José M. Armenta Vargas
México se encamina a cerrar el 2025 con un crecimiento de apenas 0.6 % y una caída trimestral del 0.2 %, una cifra sin precedentes desde los años de la pandemia y síntoma de una recesión técnica. Según datos del INEGI, la inversión fija lleva 12 meses consecutivos a la baja y la confianza en el país es cada vez menor. Paralelamente, la presidenta Sheinbaum presume que la inversión extranjera está en niveles históricos: 40 mil millones de dólares entre enero y septiembre, más de un 15 % que el año anterior.
El dato es real, pero no es un reflejo de la realidad. De los 40 mil millones, aproximadamente 70% corresponde a reinversión, más por resignación que por visión. Es decir, las empresas que ya operan en el país reinvierten sus ganancias porque ya no les queda de otra, pero las que buscan dónde invertir ya no consideran el país. Este año, México cayó cuatro puestos y quedó en la posición 25 en la lista de destinos para la reubicación de empresas.
El ejemplo más reciente es FEMSA, una empresa que ganó su juicio fiscal en 2024, en el que se determinó que el SAT ya no podría cobrarle un adeudo de 2011. Sin embargo, el caso fue reabierto por la nueva Suprema Corte para recalcular sus impuestos. El mensaje es directo para los demás: aunque ganes hoy, mañana, cuando cambien las reglas, tendrás que pagarnos de todos modos y lo que queramos.
Este tipo de acciones, sumadas a la nueva Ley de Amparo, solo dificultan la protección frente a actos arbitrarios del gobierno y causan un daño irreparable en la confianza que ahora se intenta recuperar mediante discursos. A las calificadoras no se les puede engañar: Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch redujeron su perspectiva crediticia debido a la debilidad institucional y a los riesgos para el Estado de derecho. La revisión del T-MEC será el siguiente año y esa calificación podría traducirse en aranceles de hasta 25% sobre bienes como autos y autopartes, que representan un tercio de las exportaciones de México.
No solo son las calificadoras crediticias y financieras, sino también los organismos internacionales. México, que en 2019 ocupó la posición 99 en el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project, cayó tres posiciones respecto al 2024, quedando en la posición 116 de 142 países en 2025. No es la opinión de los empresarios; es una lista que las multinacionales consultan para determinar qué país es confiable y cuál no lo es.
Este 26 de noviembre, la Suprema Corte aprobó la reapertura de juicios ya concluidos en materia civil y mercantil, siempre que determine que el proceso fue fraudulento. Es un fallo anticonstitucional, destinado a revisiones retroactivas de sentencias dictadas antes de la reforma judicial. En los hechos, todas las sentencias, contratos, amparos o cálculos fiscales pasan a ser subjetivos; ya no hay sentencias definitivas, solo provisionales, mientras le convengan al poder en turno.
Lo que presumen como récord histórico de inversión extranjera no es más que los rezagos del pequeño boom del nearshoring de 2022-2023. La economía sufre y no solo se trata de empresas, de inversionistas ni de tratados internacionales. Se trata del futuro de millones de mexicanas y mexicanos que llevan esperando años a que la economía crezca para poder alcanzar algo más que sobrevivir. Cada empleo que no llega es consecuencia de un sistema jurídico convertido en un arma. La soberanía que de verdad importa es la que brinda una justicia firme y fuerte, que le devuelve la dignidad y el sentido de esperanza a un país machacado.