Gerardo Jiménez
Después de todo el revuelo que generó la renuncia de Alejandro Gertz Manero a la Fiscalía General de la República, el jueves por la noche nos fuimos a dormir con el último reporte de ese día: el extitular de la FGR realizó un enroque que le permitió a Ernestina Godoy ser la nueva fiscal interina.
En un oficio Gertz Manero destituyó a Cristina Reséndiz Durriti como la titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, y en su lugar nombró a la Consejera Jurídica de la Presidencia de la República.
No hay que olvidar que en la memoria reciente de la justicia capitalina hay nombres que se niegan a desvanecerse: Abril Pérez, Aideé Mendoza, Alejandra Cuevas. Tres expedientes distintos, tres contextos opuestos, pero unidos por un hilo que incomoda: la Fiscalía de Ernestina Godoy dejó más deudas que certezas.
Como procuradora y luego como fiscal, Godoy prometió en repetidas ocasiones que la captura de Juan Carlos G, exesposo de Abril Pérez y señalado como presunto autor intelectual de su feminicidio, era cuestión de horas. “Si está ubicado… ya sabemos dónde está. Espero que no se pueda fugar”, declaró el 18 de diciembre de 2019.
El equipo de inteligencia de la institución reportó que García se encontraba en San Diego, California, y que existía alerta migratoria, orden de aprehensión y ficha roja de Interpol. Todo listo. Todo alineado. Todo, menos la detención.
Cinco años después, Juan Carlos N —exCEO de una empresa transnacional— sigue prófugo, convertido en símbolo de lo que la justicia capitalina prometió y no cumplió. Abril fue asesinada a tiros el 25 de noviembre de 2019, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Un crimen anunciado, precedido por una agresión brutal: García la golpeó con un bat mientras dormía, intentó degollarla con un bisturí y sólo la intervención de su hijo de 15 años evitó el feminicidio consumado.
A pesar de ello, el juez Federico Mosco reclasificó la tentativa de feminicidio a “violencia familiar” y lo dejó libre tras 50 días de prisión. Esa puerta abierta se convirtió en sentencia. La Fiscalía nunca logró traerlo de vuelta para enfrentar la justicia.
Otro expediente dolorosamente emblemático es el de Aideé Mendoza, estudiante del CCH Oriente que cayó abatida dentro de un salón de clases por un disparo que la autoridad calificó primero como ataque directo, luego como accidente y finalmente como “bala perdida”. Tres versiones, ninguna certeza.
Hasta hoy, no hay un solo detenido, no se ha explicado con rigor de dónde salió el proyectil y tampoco se han deslindado responsabilidades sobre la atención tardía y las fallas institucionales en el plantel. El caso Aideé es un espejo incómodo: evidencia la fragilidad de las investigaciones forenses y la incapacidad de la Fiscalía para sostener una narrativa coherente.
La lista no termina ahí. En 2020, la misma Fiscalía encarceló a Alejandra Cuevas por el supuesto homicidio del hermano del fiscal general Alejandro Gertz Manero. Lo hizo mediante una figura inexistente en la ley: homicidio por omisión en razón de garante. La Suprema Corte terminó por absolverla y ordenó su liberación tras 528 días de prisión injustificada.
El precedente es brutal: si la Fiscalía pudo sostener una acusación sin sustento contra una mujer inocente, ¿cuántas más habrán enfrentado el aparato judicial sin la visibilidad mediática que la salvó?
La administración de Ernestina Godoy se fue con cifras que la persiguen: cientos de miles de carpetas rezagadas, órdenes de aprehensión sin cumplimentar y niveles de impunidad que organismos independientes sitúan por encima del 95%. Pero más que números, quedan historias. Historias rotas.
La justicia, cuando falla, no sólo acumula expedientes. Acumula ausencias. Y es ahí donde la gestión de Godoy deja su marca más profunda: en la sensación de que la verdad quedó suspendida, que los culpables siguen lejos y que las víctimas, una vez más, quedaron solas frente al Estado.
La herencia no es un discurso de combate a la impunidad. La herencia son los nombres que la Fiscalía no pudo —o no quiso— cerrar. Y mientras Juan Carlos G siga libre, Aideé siga sin justicia y Alejandra Cuevas sin reparación, la Fiscalía capitalina cargará con un vacío que ninguna cifra puede maquillar.
Porque la justicia que llega tarde, o nunca llega, también es una forma de violencia.