Juan Veledíaz
Un dato atípico que activó las alertas en el gabinete de seguridad nacional fue el tipo de explosivo que se usó en la detonación del coche bomba –donde perdieron la vida sus dos tripulantes— el pasado sábado 6 de diciembre en el municipio de Coahuayana, en la costa de Michoacán. No estaba claro hasta principio de esta semana si se trató del agente explosivo ANFO, usado en la minería, y cuya utilización quedó documentada en octubre del año pasado cuando dos vehículos estallaron en los municipios de Jerécuaro y Acámbaro, Guanajuato, donde cuatro policías resultaron heridos. Existen registros del robo de este tipo de material en zonas mineras de Zacatecas, Hidalgo y Guanajuato desde el sexenio de Enrique Peña Nieto, que pasó a ser utilizado como parte de las tácticas de “alto impacto mediático” por grupos criminales.
La explosión del coche bomba abarcó 300 metros de radio de forma horizontal y 50 vertical, lo que sugiere que pudo tratarse de otro material cuya utilización no se tiene registro público a la fecha dada la magnitud del daño provocado. Los cuatro policías comunitarios fallecidos junto a los dos tripulantes de la camioneta que transportaba los explosivos camuflados en un cargamento de plátanos, sumado a los daños a comercios y otros establecimientos afectados en el radio de la explosión, son evidencia junto al temor generado en la población para tipificar el hecho como un acto terrorista, como lo señalaron desde principio de semana diversos analistas citando el Código Penal Federal.
Un documento del Comité Especializado de Alto Nivel en Materia de Desarme, Terrorismo y Seguridad Internacional (CANDESTI), organismo intersecretarial del Gobierno Federal que encabeza la secretaría de Gobernación y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), alertó desde hace tres años que el municipio de Coahuayana era junto con Aguililla, Chinicuila, Coalcomán, Tepalcatepec y Buenavista entre otros de la región costa, sierra y Tierra Caliente michoacana, de “alto riesgo” en el uso de artefactos explosivos de “alto impacto” por parte de grupos de la delincuencia organizada en sus pugnas territoriales y enfrentamientos con la autoridad. La evolución tecnológica en la fabricación de bombas con sistemas de detonación a distancia, sistemas de entrega vía drones y minas antipersona, se han vuelto desde entonces de uso generalizado en la zona.
El perfil que asoma con el incremento del uso de artefactos explosivos improvisados y ahora en la fabricación de bombas de mayor letalidad, es el de los grupos de mercenarios extranjeros con preparación militar que se sabe operan para organizaciones como el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Carteles Unidos, grupos a los que el gobierno federal atribuyó estar detrás de la disputa en Coahuayana y que asomó con el coche bomba. En mayo pasado durante una operación de las fuerzas especiales de la Marina en la zona donde colinda Chinicuila y Coahuayana, se registraron varios enfrentamientos contra un grupo del CJNG, que se saldó con 12 muertos y nueve detenidos entre los que estaban varios militares colombianos. Las hipótesis de que los paramilitares extranjeros estarían detrás de lo ocurrido en Coahuayana, se basan en la información de inteligencia recopilada desde aquella fecha por las fuerzas armadas.