Graciela Rock
Lo suyo es “sentido común”; lo tuyo es “ideología”. Así opera la hegemonía cuando la ultraderecha logra que su agenda parezca normalidad y cualquier alternativa suene a extremismo.
En política hay expresiones que funcionan como espada y como escudo. Una de ellas es “sentido común”. Se usa para cerrar discusiones antes de que empiecen, para presentar una idea como obvia, inevitable. “Es sentido común”, dicen, y lo que significa es: “no hay nada que debatir”. El problema es que, como advirtió Antonio Gramsci hace casi un siglo, lo que se llama sentido común rara vez es neutral: suele ser el resultado de una batalla cultural ganada. Eso es hegemonía.
Gramsci llamó hegemonía al dominio que se ejerce no imponiendo, sino convenciendo: el arte de dirigir a la sociedad a través de consensos, hábitos y creencias. En sus Cuadernos de la cárcel explicó que el poder no se sostiene únicamente por la fuerza, sino cuando logra que su visión del mundo parezca lógica y moralmente correcta. Cuando su ideología se disfraza de normalidad.
La derecha radical entendió ese mecanismo y se volvió experta en algo que la izquierda muchas veces ha subestimado: la pedagogía emocional. Mientras los discursos progresistas suelen apelar a la complejidad y al dato, la derecha radical trabaja con la emoción inmediata: miedo, resentimiento, nostalgia, orgullo herido.
Hoy la ultraderecha y el ultraconservadurismo han ganado la batalla de los significados. Han logrado que sus ideas circulen como obviedades, mientras que cualquier propuesta de justicia social, feminismo, derechos humanos o redistribución se etiqueta como “ideología”, “agenda”, “adoctrinamiento” o “extremismo”. La jugada se repite en el meme, en el noticiero y en la conversación cotidiana.
En un contexto de precariedad, violencia e incertidumbre, no ofrecen análisis ni soluciones: ofrecen explicaciones simples para problemas complejos. Y sobre todo ofrecen un enemigo: migrantes, feministas, movimientos sociales, “la corrección política”, “los progres”. Todo puede convertirse en amenaza. Y cuando se instala la idea de que estás siendo atacado, entonces cualquier respuesta dura, aunque sea autoritaria, se vuelve defendible.
En los últimos años, cualquier discusión sobre políticas de cuidados o derechos reproductivos es presentada como “adoctrinamiento”. Se repitió en redes y espacios mediáticos la idea de que el feminismo es “exageración” y que los derechos, como el de la vivienda, son “privilegios”. Lo importante no es si esas frases resisten un análisis serio, sino que se instalaron como fórmula rápida para descalificar, como si defender derechos fuera una provocación y no un piso mínimo democrático.
Lo más eficaz de esta hegemonía es su capacidad de invertir etiquetas. La derecha puede sostener posturas reaccionarias: negacionismo climático, discursos de odio, militarización de la vida pública, ataques directos a derechos, y aun así presentarse como moderada. La izquierda, en cambio, puede proponer medidas básicas de bienestar o justicia fiscal y ser acusada de “extremista”. Es una asimetría discursiva: unos se adjudican la razón, y a otros se les carga la sospecha.
Así, lo que se vende como “sentido común” es en realidad una ideología organizada: un proyecto de orden social que defiende jerarquías y privilegios, maquillado de lógica. La ultraderecha no dice “quiero conservar el poder económico”; dice “quiero que la gente de bien viva tranquila”. No dice “quiero limitar derechos”; dice “quiero proteger a los niños”. No dice “quiero mantener desigualdades”; dice “quiero premiar el esfuerzo”. Es hegemonía en estado puro: la moral como máscara.
En contraste, la izquierda ha sido empujada a una posición defensiva donde tiene que explicar su propia legitimidad. Se le exige demostrar que no es “radical”, que no es “extremista”, que no es “dictatorial”, que no quiere “imponer”. A la derecha, en cambio, se le tolera, e incluso se le aplaude, su pulsión autoritaria, su desprecio por la evidencia, su doble moral, su violencia simbólica; mientras que a la izquierda se le exige pureza.
Y aquí entra otra idea gramsciana: no hay disputa política sin disputa intelectual. El problema no es sólo electoral. Es narrativo. Es cultural. Es la capacidad de construir un sentido común alternativo. Y eso exige algo incómodo dentro de los espacios progresistas: dejar de hablar sólo para convencidos. Reconocer que la derecha radical no crece únicamente por la crisis económica o el desgaste institucional, sino porque construyó un relato capaz de explicar el mundo, aunque sea de forma manipulada. Con una eficacia que debería obligarnos a dejar de creer que basta con tener razón.
Por eso, frente al auge ultraconservador, la respuesta no puede ser sólo indignación ni sólo argumentación técnica. Hace falta algo más difícil: sentido crítico. La capacidad de reconocer que el “sentido común” también es un campo de batalla. Y que si no lo disputamos, lo que queda es la renuncia: renuncia a imaginar algo distinto, renuncia a pensar colectivamente, renuncia a cuestionar estructuras.
De ahí la urgencia de recuperar el sentido crítico como práctica ciudadana: para preguntar quién gana cuando una idea se presenta como obvia; para sospechar de los discursos que convierten derechos en amenazas; para resistir la tentación del enemigo fácil. Para entender que el “sentido común” no es patrimonio natural, sino una construcción política.
Ojalá para 2026 tengamos menos sentido común y más sentido crítico. Porque lo primero que hay que recuperar es el derecho a preguntarnos, sin miedo ni resignación, quién decidió que esto era normal.