María del Sol Calvario Palma y Icoquih Arzu Flores Martínez / Conferencia Interamericana de Seguridad Social
Desde una perspectiva comparada, el sistema de pensiones en México ha mostrado avances relevantes en los últimos años, particularmente en su diseño institucional y en algunos de sus resultados. Esto se refleja en el Índice Global de Pensiones Mercer-CFA, que en 2024 elevó la calificación del país de una C (55.1 puntos) a una B (68.5 puntos). En su edición 2025, México mantiene esta evaluación con 69.3 puntos, ubicándose en niveles comparables a los de países europeos miembros de la OCDE, como Bélgica, Alemania o Irlanda.
Estos resultados sugieren que el sistema contributivo mexicano ha incorporado medidas que fortalecen su estructura y mejoran su desempeño técnico. Sin embargo, una lectura integral del sistema pensionario requiere mirar más allá de una sola calificación, incorporando indicadores específicos y otros ejercicios internacionales que permiten identificar tanto fortalezas como áreas de oportunidad.
En este sentido, el informe Pensions at a Glance 2025, publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ofrece elementos clave para el análisis comparado. Al contrastar a México con otros países de la región americana —Chile, Canadá y Estados Unidos, también incluidos en el índice Mercer-CFA— se observan diferencias que ayudan a dimensionar los retos estructurales que persisten. En términos generales, Chile presenta la evaluación más alta, seguido por Canadá, México y, finalmente, Estados Unidos.
Uno de los indicadores más relevantes para el bienestar económico en la vejez es la tasa de reemplazo, que mide el porcentaje del último ingreso laboral que se conserva como pensión. De acuerdo con datos de la OCDE, México destaca en el caso de las personas con ingresos bajos, con una tasa de reemplazo estimada de 121 %, lo que implica que la pensión puede incluso superar el último salario percibido. En contraste, esta proporción se ubica en 61.8 % en Chile, 50.5 % en Estados Unidos y 47.3 % en Canadá. Estos datos permiten reflexionar sobre el carácter redistributivo de los sistemas y sobre los distintos mecanismos que influyen en los resultados finales.
Otro eje central del análisis contemporáneo de los sistemas de pensiones es la brecha de género. Si bien esta brecha está estrechamente vinculada a las desigualdades del mercado laboral —como trayectorias laborales más discontinuas o una menor participación en empleos formales—, también responde a factores estructurales, entre ellos la organización social de los cuidados y el diseño de los propios sistemas pensionarios.
El informe de la OCDE muestra que, en el conjunto de sus países miembros, la brecha de género en pensiones se ha reducido de 28 % en 2007 a 23 % en 2024. Esta disminución no ha sido automática, sino que responde a la implementación de medidas compensatorias específicas, como diferencias en los años mínimos de cotización, edades de retiro diferenciadas, bonos por maternidad —en dinero o en tiempo cotizado— y otros mecanismos, como las pensiones financiadas mediante transferencias públicas o, en el caso de la Unión Europea, el uso obligatorio de tablas de mortalidad unisex.
Entre los países de la región americana analizados por Mercer-CFA y la OCDE, Chile destaca por haber adoptado un conjunto más amplio de estas medidas. Entre ellas se encuentran una edad legal de retiro para las mujeres de 60 años, cinco años menor que la de los hombres; la entrega de bonos por maternidad equivalentes a 18 cotizaciones sobre el salario mínimo, y la división de los saldos acumulados en las cuentas individuales de ahorro para el retiro en casos de divorcio o nulidad matrimonial. Estas experiencias ofrecen referencias útiles para el análisis comparado, siempre considerando las particularidades demográficas y económicas de cada país.
En conjunto, estos elementos muestran que el análisis comparado de los sistemas de pensiones no busca establecer jerarquías simples entre modelos “mejores” o “peores”, sino comprender cómo distintas sociedades han respondido a retos comunes. En el caso de México, los avances reflejados en indicadores internacionales y la ampliación de la cobertura mediante programas sociales dan cuenta de un progreso relevante, al tiempo que subrayan la necesidad de seguir fortaleciendo la sostenibilidad financiera, la equidad y la inclusión del sistema pensionario.
El reto hacia adelante no es emitir juicios sobre el pasado reciente, sino mantener un diálogo técnico y social informado, que permita aprovechar las experiencias comparadas para enriquecer el debate y orientar ajustes graduales que contribuyan a garantizar mejores condiciones de vida en la vejez.