Clara Zepeda
El producto interno neto ajustado ambientalmente o producto interno neto ecológico (PINE), –que se obtiene de restar al producto interno bruto (PIB) total de la economía tanto, el consumo de capital fijo como los costos totales por agotamiento y degradación ambiental–, alcanzó un monto de 25.7 billones de pesos en 2024 y representó el 76.6 por ciento del PIB a precios de mercado, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
De acuerdo con las Cuentas económicas y ecológicas de México (Ceem), que dio a conocer esta mañana el Inegi, los sectores que más contribuyeron al PINE fueron el comercio, otros servicios (32.7 por ciento), así como industrias manufactureras (17.8 por ciento).
Por su parte, los costos totales por agotamiento y degradación ambiental (CTADA) ascendieron a poco más de 1.38 billones de pesos (4.1 por ciento del PIB total de la economía mexicana), un porcentaje que se ha mantenido estable desde el 2020 entre 4.2 y 4.1 por ciento. Cabe destacar que en 2003, los CTADA representaron el equivalente a 6 por ciento del PIB. Por componentes de los CTADA, los costos por agotamiento representaron 0.4 por ciento, mientras que los costos por degradación equivalieron a 3.7 por ciento.
Los mayores costos ambientales correspondieron a la degradación del medio ambiente, como las emisiones al aire. Estas generaron un impacto equivalente a 2.5 por ciento del PIB. Siguió la degradación del suelo, con 0.6 por ciento. En cuanto a la pérdida de los recursos naturales, el mayor costo fue el de los hidrocarburos.
El Inegi precisó que derivado de la actividad económica y su relación con el uso de recursos naturales, el impacto ambiental mantiene un vínculo con la producción y el consumo. Sin embargo, a lo largo del tiempo, se observa un desacoplamiento entre la actividad humana (producción y consumo) y las externalidades negativas que esta ocasiona al ambiente.
Los gastos para la protección ambiental (GPA) ascendieron a 232 mil 882 millones de pesos (0.7 por ciento del PIB total de la economía), este porcentaje resultó similar al de 2023. Esta cantidad se destinó, principalmente, a la protección del aire-ambiente y clima, así como a la gestión de los recursos hídricos.
Los GPA del sector público, de acuerdo con la clasificación de actividades ambientales de Naciones Unidas (Naciones Unidas, Unión Europea, Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, Banco Mundial, 2016), se distribuyeron en un 32.2 por ciento en actividades de protección del aire; 20.8 por ciento en gestión de los recursos hídricos, y 11 por ciento en la gestión de aguas residuales.
El restante 36 por ciento se erogó en actividades diversas, como la gestión de residuos, la protección y conservación de la biodiversidad, cuerpos de agua y suelo, gestión de recursos minerales, energéticos y acuáticos, así como en actividades transversales, como investigación y desarrollo, educación y gestión de la protección ambiental.
A nivel internacional, el gasto en actividades de protección ambiental, como proporción del PIB, fue similar al de países como Suiza o España.