Marco Antonio Martínez
La justicia en México se deteriorará más con la llegada del nuevo Poder Judicial Federal, afirma en entrevista con La Silla Rota la investigadora en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), Azul Aguiar.
“Nuestro Poder Judicial Federal funcionaba mejor que el que posiblemente veremos en el futuro, precisamente porque las personas que estaban impartiendo justicia, tenían una trayectoria profesional de entre 20 y 30 años de hacer lo mismo. Esto, como todo el mundo sabrá, garantiza que los resultados en términos de acceso a la justicia sean mejores”, explica.
En la parte del sistema que tiene una tarea tan sofisticada como impartir justicia y dictar sentencias, es importante que existan preparación y trayectoria profesional. Las dos cosas son importantes, remarca la autora del libro “Cultura legal, orígenes sociopolíticos y carreras profesionales de los jueces en México”.
“Necesitamos abogados que sean capaces de poder ejercer su función. Democratizar la justicia no significa que la votemos. Ahora, ya la votamos”.
Las diferencias entre el nuevo y el viejo poder
Han pasado 100 días de que entró en funciones el nuevo Poder Judicial de la Federación con jueces electos por la ciudadanía, pero sin una selección mediante la carrera judicial, que garantizaba un nivel de profesionalización y experiencia que es altamente necesario para la función judicial.
Esa es una diferencia con el anterior PJF. Otra es cómo se integró la Suprema Corte y cómo se ha reorganizado. El Poder Judicial se divide también en diferentes ramas, estructuras y la Suprema Corte es el máximo tribunal constitucional.
Aquí también se cambió de un sistema de reconocimiento con base en una carrera de los juristas, que eran nombrados por los poderes públicos, a uno de elección popular en el que también participan los poderes públicos, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial en la selección de candidaturas para proponer una terna, a través de los comités de evaluación.
“Este proceso, a diferencia del anterior, ha politizado todavía aún más a nuestra Suprema Corte”, apunta Aguiar.
El sistema de justicia está compuesto por diferentes instituciones, entre las que están también las fiscalías, pero el Poder Judicial era la parte que funcionaba mejor del sistema de justicia federal que tenemos, dice la doctora en ciencia política por la Universidad de Florencia.
Cuestiona democratización
Aguiar hace referencia al discurso de que la elección judicial del 1 de junio logró democratizar al Poder Judicial, pero rechaza que se sostenga porque por los estándares para evaluar dichos comicios son cuestionables, debido a la baja participación y el uso de acordeones para inducir el voto por la mayoría de los que resultaron ganadores.
“Si uno usa los estándares de integridad electoral, vamos a ver que ninguno de ellos fue cumplido al momento de celebrar el conjunto que se conoce como proceso electoral. No hay integridad en la selección de las candidaturas, en las campañas de las personas juzgadoras y mucho más importante, no hubo durante la elección. Sabemos y todo mundo conoce que las personas que estuvieron listadas, por ejemplo, para la Suprema Corte en estos denominados acordeones, son las que resultaron electas”.
Con esos argumentos, no se puede hablar de ese componente tan esencial de cualquier elección democrática práctica, que es la incertidumbre en el resultado, enfatiza.
“Nosotros ya sabíamos quiénes iba a ganar y además lo pudimos confirmar. Las personas que estuvieron en el acordeón salieron electas en más del 65% de las casillas. Digamos que al haber obtenido únicamente el 10% de la votación, no podemos hablar de que haya legitimidad que estaban buscando. Hubo 13% de participación, pero alrededor del 2 o 3% fue nulo o en blanco”.
Populismo judicial
Respecto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se observa un cambio, relacionado con lo que se podría denominar populismo judicial. Una SCJN que busca agradar al pueblo y con una estrategia que busca impactar más en lo comunicativo que en la sentencia y los derechos.
“Este es un cambio sustantivo y enmarca esta lógica de que la corte hoy trabaja para el pueblo y que es cercana y además ligada a él, respetando y trayendo quizá a hacia este espacio culturas indígenas de México, como fue en la inauguración de la apertura de la Corte. Eso lo podemos enmarcar y es peligroso porque al final de cuentas ellos están justificando sus sentencias, quizás no en el derecho, sino más bien en esta idea de que el pueblo debe estar primero”.
Sin embargo, también se han visto decisiones muy controvertidas como las de querer reabrir casos, de poder visitar cosas que han sido juzgadas, lo cual considera sumamente peligroso para el Estado de derecho en términos generales.
“No estoy diciendo que no tengamos un Estado de derecho, pero es un aspecto contrario al Estado de derecho”.
Que revisen algo que ya se juzgó, responde no a lo que está escrito en la ley, sino más bien a esos impulsos populistas que tienen varios de los miembros de la nueva Suprema Corte, que está más politizada precisamente abriendo casos que quizá para el gobierno sean importantes, como el de los impuestos al empresario Ricardo Salinas Pliego.
“Esto es muy significativo y es hacia dónde se está moviendo la Suprema Corte. No están siguiendo el derecho, sino más bien una línea política”.
El papel de los ministros
En esa línea se mueven algunos ministros, el caso más notable el de Lenia Batres, quien actúa como una política activa en la corte, llevando al portafolio casos enteramente políticos.
“Lenia Batres es una de las personas más políticas de nuestra Suprema Corte y el papel que juega la ministra (y ex consejera jurídica de la presidencia durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador) María Estela Ríos es similar. Su papel ahí es mucho más político y también ha sido más evidente su falta de preparación para estar en la SCJN”, dice la autora del libro Cultura legal, orígenes sociopolíticos y carreras profesionales de los jueces en México, del cual ya prepara una segunda parte, con el nuevo Poder Judicial.