Instituto Mora / Víctor Manuel Rosiles Gómez*
Desde que Felipe Calderón la declaró en 2006, México vive una guerra ininterrumpida. Para quienes nacieron en este siglo, es prácticamente imposible recordar un solo día sin noticias de los desastres de la guerra; la violencia es un paisaje natural. Sin embargo, aunque la mayoría padecemos el conflicto, pocos reparamos en su dimensión más perversa: esta guerra, dilatada por dos décadas y que ha cobrado la vida de cientos de miles de personas es, ante todo, un lucrativo negocio privado.
Para comprender dicha aseveración es necesario desmontar el mito del Estado moderno y proporcionar un poco de contexto para dilucidar cómo se articula el gran negocio de la guerra en México, y, por ende, de la seguridad pública. Es decir, su privatización.
La teoría política liberal y el sentido común ciudadano advierte que el Estado moderno posee (supuestamente) el monopolio legítimo de la violencia para garantizar la seguridad pública, financiada con nuestros impuestos. Esa es la norma, el deber ser, pero la realidad devela un escenario mucho más complejo: la privatización de la guerra.
La privatización se entiende, entonces, como un fenómeno amplio en el que actividades económicas y políticas dirigidas e impulsadas, en un principio, por los Estados bajo empresas paraestatales e instituciones públicas –que no necesariamente buscaban el rédito económico– pasan a ser realizadas por empresas privadas. Tal y como ocurrió entre las décadas de los 80 y 90 con la eliminación de la mayoría de las 1,100 empresas paraestatales mexicanas hoy día concesionadas mayoritariamente a privados (Saxe-Fernández, 2002;2016).
Por lo cual este fenómeno no es nuevo. El esfuerzo privatizador emerge desde 1973 con la crisis mundial del petróleo (pues se reconocen los picos petroleros en suelo estadounidense y el mundo), y, el auge neoliberal en América Latina cuyo laboratorio fue el golpe de estado de Pinochet. Golpe auspiciado por el gobierno de Estados Unidos de América (EU) y sus aliados; lo que sería la antesala de otras dictaduras del periodo (Saxe-Fernández, 2002;2016). En México, el punto de inflexión fue en 1992, esto como requisito para la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994 con EU y Canadá (actual T-MEC 2025).
Bajo la lógica de una compra de Luisiana contemporánea (TLCAN), este proceso ha colocado a México más en la categoría de protectorado que de nación soberana. Pues, entre las negociaciones del acuerdo se impuso la homologación, la participación conjunta y capacitación de las fuerzas mexicanas por las estadounidenses. Todo esto a la vez que se privatizó el petróleo, el gas, los alimentos y se mercantilizó el agua. Provocando que el mercado exterior mexicano dependa en un 80 por ciento de EU.
Como señala el investigador John Saxe-Fernández la adhesión al bloque norteamericano no fue sólo comercial, sino la expresión del poder imperial y monopolista estadounidense que pretendía una integración subordinada y colonial de México “al perímetro de seguridad de EU”. Demostrando que el componente central de la seguridad nacional de EU es la necesidad de asegurar el acceso, control y usufructo de recursos naturales estratégicos (petróleo, gas natural, minerales, agua y biodiversidad). Asimismo, el contexto general en que se desarrolla todo esto es aquel donde la guerra y la seguridad se han convertido en verdaderos negocios.
A esto se suma la revolución de los asuntos bélicos en EU tras la derrota del bloque soviético entre 1989 y 1991. Cambio que consistió en una mayor integración de la industria militar pública y privada estadounidense, pero, sobre todo, dio entrada al sector financiero. Tal y como observamos en la tabla anterior, la iniciativa norteamericana de seguridad amparó sus estrategias en sus Corporaciones Militares Privadas (CMP). Dando como resultado la mayor participación al sector privado en asuntos antes considerados exclusivos del Estado como la guerra o la seguridad nacional para transformarse en un portafolio de inversión.
Ahora bien, dicho proceso privatizador cobra mayor énfasis después del 11 de septiembre de 2001, a partir de ahí, la guerra se financiarizó completamente con la creación de instrumentos de deuda pública y fondos de inversión que cotizan en bolsa. Entre los gigantes financieros que invierten en las CMP y poseen los títulos de deuda del Estado de EU encontramos a JP Morgan, Chase & Company, Franklin Resources, Wells Fargo & Company, Morgan Stanley, Goldman Sachs Group, Deutsche Bank, HSBC Bank, Banco de Montreal y Toronto-Dominion Bank entre otros (Josue García, 2023, p. 282).
En México, esta privatización de la defensa y la seguridad se expresa de manera indirecta a través de la dependencia económica y logística estructural. Según Raúl Ornelas (2023), si concebimos el sentido amplio y profundo de la privatización –desde quien fabrica los uniformes hasta el software usados por los militares y policías– encontramos que 68% del gasto efectivo de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) es captado por corporaciones privadas. La misma lógica impera en la policía mexicana y las instituciones de seguridad pública que también destina alrededor de 70% de su presupuesto a servicios privados.
Tanto las cámaras de seguridad pública de avanzada como las del C4, C5, como los software de espionaje a periodistas como es Pegasus, ambas son producidas por corporaciones militares y de seguridad, JOMTEL y Elbit System respectivamente. Además, es sabido que los sueldos de los agentes de calle suelen ser poco competitivos y muchos gastos cotidianos del servicio corren a cuenta de los oficiales.
Así, en 22 años el presupuesto militar se sextuplicó al incrementar de 38.3 mil millones de pesos (mmp) en 2000 a 253.2 mmp en 2022. Sin embargo, la seguridad no mejoró, pero sí las ganancias de los proveedores externos y privados como Boeing, Rafael o Raytheon. Al mismo tiempo, transitamos de unos cuantos cárteles dominantes a comienzos del siglo, a más de 150 grupos delictivos que han diversificado y financiarizado sus actividades comerciales en 2025. Incluso, estas corporaciones han profesionalizado el sicariato hasta convertirse en una verdadera industria que justifica, dialécticamente, la permanente securitización del Estado.
Entonces, el otro gran actor de esta trama son los cárteles de droga y el crimen organizado mexicanos, mejor dicho, las Corporaciones Criminales-Militares (CCM), las cuales, no son anomalías del sistema. Por el contrario, operan y existen como corporaciones multinacionales ilegales, pero con participación de entre 160,000 y 185,000 personas en México, convirtiendo al sector del crimen organizado en el quinto empleador del país (Barragán, 2025).
Aunque es más difícil demostrar la relaciones entre los mercados legales e ilegales, lo cierto es que empresas como Boeing, Lockheed Martin o alguna de las 300 empresas de seguridad israelíes que operan en México, siendo las más famosas NSO Group y Elbit System, sus ganancias se han disparado con los conflictos armados en México. La permisión de la participación conjunta de corporaciones e instituciones norteamericanas en la defensa y la seguridad bajo pretexto de combate al narcotráfico y al crimen organizado es algo que ayuda a comprender la razón por la que, a pesar de una guerra continua de 20 años, no existe ni una sola base militar estadounidense en México.
Vivimos, pues, atrapados en una doble tributación: financiamos con impuestos a un ejército que compra tecnología extranjera, y con extorsiones a grupos criminales que controlan el territorio. Ya pagamos por una seguridad privada, sea a una empresa transnacional o al jefe de plaza local. La guerra en México no es un fracaso del Estado, sino el éxito rotundo de un modelo de negocio. Mientras sigamos comprando la idea de que más presupuesto militar equivale a más seguridad estaremos cautivos de una industria que siembra cadáveres.
En síntesis, el esfuerzo privatizador se integra con la transformación de la violencia politizada de la guerra fría en la violencia interpersonal del crimen organizado y desorganizado dentro del macro contexto de la mercantilización de la seguridad y la guerra. Lo que esta reflexión demuestra es que el principal rasgo de la industria militar y de seguridad mexicana es su dependencia al mercado externo y privado (principalmente al estadounidense e israelí) para la provisión de armamento y servicios de seguridad (Ornelas, 2023).
Si la guerra en el siglo XXI es uno de los negocios más rentables y la violencia cotiza en bolsa, emergen un par de pregunta obligadas: ¿quiénes son los verdaderos accionistas de nuestro desastre?, y, ¿qué es, al final del día, el infame “cobro de piso” sino el impuesto que pagamos los mexicanos a una empresa privada porque el Estado concesionó su función de garante de la seguridad pública?
Bibliografía
Barragán, B. A. (2025). Masculinidad en contextos de violencia criminal organizada: abordar el no involucramiento delictivo. Estudios Sociologicos de El Colegio de México, 43, 1-23. doi:https://doi.org/10.24201/es.2025v43.e2815
Ornelas, R. (Ed.). (2023). Las corporaciones militares privadas y el gran negocio de la guerra. Ciudad de México: Akal Ediciones S.A.
Saxe-Fernández, J. (2002;2016). La compraventa de México : una interpretación histórica y estratégica de las relaciones México-Estados Unidos. México D.F., México: Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades.
* Víctor Manuel Rosiles Gómez es estudiante de la Maestría en Sociología Política del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Las áreas de investigación académica en las que se inscribe son, mecanismos de sobrevivencia y resistencias colectivas, violencias en América Latina, militarización y guerra en México e historia del desarrollo de América Latina.