Rafael Ramírez
El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó este lunes el Decreto que expide la nueva Ley General de Aguas (LGA) y reforma disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, uno de los cambios estructurales más relevantes del actual gobierno en materia ambiental y de recursos naturales.
La legislación, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, redefine el régimen hídrico nacional bajo el principio de que el agua es un derecho humano y no una mercancía, y establece nuevas reglas para su uso, distribución y control.
La norma surge tras décadas de diagnósticos que señalaban un modelo fragmentado y con alta vulnerabilidad: acaparamiento mediante grandes concesiones, falta de control efectivo sobre la sobre explotación de acuíferos, ausencia de información pública sobre disponibilidad y, en algunos estados, la proliferación de mercados negros del agua alimentados por vacíos regulatorios.
Controversia por la LGA
Mientras el gobierno de Claudia Sheinbaum sostiene que la nueva Ley General de Aguas (LGA) combate el acaparamiento, protege acuíferos y no afecta concesiones vigentes, la oposición en el país sostiene que el marco legal abre la puerta a la discrecionalidad, limita la transmisión de derechos y genera incertidumbre para productores agrícolas e industriales.
Partidos opositores como el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano advierten que la LGA implica riesgos que el gobierno minimiza.
Entre las principales preocupaciones planteadas destacan:
- Riesgo para la propiedad y la certidumbre jurídica. Argumentan que el nuevo régimen de concesiones incrementa la discrecionalidad de la autoridad federal y dificulta la transmisión o ajuste de volúmenes, lo que afecta a productores agrícolas que operan con márgenes estrechos.
- Impacto económico. Sostienen que la ley podría frenar inversiones en industrias intensivas en uso de agua —como alimentos, bebidas, agroindustria y manufactura— debido a reglas más estrictas y a la falta de claridad en los criterios administrativos.
- Centralización del control del agua. Afirman que, pese al discurso oficial, la federación adquiere capacidades ampliadas para intervenir en decisiones locales, lo que debilitaría a los organismos operadores municipales.
- Afectación indirecta a actividades productivas.
Mientras el Gobierno federal sostiene que la reforma corrige abusos y democratiza el acceso al agua, la oposición argumenta que el nuevo marco legal no resuelve problemas estructurales como las fugas en redes municipales, la falta de infraestructura hidráulica o la deficiente medición del consumo. También señalan que el combate al mercado negro del agua requiere acciones operativas más allá del diseño normativo.
La Conagua anunció que continuará con un “proceso de acompañamiento” para los sectores productivos, pero la oposición insiste en que persisten zonas grises que podrían generar conflictos entre autoridades y usuarios en los próximos años.