Existe el riesgo de que la credencialización del sistema de salud se quede en un buen deseo si no se acompaña de cambios estructurales que hagan viable lo que hoy se plantea como un derecho. La experiencia reciente muestra que los instrumentos administrativos, por sí solos, no corrigen fallas de diseño ni compensan déficits financieros y operativos acumulados durante años.
Luis Javier Cortés Adame
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que a partir de febrero iniciará un proceso de credencialización del sistema de salud, mediante el cual todas y todos los mexicanos contarán con una credencial que les permitirá identificar a qué clínica, centro de salud u hospital deben acudir. De acuerdo con lo señalado, esta credencial permitiría que la población se atienda en cualquier unidad del IMSS, del ISSSTE o del IMSS-Bienestar, sin importar su condición laboral, lo que en el discurso se presenta como un avance hacia la universalización del sistema de salud en México.
La intención es correcta. Reducir barreras administrativas y acercar los servicios a las personas es una condición necesaria para mejorar el acceso efectivo. Sin embargo, como ha ocurrido con otros anuncios en materia de salud durante esta y la pasada administración, existe el riesgo de que la credencial se quede en un buen deseo si no se acompaña de cambios estructurales que hagan viable lo que hoy se plantea como un derecho. La experiencia reciente muestra que los instrumentos administrativos, por sí solos, no corrigen fallas de diseño ni compensan déficits financieros y operativos acumulados durante años.
El primer obstáculo es que la fragmentación del sistema de salud no es solo legal, es también financiera. Para 2026, el gasto anual por derechohabiente del IMSS será de 10,074 pesos, en el ISSSTE ascenderá a 11,385 pesos, mientras que para un beneficiario del IMSS-Bienestar será de apenas 4,412 pesos. En la práctica, esto significa que la población con seguridad social recibe casi tres veces más recursos que aquella que no la tiene. Pretender que una credencial habilite el acceso indistinto a instituciones con niveles de financiamiento tan desiguales implica asumir que todas cuentan con la misma capacidad presupuestal, cuando claramente no es así. Sin un mecanismo explícito de compensación financiera que permita financiar el intercambio de servicios, la universalización se traduce en presión adicional sobre las instituciones más débiles o, simplemente, en negativas silenciosas a la atención.
El segundo reto es operativo y de contenido. Cada institución opera con un catálogo de cobertura distinto. IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar no garantizan el mismo conjunto de servicios, medicamentos ni tratamientos, lo que introduce desigualdades sustantivas en la atención. En este contexto, resulta legítimo preguntarse cómo avanzar hacia la universalización sin establecer antes un piso común de cobertura para todas las personas, independientemente de su condición laboral. Sin reglas homogéneas de referencia, contrarreferencia y facturación interinstitucional, y sin un paquete básico compartido, la credencial corre el riesgo de convertirse en un documento simbólico que no garantiza un derecho exigible.
El tercer punto es igualmente relevante: no se puede ampliar el acceso sin fortalecer la oferta en un contexto donde la inversión pública en salud se ha debilitado. En los últimos años, el gasto para el sector salud ha sido equivalente a 2.6 % del PIB, por debajo del 6 % recomendado y, en términos reales, la inversión en infraestructura, equipamiento y mantenimiento de unidades disminuyó 42 % entre 2018 y 2025. Esto ocurre justo cuando la demanda de servicios crece por el envejecimiento poblacional y el aumento de enfermedades crónicas. Ampliar derechos en el papel sin revertir esta tendencia implica saturar aún más una oferta ya limitada.
La credencial puede ser un punto de partida, pero no representa un rediseño de fondo. Si viene acompañada de financiamiento suficiente, un piso común de cobertura, reglas claras de intercambio y una estrategia sostenida de inversión en la oferta pública, puede marcar un avance real. Si no, será una promesa más que el sistema de salud actual no está en condiciones de cumplir.