los insurgentes y las fuerzas del gobierno virreinal, el antiguo orden sufrió un colapso que llevó a un aumento de la inseguridad en el enorme territorio de la Nueva España. Un territorio que, en sus bordes, especialmente en el norte, la soberanía del Estado nunca había sido muy efectiva. En fin, que el arranque de México como una nueva Nación no resultó particularmente afortunado y la situación de desorden interno empeoraría antes de empezar a mejorar.
El México independiente surgió sin contar con un aparato de gobierno de su propia creación y capaz de desempeñar las tareas que teóricamente eran de su responsabilidad: construir a la Nación que pretendía gobernar y ser reconocida por la comunidad internacional y reconstruir el orden interno. Esa reconstrucción implicaba, entre otras muchas y complejas tareas, proveer de seguridad y justicia a su dispersa población. La empresa era urgente pero imposible debido a la feroz lucha entre las élites políticas y a una constante falta de recursos fiscales para dar forma a un sistema de seguridad pública medianamente efectivo. Por varias décadas de ese siglo XIX el país sería escenario de una lucha a muerte por la hegemonía entre liberales y conservadores, y la seguridad de los habitantes no fue, no podía ser, una prioridad en una nación apenas en las primeras etapas de su construcción.
A la falta de la unidad nacional y de recursos, se deben añadir los efectos de las invasiones extranjeras ciertas características internas: la pobreza y la notable desigualdad social, la agudización de las diferencias regionales, el estancamiento de la economía tras la caída de la minería de la plata, los movimientos separatistas desde Texas hasta Yucatán, la corrupción y un largo etcétera. Todos esos factores explican el clima de inseguridad en que vivieron los mexicanos en la etapa formativa de la Nación.
Finalmente, en 1867 el triunfo definitivo del grupo liberal en la gran guerra civil de entonces permitió la consolidación de un Estado mexicano oligárquico pero viable. Fue entonces que la dictadura liberal de Porfirio Díaz (1876-1911) se propuso, y en buena medida logró, reactivar la economía y generar un ambiente de relativa seguridad en los caminos, pueblos y ciudades. En 1910 la Revolución Mexicana que puso fin a la pax porfirica y por un par de décadas la inseguridad fue nuevamente parte de la vida mexicana. Poco a poco un nuevo régimen reimpuso el orden y dio forma a una pax priista, también autoritaria e imperfecta pero ya no centrada en la persona de un líder y que contrastó positivamente con la violencia e inseguridad que habían caracterizado al país revolucionario.
Las crisis económicas y políticas que se iniciaron a partir de la brutal represión del movimiento estudiantil y democrático de 1968 coincidieron con el surgimiento al norte de nuestra frontera de una demanda creciente de drogas declaradas ilícitas, y ese “factor americano” más un entorno muy propicio a la corrupción en las instituciones de gobierno, particularmente en su aparato de seguridad, llevó a que ninguna de las campañas de “renovación moral” del régimen diera resultados. Pero lo que sí se generó fue un entorno muy propicio para la expansión de un crimen organizado y pujante al punto que uno de sus líderes más conocidos, Joaquín “El Chapo” Guzmán, se dio el lujo de aparecer por cuatro años consecutivos -2009 a 2012- en la lista de los multimillonarios del mundo elaborada por la revista Forbes -tenía el lugar 701 en el listado de 2009. Y si finalmente El Chapo desapareció de Forbes se debió simplemente a la imposibilidad de la revista para seguir documentando su riqueza.
Si en las etapas iniciales del México independiente la inseguridad fue propiciada por invasiones y guerras civiles, la criminalidad organizada prosperó en la era del México priista, el crimen organizado actual surgió y prosperó como parte de un sistema autoritario y notable por su estabilidad política. De ahí puede concluirse que uno de los factores que explican la fuerza del crimen organizado en nuestro país, además de la demanda de drogas ilícitas en el mercado mundial, la propició la corrupción institucionalizada del régimen postrevolucionario.
EL CASO DE MICHOACAN. Hoy la violencia y capacidad de los carteles de la droga para imponer sus prioridades a la sociedad y quitar al Estado control territorial en algunos estados nos obliga a centrar la atención en Michoacán como antes fue en Sinaloa (el “culiacanazo”) o en Guerrero, (Ayotzinapa), etcétera.
La novela decimonónica de Luis G. Inclán Astucia (1865-1866) tiene como centro a un joven ranchero de la clase media rural michoacana, Lorenzo Cabello, que en la primera mitad del siglo XIX se dedica primero a contrabandear aguardiente y luego, en unión de otra media docena de su condición social, termina por organizar un eficiente sistema de contrabando de tabaco. Inclán pone énfasis en el gran aparato de apoyo que lograron construir los “charros contrabandistas” entre la población rural michoacana y que constituyeron su base social. Los contrabandistas no sólo comparten algo de sus ganancias con la sociedad local, sino que observan una conducta personal impecable por eso “los hermanos de la hoja” tienen siempre de su lado lo que les faltaba a los numerosos gobiernos de la época: un respaldo popular genuino.
Hoy la situación de hace siglo y medio en Michoacán pareciera repetirse, aunque con diferencias fundamentales: la estabilidad política del régimen actual es un hecho incontrovertible respaldado por elecciones nacionales genuinas. Pero los actuales fuera de la ley -CJNG, Familia Michoacana, etc.- disponen de recursos económicos y de armas en abundancia, y que por lo mismo pueden comprar lealtades y sobornar a la autoridad a lo grande. Pero que, por otra parte, los fuera de la ley son auténticos criminales que secuestran, extorsionan y aterrorizan con acciones de violencia brutal a una población casi indefensa.
Los indicadores nos dicen que mientras en Portugal se registraron 0.7 homicidios por cada cien mil habitantes en 2024, en México la tasa fue de 24.9 y que en ese mismo año Uruapan ocupó el lugar 19 entre el medio centenar de las ciudades más violentas del mundo. Aunque Colima, Acapulco, Manzanillo, Tijuana y Culiacán le superaban como entornos violentos.
En estos días y a raíz del asesinato del Alcalde de Uruapan que personalmente enfrentó a los criminales, Carlos Manzo, la oposición de derecha a la 4T está usando su nombre, su causa y su símbolo -el “Movimiento del Sombrero”- para responsabilizar al Gobierno de Claudia Sheinbaum de la inseguridad generalizada. Sin embargo, para una apreciación más completa de lo ocurrido en Uruapan, conviene consultar el reportaje de Pedro Anza que entrevistó al Alcalde poco antes de su asesinato y le acompañó en uno de sus frecuentes “operativos de seguridad” nocturnos por la ciudad michoacana, (Milenio, 16/11/25). Manzo reconocía que para matar la raíz social del crimen organizado se requerían políticas de largo plazo que eliminaran la pobreza y transformaran el sistema educativo. Pero también consideraba que la seguridad en el aquí y ahora de la gente de Uruapan requería de acciones inmediatas contra las “células delictivas” que operaban cotidianamente en su ciudad. Ahora bien, el enfrentamiento de un Alcalde en un entorno ya dominado de tiempo atrás por el CJNG u organizaciones semejantes era una lucha de tan desigual, imposible. Es claro que se requiere movilizar que todo el poder del Estado para proteger físicamente a los habitantes de a pie contra la criminalidad organizada y contra sus redes internacionales de lavado de dinero en tanto maduran las medidas de fondo que son también de largo plazo y las únicas que impedirán que en México se sigan nutriendo las profundas históricas raíces del crimen organizado y eso lo debemos entender todos: el mal que se dejó crecer por décadas y en terrenos históricamente propicios no puede eliminarse de un tajo.
La oposición ha explotado sistemáticamente las fallas, y las diferencias entre las políticas contra el crimen organizado de corto y largo plazo. Sin embargo, esa oposición carece de la autoridad moral que la respalde pues, cuando tuvo la oportunidad y la obligación de actuar en la materia, fracasó rotundamente y su discurso hoy simplemente carece de una propuesta sobre este y sobre muchos otros temas más.