César M. Gutiérrez Priego
La relación México–Estados Unidos siempre ha sido un termómetro político interno. Cada conversación de alto nivel, cada llamada entre mandatarios, se convierte en espejo: unos ven una oportunidad para cooperar sin ceder soberanía; otros, un campo para ajustar cuentas domésticas. Por eso, la llamada telefónica entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Donald Trump este 12 de enero es importante no solo por lo que se dijo sobre seguridad, drogas, comercio e inversiones, sino por la manera en que ciertos sectores en México reaccionan ante cualquier tensión con Washington.
De acuerdo con los reportes disponibles, la conversación entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump abordó el tema de la seguridad con respeto a la soberanía mexicana, disminución del tráfico de drogas y una agenda de comercio e inversión. Ese trípode no es nuevo, pero el contexto sí lo es. En los últimos años, la frontera ha dejado de ser solo un espacio económico para convertirse en un tablero de seguridad ampliada: migración, crimen organizado transnacional, armas que fluyen al sur, dinero que se lava en ambos lados, y drogas particularmente sintéticas que cambian la conversación pública estadounidense.
En ese marco, el primer punto relevante es el lenguaje de la soberanía. Cuando México insiste en cooperación “con respeto”, no es retórica hueca: es el recordatorio de una línea roja histórica. La cooperación binacional funciona cuando ambos asumen responsabilidades y costos. No funciona cuando una parte pretende trasladar la carga al vecino, o cuando la tentación de “resolver” desde fuera sustituye el fortalecimiento institucional dentro. México puede y debe coordinarse, compartir información, perseguir finanzas criminales, fortalecer aduanas y puertos, y actuar contra redes violentas. Pero hacerlo bajo el parámetro de la soberanía implica que la estrategia se defina en México y se ejecute por autoridades mexicanas, con mecanismos de cooperación transparentes y verificables, no con imposiciones.
El segundo punto es la disminución del tráfico de drogas. Aquí el debate suele nacer viciado: en Estados Unidos se habla de oferta; en México se exige que se hable también de demanda, salud pública y armas. Un enfoque serio obliga a mirar la cadena completa: precursores, producción, rutas, distribución, lavado, corrupción, y consumo. Si en la llamada se habló de resultados medibles [decomisos, reducción de homicidios, control portuario, cooperación aduanera, acciones financieras], lo importante no será la frase grandilocuente, sino el mecanismo: ¿habrá un esquema de metas compartidas? ¿Se perseguirá el dinero con la misma intensidad con que se persigue la mercancía? ¿Se abordará el flujo de armas hacia México con la misma firmeza con que se exige frenar drogas hacia el norte? Sin ese equilibrio, la conversación queda coja y, peor, se vuelve combustible electoral.
El tercer eje es el de comercio e inversiones, que suele quedar relegado cuando la seguridad acapara el micrófono. Pero para México, inversión y empleo son también política de seguridad: donde hay oportunidades legales, se reducen espacios de reclutamiento criminal. En la lógica del “nearshoring”, México tiene ventajas claras, pero también tareas pendientes: certeza regulatoria, energía suficiente y competitiva, infraestructura logística, Estado de derecho. Una conversación presidencial que conecte seguridad con inversión puede ser valiosa si reconoce una verdad simple: la estabilidad no se decreta, se construye con instituciones y desarrollo regional.
A esa llamada se suma el antecedente de la charla entre el secretario Marco Rubio y el canciller Juan Ramón de la Fuente, en la que se habría pedido mayor contundencia contra grupos calificados como “narcoterroristas”. Más allá de etiquetas, el fondo es político: en Washington, la palabra “terrorismo” cambia el tipo de presión, la narrativa mediática y las herramientas legales disponibles. En México, esa etiqueta enciende alarmas por razones obvias: puede convertirse en pretexto para extraterritorialidad, para acciones unilaterales o para justificar políticas internas estadounidenses con efectos colaterales del lado mexicano.
Aquí hay una discusión que México no puede evadir: la violencia criminal es inaceptable, y el Estado debe recuperar control territorial, debilitar capacidades armadas, y cortar financiamiento. Pero también hay otra discusión que Estados Unidos no debería simplificar: México no es un “espacio vacío” ni un Estado sin agencia; es un socio complejo con instituciones, tensiones internas y un mandato democrático. Si la cooperación se convierte en ultimátum, se erosiona la confianza; si se convierte en negación del problema, se erosiona la credibilidad. La salida sensata es la cooperación firme con límites claros: intercambio de inteligencia bajo reglas, operaciones nacionales con objetivos verificables, y corresponsabilidad real sobre armas y lavado.
Hasta aquí, el terreno de la política pública. Pero el punto más incómodo es el terreno de la política doméstica mexicana. Hay sectores opositores y voces mediáticas que, ante cualquier roce entre México y Estados Unidos, reaccionan como si el fracaso nacional fuera una estrategia útil para derrotar a un adversario. No es nuevo, pero sí es grave: celebrar que le vaya mal a México para que le vaya mal al gobierno es una forma de cinismo que empobrece la discusión democrática. Criticar al gobierno, a cualquier gobierno es legítimo, desear una crisis externa para acelerar un desenlace político interno, es otra cosa.
La conversación pública se envenena cuando se normaliza la idea de una “solución” importada, o cuando se juega con la fantasía de una intervención militar como castigo político. Aun si alguien detesta a la presidenta Sheinbaum o a la 4T, la premisa democrática básica debería sostenerse: los cambios de rumbo se disputan en las urnas, con instituciones, no apostándole a que un actor extranjero doblegue al país. Porque el costo de ese “triunfo” sería nacional: soberanía debilitada, inversión frenada, polarización multiplicada, y un precedente peligroso para el futuro.
El reto para el gobierno, por su parte, es no convertir toda crítica en traición. La mejor manera de desactivar narrativas intervencionistas es con resultados: reducción sostenida de violencia, golpes financieros a redes criminales, fortalecimiento de aduanas y puertos, coordinación con estados y municipios, protección a víctimas y periodistas, y un mensaje diplomático claro: México coopera, pero no se subordina.
Si la llamada del 12 de enero dejó algo sobre la mesa, es esto: la relación bilateral exige firmeza y madurez. Firmeza para defender soberanía sin caer en aislacionismo; madurez para asumir que el crimen organizado es una amenaza real y transnacional. En esa ecuación, lo peor que puede hacer México es dividirse entre quienes piden mano dura externa por odio interno, y quienes niegan la urgencia del problema por conveniencia política. La salida no está en el aplauso ajeno, sino en el fortalecimiento propio.