ARMANDO REYES VIGUERAS.
La reforma electoral se discutirá y aprobará en el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso, según declaraciones recientes. Hasta ahora, el contenido del proyecto contempla la elección de consejeros mediante voto popular, la disminución del financiamiento público a los partidos, la reducción de posiciones plurinominales y una fiscalización en tiempo real para, en términos generales, abaratar los comicios.
La propuesta incluye reducir la estructura de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), sin desaparecerlos, para que operen junto a un Instituto Nacional Electoral (INE) también modificado, con menos presupuesto y un número reducido de consejeros.
Se trata de objetivos con los que cualquier fuerza política podría coincidir. Sin embargo, ya se han registrado intentos por desvirtuar la intención original de las iniciativas enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum. El primero ocurrió con la reforma para eliminar el nepotismo electoral y evitar que familiares directos sucedan a gobernantes. Aunque ciertos aspirantes planeaban ocupar los cargos de sus hijos o cónyuges a partir de 2027, la intervención de grupos interesados logró posponer la entrada en vigor de esta medida hasta 2030.
Otro caso se presentó con iniciativas que, bajo el pretexto de asegurar la equidad de género, pretendían obligar a los partidos a postular candidatos de un género distinto al del gobernante actual. Esta táctica se promovió en Hidalgo, San Luis Potosí y Nuevo León. El caso potosino fue el más revelador: se buscaba eludir la norma contra el nepotismo para beneficiar directamente a la esposa del gobernador en turno.
Aunque la presidenta Sheinbaum manifestó su inconformidad, la tensión interna en la alianza de Morena con el PT y el PVEM es evidente. Esta falta de consenso respecto a las medidas de control podría resquebrajar la coalición antes de los comicios de 2027.
El financiamiento público es otro punto de fricción, especialmente para los partidos que, sin ganar elecciones, mantienen nóminas abultadas. Estos institutos políticos han convertido lo electoral en un negocio lucrativo para los grupos que los controlan. De igual forma, eliminar el control sobre las candidaturas plurinominales afectará a esas mismas élites que suelen saltar de un cargo a otro sin la necesidad de someterse al voto popular en campaña.
La discusión apenas comienza. Será necesario conocer el primer borrador oficial para evaluar las medidas concretas y el alcance real de los cambios. Existe coincidencia en la necesidad de reducir costos y, parcialmente, en limitar las plurinominales; pero como el diablo está en los detalles, habrá que vigilar qué tan profunda será la cirugía al sistema político y cómo afectará la equidad en la competencia por los votos.
El Independiente MX