Carlos Matute González
La llamada crisis fiscal del Estado Benefactor tiene varias causas económicas y políticas, las cuales son la interrupción de la tendencia de crecimiento del PIB mundial de los años setenta por el fenómeno de la estanflación en los países desarrollados, el aumento de los precios del petróleo, la insuficiencia del gasto para cumplir con las atribuciones estatales de promover la inversión en infraestructura pública y la superación de la desigualdad social, el incremento de la deuda pública, la incipiente globalización y el fin de la Guerra Fría.
La reacción ante este fenómeno, cuya expresión en América Latina fue la década pérdida, fue un reordenamiento de los gobiernos, la retracción del gasto público, la búsqueda de la legitimidad de los regímenes a partir de los resultados, la reorientación del presupuesto hacia las funciones primarias del Estado y la disciplina financiera de los Estados para contener los efectos negativos de la deuda, aumentar la recaudación fiscal y transparentar el gasto público. La estrategia hacia un Estado mínimo.
En México, en el periodo comprendido entre 1982 y 2008, la crisis de nuestro país y la crisis mundial, hubo un cambio profundo de modelo de gestión pública con relación al propio del desarrollo estabilizador, que se basaba en un Estado intervencionista, y se gestó el Estado mínimo con base en el reconocimiento de autonomías constitucionales de las organizaciones, las comunidades y las personas y el impulso a las asociaciones público privadas como estrategia de construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura en los sectores de energía, telecomunicaciones, comunicaciones, entre otros.
En el aspecto hacendario se llevaron a cabo diversas acciones: la separación de las políticas fiscal (SHCP) y las políticas monetarias (Banco de México, órgano autónomo); la implantación de un modelo financiero-programático con sustento en el presupuesto con base en resultados, un sistema de evaluación del desempeño y la modernización del sistema tributario con el aumento de la eficiencia recaudatoria (todavía insuficiente).
En la gestión pública, se realizaron tres procesos de modernización identificables con la descripción de la evolución de la secretaría globalizadora responsable de la supervisión del desempeño del aparato burocrático del gobierno, que se crea como Secretaría de la Contraloría General de la Federación (1983), se transforma en la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (1994) y Secretaría de la Función Pública (2003). Además, se multiplicaron las administraciones públicas no subordinadas del Poder Ejecutivo y se promulgó un amplia legislación en materia de responsabilidades administrativas, contratación pública, planeación, armonización contables, remuneraciones, fiscalización, mejora regulatoria, infraestructura de la calidad, transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción, bienes del dominio público, concesiones, asociaciones público privadas, regulación de servicios públicos y de interés general, la evaluación del desempeño, entre otros.
Así, en los años 1989-2019, la crisis fiscal del Estado benefactor se administró, sin que oficialmente se arriaran las banderas del gasto social como medio para combatir la pobreza y mitigar la desigualdad social, con base en diversas estrategias de transferencias y subsidios condicionados crecientes, dirigidos a la población más vulnerables, con diversos enfoques y denominaciones.
En ese sentido, el Estado de bienestar prevaleció en el marco de la disciplina financiera, pero limitado en el recurso disponible para mitigar la marginación social, y con un desequilibrio en su asignación debido a que parte importante del gasto social beneficiaba más, paradójicamente, a los deciles de ingresos altos, como sucede en el régimen pensionario, en el que el gasto se concentra el trabajador del mercado formal, con alta estabilidad en el empleo y percepciones elevadas.
En sentido contrario, el Estado benefactor abandonó las políticas de gestión e inversión directa de la infraestructura pública y el sector más emblemático es el de telecomunicaciones en el que las empresas estatales, en Europa y América, fueron desincorporadas (venta de activos) y concesionadas a los particulares y se crearon agentes reguladores autónomos, que fueron la base del crecimiento exponencial de las tecnologías de la información y comunicación en el mundo.
El PEF de 2026, en contraste con lo sucedido en el gobierno 2018-2024, retoma la estrategia de administrar la crisis fiscal del Estado de Bienestar, salvo en el proyecto de construir infraestructura ferroviaria de pasajeros y transporte y en la herencia de los déficits operativos de las obras prioritarias del sexenio pasado, y se regresa a destinar los escasos recursos presupuestales a los programas sociales y reducirlos en materia de inversión pública.
Sin embargo, el gobierno no aclara si esta estrategia de regreso al Estado mínimo es resultado de las presiones financieres por el déficit fiscal, casi 1.4 billones de pesos o de un reconocimiento que la mejor forma de ampliar y fortalecer la infraestructura es convocar a los empresarios (nacionales y extranjeros) que destinen capital de riesgo en su construcción y operación, bajo la supervisión estrecha y eficiente de las autoridades competentes. Volvemos a la época de recursos insuficiente en política social y baja inversión pública.
Profesor de la Universidad de las Américas Puebla