Isidro H. Cisneros
Urge pasar de la ciudadanía pasiva en que se encuentra el país a una nueva ciudadanía co-gobernante. La principal carencia que enfrentan actualmente los movimientos emergentes de carácter social y político que se encuentran comprometidos con la reconversión democrática de México -ecologistas, feministas, animalistas, diversidad sexual, intelectuales y otras tendencias que generalmente hablan en nombre de los oprimidos-, es la ausencia de una política capaz de conducir a las personas más allá de los límites establecidos por el “status quo” vigente. Representa el reclamo de personas y grupos que buscan nuevos caminos de expresión ciudadana frente a un sistema político cerrado dominado por partidos burocráticos y verticalistas que cuando se acercan las elecciones ofrecen programas de “justicia social”, tratando de conquistar la voluntad de un electorado anónimo. Pero una vez en el poder se olvidan de ellos, produciendo una simulación participativa.
A los ojos de la mayoría, la política ha adquirido una pésima reputación, tanto que la palabra parece referirse solo a una técnica orientada específicamente al ejercicio del poder sobre otros seres humanos. En su acepción más negativa, la política es considerada opresiva y manipuladora, así como seductora y sustancialmente degradante. Concebida de modo instrumental como un medio para controlar al prójimo, la política se presenta como una fuerza intrínsecamente corruptora tanto para el político de profesión como para el ciudadano común. Por esta razón, es que la vocación por la política tiene pocos seguidores entre las personas con un mínimo de integridad moral. Tanto los conservadores como los progresistas tradicionales identifican a la política con el Estado –un mal necesario en el pensamiento liberal y socialista moderno- invocando su reducción y, en algunos casos, la abolición del “poder político”.
La supuesta diferencia que existe entre los viejos partidos convencionales es absolutamente marginal. Ni siquiera las formaciones autodenominadas, progresistas y de izquierda se muestran sustancialmente diferentes respecto de sus contrapartes capitalistas o neoliberales. El hecho de que este proceso político continúe a repetirse desde hace decenios sin variaciones sustanciales, es una prueba contundente de la inercia e indiferencia en que se encuentran los ciudadanos. En este contexto, todo discurso sobre una “nueva política” y sobre una ruptura con la tradición, pierde credibilidad. Para el imaginario colectivo moderno, la política proyecta un conjunto de técnicas orientadas a conservar el poder al interior de los cuerpos representativos, en específico en la arena legislativa y ejecutiva, y no una vocación ética basada en la racionalidad, la comunidad y la libertad.
Además, las ideologías sociales modernas tienden, de manera casi inconsciente, a fundir entre ellas a la política y al Estado, y frecuentemente incorporan en el mismo campo a la sociedad. A partir de la omnipresencia de la política en la vida privada de las personas, no existe distinción entre gobierno y sociedad, de manera análoga a como muchas personas son incapaces de distinguir entre Estado y política. La idea de que lo social, lo político y lo estatal no son sinónimos, sino que por el contrario, son arenas distintas con precisas líneas de demarcación, se encuentra muy distante de la mentalidad hegemónica en la sociedad. La superposición de la política con las actividades del Estado es asumida como un dato de hecho. Todo esto a pesar de que la hipótesis de un ámbito político como esfera autónoma tiene una larga trayectoria en la historia de las ideas. La política como fenómeno que se puede distinguir tanto del Estado como de la vida social aparece, por primera vez, en las doctrinas de Aristóteles.
Resulta necesario, entonces, romper con la vieja idea de la “participación decorativa”. Una nueva política ciudadana no se define por la eficiencia administrativa, sino por la capacidad para devolver poder, dignidad y voz a quienes históricamente han sido gobernados sin ser escuchados.